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En los últimos cuarenta años en cuatro ocasiones (1983, 1998, 2017 y 2023), las lluvias que acompañan los eventos de El Niño han generado zozobra especialmente en el norte del país. Hoy, nuevamente nos cuestionamos sobre el por qué seguimos viendo los mismos daños y no se implementan las soluciones que se identificaron el siglo pasado. Esta pregunta es el centro de los debates e intercambio de opiniones formales e informales, comentarios en las redes sociales y entre los pobladores que se han visto afectados.

El gran culpable parece ser la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), creada justamente el año 2017 para implementar parte de las soluciones al problema. Si la ARCC no existiese, quién o quiénes serían los culpables de esta situación que obligó al Gobierno a declarar el estado de emergencia por impacto de daños: ¿las autoridades regionales y locales, por no cumplir sus funciones en materia de gestión del riesgo de desastres o planificación urbana?, ¿la población por construir sus viviendas en zonas inundables de las ciudades o en las márgenes de los ríos o en cauces de quebradas? Debemos recordar que el estado de emergencia busca facilitar la ejecución de medidas y acciones necesarias de respuesta y rehabilitación, es decir actuar frente a los daños producidos.

La pregunta a responder entonces es ¿cuál es el problema y cómo lo solucionamos? En términos generales podemos concluir que es un problema de planificación de las ciudades o centros poblados y su poca vinculación con un espacio territorial mayor que es la cuenca hidrográfica donde se ubican. La ciudad de Piura es un caso de estudio respecto a esta situación: (i) desde el año 1983 se inundan las mismas zonas porque el drenaje pluvial existente no funciona adecuadamente y además necesita ser ampliado, (ii) se autorizó la habilitación urbana por pedido de la población de una zona despoblada inundable donde llegaban hace 40 años las aguas residuales de la ciudad, (iii) las nuevas urbanizaciones se desarrollaron en zonas inundables con la promesa de las empresas constructoras de contar con sistemas de drenaje, (iv) muchos asentamientos humanos aun no cuentan con pistas ni veredas, con lo cual las lluvias generan charcos que terminan convirtiéndose en criaderos de zancudos, en una zona endémica de dengue desde el año 2001, y (iv) disminuir el riesgo de inundación por el río a su paso por las ciudades de Piura, Castilla y Catacaos implica acciones en la cuenca media (reservorios para disminuir la velocidad de la corriente) y baja (salida al mar) del río Piura.

La planificación de las ciudades y centros poblados enfrenta actualmente varios retos, y las autoridades y sus equipos técnicos deben estar preparados para ello. Uno de estos retos es la adaptación de las ciudades a periodos de lluvias intensas cada vez más recurrentes que incrementarán el riesgo a inundaciones y movimientos en masa (huaycos y deslizamientos). Sin embargo, no debemos olvidar que las ciudades también deben estar preparadas para el caso contrario: periodos de sequías, cómo las que se presentan en el sur andino con La Niña.

Contamos con políticas e instrumentos normativos que deberían evitar las situaciones que viven en este momento y especialmente las poblaciones en el norte peruano

En ambos casos, el principal servicio afectado son los servicios de saneamiento (agua potable y alcantarillado), y la planificación para atender la demanda futura del servicio debe realizarse bajo el enfoque de gestión de riesgos a desastres (Ley 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – SINAGERD), lo que implica considerar también los riesgos climáticos (Ley 30754, Ley Marco sobre Cambio Climático). Por ello, el Plan Nacional de Saneamiento 2022-2026[1] considera como base para la sostenibilidad de los servicios de saneamiento la gestión del riesgo a desastres y la gestión de la cuenca. Teniendo en cuenta que los servicios de saneamiento en las ciudades están a cargo de las EPS, sería bueno saber cuánto se avanzó y cuál es la brecha en términos de equipamiento y personal para implementar sus planes de contingencia y de respuesta. Regresando a Piura, resulta curioso que en los comunicados de la EPS Grau indiquen que la falta del servicio durante el periodo lluvioso 2023 es que la ciudad no cuenta con un adecuado sistema de drenaje pluvial.

Un segundo reto de la planificación en zonas urbanas es su vinculación con el territorio más allá de los límites de la ciudad, y en especial en aquellas que se ubican en las márgenes de ríos que incrementan su caudal en época de verano a causa de las lluvias en las partes medias y altas de la cuenca. Dado que en estas zonas se fue perdiendo la vegetación natural por causas humanas, no es posible para la naturaleza evitar el arrastre del suelo que se va depositando aguas abajo en los reservorios (disminuyendo su vida útil) o en el lecho del río (que necesita ser dragado), o afectar la calidad del agua que ingresa a las plantas de tratamiento de agua potable (incrementado los costos de producción), o que en otros casos genere movimientos en masa que afectan directamente la infraestructura en las ciudades. Estas zonas que perdieron vegetación necesitan ser restauradas para que la naturaleza continue brindando beneficios a las personas (conocidos como servicios ecosistémicos), en este caso asociados a la reducción del riesgo a desastres. Es bajo este concepto que desde el año 2018 en el Perú se puede destinar inversión pública a la “infraestructura natural”, la cual es definida como la red de espacios naturales que conservan los valores y funciones de los ecosistemas, proveyendo servicios ecosistémicos[2]. Un avance en relación con este tema y en el marco de las obras a financiar por la ARCC, fue la aprobación por parte del Ministerio del Ambiente de los lineamientos para la incorporación de criterios sobre infraestructura natural y gestión del riesgo en un contexto de cambio climático, en el marco de la reconstrucción con cambios (Decreto Supremo 017-2018-MINAM).

La relación desastres naturales, degradación ambiental y cambio climático es cada vez más evidente. La respuesta a cada uno de estos temas supone acciones que son comunes a los tres y que deben ser claramente identificadas e implementadas oportunamente. Contamos con políticas e instrumentos normativos que deberían evitar las situaciones que viven en este momento y especialmente las poblaciones en el norte peruano. Para ello las autoridades e instituciones públicas deberían estar preparadas técnica y financieramente, deberían incrementar sus capacidades de gestión y planificación urbana en escenarios de riesgo, y contar con especialistas en gestión del riesgo a desastres a tiempo completo. Por otro lado, la ARRC nos deja lecciones que no deberían repetirse con la “nueva” solución propuesta desde el Ejecutivo a través de la creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura. Una de estas lecciones es agilizar los procedimientos para la formulación e implementación de los expedientes técnicos de los proyectos de inversión para las obras de prevención.

Mientras que las lluvias se esperan con temor en las ciudades del norte peruano, los más felices son los bosques tropicales estacionalmente secos que reverdecen y que pueden recuperarse en algo de los efectos de la deforestación, pero esa es otra historia. Sólo nos queda esperar que a futuro nuestros hijos y nietos no recuerden como yo, el temor de mi abuela materna en 1983 recordando lo que vivió en 1925 en Macacará (La Huaca, Paita), y el de mi madre en 2017 recordando lo que vivió en 1972 (cuando se inundó el centro de la ciudad de Piura).

[1] Resolución Ministerial N° 399-2021-VIVIENDA

[2] Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.