Videovigilancia en protestas 2022-2023: rendición de cuentas en Perú

Escrito por Revista Ideele N°310. Julio-Agosto 2023.

¿Cómo el uso de las tecnologías de videovigilancia permite que la fuerza pública peruana rinda cuentas a la ciudadanía? Este ensayo examina la importancia de la rendición de cuentas en el fortalecimiento de la democracia y cómo las tecnologías de videovigilancia permiten que la fuerza pública peruana rinda cuentas a la ciudadanía. También se presenta una descripción crítica de las manifestaciones públicas en Perú, especialmente en las regiones de Andahuaylas, Ayacucho, Apurímac, Puno y Lima, y cómo, a pesar de las videograbaciones del actuar desmedido de la fuerza pública durante el estallido social, este no se detuvo. Además, se evidenció que la fuerza pública se sintió respaldada por el poder ejecutivo, legislativo e incluso por quienes persiguen y sancionan el delito. 

La rendición de cuentas es un principio fundamental de la democratización y una parte integral del proceso de gobierno responsable y transparente; ya que, ayuda a mantener la confianza entre los ciudadanos y las instituciones gubernamentales. Asimismo, esta se refiere a la obligación de los líderes elegidos y sus representantes de informar a los ciudadanos sobre sus decisiones y acciones para que más adelante puedan aceptar la responsabilidad por cada una de ellas. También, implica la necesidad de que los ciudadanos tengan la capacidad de exigir responsabilidades a las autoridades, por lo que ayuda a garantizar la transparencia, el buen gobierno y la lucha contra la corrupción. Por lo tanto, es importante que los ciudadanos participen y exijan la rendición de cuentas para garantizar una gobernanza responsable y transparente; pero, sobre todo, “desarrollar una democracia más participativa, más efectiva y funcional donde exista responsabilidad política real por parte de las personas elegidas para gobernar o legislar” (Emmerich, 2004, p.68).

Existen diferentes formas en que la ciudadanía puede exigir a sus representantes que les rindan cuentas, entre ellas están: la transparencia, que permite el acceso y comprensión de la información en la gestión pública, de esa forma se sabe cómo se están utilizando los recursos del Estado. De la misma forma, la participación ciudadana, que permite participar activamente en la toma de decisiones políticas, garantizando que las opiniones e intereses de la población sean tomadas en cuenta respecto a la planificación y ejecución de programas y políticas públicas. También, está la legitimidad, que es esencial para evaluar la efectividad de las políticas implementadas y decidir si los funcionarios públicos merecen la confianza para ser reelegidos. De la misma forma, la responsabilidad que establece un marco de obligación, para que los funcionarios públicos rindan cuentas por el uso de los recursos públicos y, por último, se encuentra la evaluación y mejora continua que permite identificar las fortalezas y debilidades de la gestión pública, lo que facilita la evaluación y la búsqueda de soluciones para mejorar el desempeño y los resultados. Cada una de estas formas de rendición de cuentas son un paso más para prevenir y combatir la corrupción y fortalecer un Estado democrático (Rose-Ackerman, 2005).

Sin embargo, acceder a alguna de las formas de rendición de cuentas no ha sido posible con la Policía Nacional de Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas (FA); ya que, se han negado a entregar información respecto a su actuación durante las protestas sucedidas en diciembre de 2022, enero y febrero de 2023. Estas instituciones se han justificado señalando que la información que se les requiere es reservada o confidencial (Amnistía Internacional, 2023). Es así como este ensayo tiene como propósito comprender la situación de la rendición de cuentas de la fuerza pública peruana luego del estallido social durante los meses de diciembre de 2022, enero y febrero de 2023. Dicho propósito ha generado que me plantee la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo el uso de las tecnologías de videovigilancia permite que la fuerza pública peruana rinda cuentas a la ciudadanía?, esta será respondida durante el desarrollo de la investigación.  

¿Es la videovigilancia una alternativa para la rendición de cuentas de la fuerza pública?

La videovigilancia se ha convertido en una herramienta fundamental para garantizar la seguridad ciudadana y, al mismo tiempo, proporcionar una mayor transparencia en las acciones de las fuerzas del orden. Esto debido a que las instituciones policiales son depositarias de una discrecionalidad inherente, ya que, son ellos quienes deciden cuándo, dónde y cómo castigar e incluso, como este monopolio de la fuerza o violencia debe ser utilizado. Debido a esta alta discrecionalidad “las instituciones policiales son organizaciones sumamente problemáticas en términos de los efectos sociales vinculados con su facultad para el ejercicio de la fuerza y la violencia” (Jasson y Jasson, 2020).

En contrapeso a esa alta discrecionalidad y abuso desmedido de poder, es que la videovigilancia se convierte en una manifestación de poder ciudadano que opera a través de la vigilancia constante y la mirada omnipresente del ojo que todo lo ve. La videovigilancia, al crear un estado de vigilancia continua, establece un sistema de control que condiciona el comportamiento y las acciones de los individuos, en este caso de la fuerza pública. Las cámaras de seguridad actúan como un dispositivo disciplinario, donde la mera posibilidad de ser observado influye en nuestra conducta, llevándonos a adoptar comportamientos que se ajusten a las normas sociales establecidas. Por lo que el poder ciudadano no solo se estaría ejerciendo mediante la represión y la coerción directa, sino también, a través de mecanismos de control y observación (Foucault, 2000).

Foucault (2000), también afirma que la videovigilancia al penetrar en diversos espacios, tanto públicos como privados, remodela nuestras percepciones de privacidad y seguridad, eso significa que los individuos se ven inmersos en un ambiente panóptico, en el cual saben que pueden ser observados en cualquier momento y en cualquier lugar. Esta conciencia constante de ser vigilados ejerce una influencia poderosa sobre nuestro comportamiento, generando un estado de conformidad (cuando no se tiene nada que ocultar) y autocontrol. Sin embargo, esta legitimación oculta las implicaciones más profundas de la tecnología en términos de la invasión de la privacidad y el aumento del control social. La vigilancia se presenta como una necesidad imperativa para mantener el orden y prevenir el delito, pero a menudo se pasa por alto el impacto en la autonomía y la libertad individual.

Mann, Nolan y Wellman (2003) al igual que Foucault manifiestan que la presencia generalizada de tecnologías de vigilancia tiene el potencial de afectar tanto la esfera pública como la privada. Si bien las cámaras de seguridad actúan como una forma de observación y disciplina, influenciando las acciones y el comportamiento de las personas en los espacios donde se encuentran, también pueden generar, una sensación de inseguridad y desconfianza, ya que la presencia constante de cámaras sugiere que todos somos potenciales sospechosos. Por lo que, con el mal uso de estas herramientas se puede alterar las relaciones de poder y control; dado que, se podría obtener información personal y circunstancial, así como generar un perfil determinado de cada individuo observado.

Por otro lado, Mateescu, Rosenblat y Boyd (2016) al referirse al impacto del uso de cámaras en la rendición de cuentas de la fuerza policial, afirman que se puede tener tanto efectos positivos como negativos en el control del comportamiento policial. Según ellos, con el primero, la presencia de cámaras puede aumentar la transparencia y la responsabilidad de los agentes de policía cuando saben que sus acciones están siendo registradas, por lo que es más probable que los policías se comporten de manera adecuada y respeten los derechos y la dignidad de los ciudadanos. De la misma forma, las grabaciones de video pueden servir como evidencia objetiva en casos de denuncias de abuso policial, lo que facilita la rendición de cuentas.

Con lo segundo, el empleo de las cámaras puede generar una falsa sensación de seguridad y confianza en la población, ya que, no garantizan que los abusos no ocurran; de la misma forma, las grabaciones pueden ser selectivas, malinterpretadas o editadas, lo que puede sesgar la percepción de un incidente y dificultar la evaluación imparcial de las acciones de los agentes involucrados (Mateescu, Rosenblat y Boyd, 2016).

Para Jasson y Jasson (2020) “las dificultades para la supervisión y el control del trabajo policial son reconocidas en todas partes del mundo” (p.127). Pero, mucho más en América Latina donde la corrupción e impunidad permea el quehacer policial. Es así como, la videovigilancia ciudadana se muestra como una alternativa para que las autoridades asuman su responsabilidad de rendir cuentas. Ejercer una vigilancia desde abajo ha generado un sentimiento de cohesión y solidaridad ciudadana, por esa razón, “periodistas o transeúntes que son testigos de los hechos, graban y comparten las imágenes como una forma de testimonio y protesta por lo que difunden el enojo y hartazgo social ante miles de personas” (Arteaga, 2018 citado por Jasson y Jasson, 2020, p. 128).

Castell (2006) manifiesta que esta vigilancia desde abajo es la capacidad y poder de los ciudadanos comunes para resistir, desafiar y subvertir las formas tradicionales de vigilancia ejercidas por las instituciones de poder a través de la tecnología digital, que ha democratizado la producción y distribución de información, permitiendo que los individuos accedan, generen y compartan datos a gran escala. Esto ha dado lugar a una cultura de la autopresentación en la que las personas ejercen vigilancia sobre sí mismas y los demás, ya sea de manera consciente o inconsciente.

Es así como, estas redes digitales no solo han transformado la forma en que nos relacionamos y comunicamos; sino que, también, han alterado la dinámica de poder en la sociedad. En este contexto, la vigilancia desde abajo surge como una forma de resistencia a la vigilancia ejercida por los actores dominantes. Por otro lado, esta capacidad puede llevar a formas de vigilancia masiva y control social (Castell, 2010).

En la misma línea que Castell, Saskia Sassen (2004) afirma que la ciudadanía ha podido responder y contrarrestar a las formas de vigilancia ejercida por actores poderosos, como el Estado y las corporaciones a través de prácticas de resistencia y acciones colectivas. Asimismo, estas transformaciones han sido posibles en las ciudades y en la era de la globalización, que han dado lugar a nuevas formas de vigilancia. En la obra Expulsiones: Brutalidad y complejidad en la economía global, Sassen (2016) argumenta que la vigilancia desde abajo es esencial para contrarrestar las dinámicas de exclusión y desigualdad presentes en la economía globalizada. De esa forma, las comunidades marginadas y los movimientos sociales a menudo utilizan tácticas de vigilancia desde abajo para visibilizar y resistir las violaciones de derechos humanos y las injusticias económicas; y, tienen como respaldo el uso de tecnologías digitales para documentar y difundir pruebas de abusos o para organizar movilizaciones y protestas. Un ejemplo de ello sucedió con la protesta de los ocupy #occupywallstreet, #ows, convocado por el grupo hackactivista Anonymus, quienes convocaron a salir a marchar y protestar contra las acciones del gobierno norteamericano frente a la crisis económica sucedido en el 2008. La respuesta fue inmediata y masiva, la población estadounidense empezó a difundir dicho pedido por diversas plataformas de las redes sociales.

En el caso peruano, la convocatoria a las protestas que iniciaron el 07 de diciembre de 2022 se hizo a través de las redes sociales. Allí, se realizaron pedidos de protesta contra el régimen autoritario que se construía entre el Legislativo y Ejecutivo, por lo que los hashtag #DinaRenunciaYa, #QueSeVayanTodos, #Elecciones2023 se volvieron bastante comunes.

Las causas del estallido

Con la detención y destitución de Pedro Castillo como presidente de la República, tras un intento de autogolpe de Estado el pasado 7 de diciembre, el Congreso de la República inmediatamente hizo juramentar a la sucesora de Castillo, la vicepresidenta, la señora Dina Boluarte. Ella aseguró que se quedarían gobernando hasta el año 2026, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, argumentando que les correspondía legalmente. Sin embargo, muchos peruanos-as no estuvieron de acuerdo con dicho discurso y exigieron la convocatoria a nuevas elecciones generales. Consideraban que tanto el legislativo como el ejecutivo tenían una baja legitimidad y poca eficiencia para resolver los problemas del país, por lo que demandaban que todos los gobernantes se fueran de forma inmediata. Mientras que una minoría de la ciudadanía consideró que esos dos poderes debían continuar gobernando, a pesar de que anteriormente habían manifestado que el gobierno de Pedro Castillo era ilegal debido a un supuesto fraude electoral en 2021. Curiosamente, cuando Dina Boluarte asumió la presidencia, cambiaron su posición y la respaldaron para que permaneciera en el cargo hasta que termine su mandato. No obstante, el gobierno de la presidenta Dina Boluarte no pudo subsanar la polarización política y generó una mayor crisis de gobernabilidad. Se le acusó de cometer una serie de arbitrariedades y violaciones a los derechos humanos, con cientos de personas heridas entre la sociedad civil, miembros de la PNP y fuerzas armadas, y 49 personas muertas durante operaciones militares y policiales en diciembre de 2022, enero y febrero de 2023. De estas muertes, seis eran menores de edad, y 25 se han configurado como ejecuciones extrajudiciales según informó Amnistía Internacional en 2023.

En el gobierno de la señora Boluarte, se registraron graves violaciones a los derechos humanos en Andahuaylas, Chincheros, Ayacucho y Juliaca, donde la PNP y FA utilizaron armas letales y menos letales sin respetar los protocolos internacionales de DDHH. Además, el 21 de enero, la fuerza pública intervino violentamente la UNMSM, donde estudiantes y manifestantes de distintas regiones buscaban refugio y comida durante las protestas. Aunque inicialmente se solicitó permiso para alojarlos en el campus, fue negado, lo que llevó a la población estudiantil a tomar la universidad para proteger sus derechos de protesta. La intervención fue autorizada por la Rectora Jerí Ramón, quien luego denunció no haber pedido tal acción y desconocer el uso de armas y tanquetas por parte de la policía.

Un caso similar ocurrió en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), cuando cientos de policías y tanquetas amenazaron con intervenir, pero el rector Alfonso López Chau y los centros de estudiantes no lo permitieron. La ciudadanía conoció los abusos y violaciones a los DDHH gracias a las grabaciones directas de los mismos, de la prensa independiente y extranjera, y las cámaras de los comercios y municipios. Este colectivo ciudadano reclama respuestas sobre los abusos y violaciones a los DDHH, encontrar a los responsables de los disparos y también, respecto a quiénes tomaron las decisiones que avalaron el uso desmedido de la fuerza.

¿El uso de las herramientas de videovigilancia sirvió para frenar la fuerza pública?

Las protestas ciudadanas en su mayoría fueron pacíficas y masivas. Las mayores concentraciones se dieron en cinco regiones del país: Lima, Ayacucho, Puno, Andahuaylas y Apurímac. Estas fueron convocadas por sindicatos, campesinos, estudiantes, grupos de izquierda, entre otras. El uso de las herramientas de videovigilancia fue usado en todas las marchas y protestas en contra del régimen de la señora Dina Boluarte y del congreso; y, fueron empleadas por ciudadanos que estaban dentro y fuera de las protestas, por organismos nacionales e internacionales, prensa nacional y extranjera, entre otros. Por otro lado, desde el primer día y de forma generalizada la PNP y las FA recurrieron al uso ilegítimo de la fuerza, a través de dos modalidades: la letal y la menos letal. En el primero, se pudo registrar en diversos videos como las “fuerzas del orden” hacían uso de su armamento entre ellas armas letales como balas y armas prohibidas para actuar en estos casos; en el segundo, bombas lacrimógenas y perdigones que se usaron de forma indiscriminada, que al final también mostraron su letalidad por el uso abusivo y falto de control de estos. También, se pudieron registrar helicópteros esparciendo gas lacrimógeno y, que, con la ayuda del viento estos gases se esparcían por toda la ciudad. Asimismo, los perdigones fueron disparados de cerca y directo a la cabeza de los ciudadanos, así como en la parte superior del cuerpo. A pesar de que, la reglamentación obliga a que dichas armas se empleen solo en caso de última necesidad, es decir, cuando se hayan agotado el uso de los otros recursos; y, en caso de usarlo, este solo debe ser disparado en la parte inferior de la persona.

Es conveniente mencionar, que las masacres sucedieron en cuatro de las cinco regiones mencionadas, menos en Lima (1 muerto). Esta es otra forma de demostrar que el racismo y la discriminación de la fuerza pública hacia estas regiones, sigue siendo una opción. La primera víctima mortal se registró el 11 de diciembre, la población, así como las autoridades pudieron ver a través de las diversas videograbaciones (publicadas en las redes sociales y diversas páginas web internacionales, así como medios nacionales independientes), como fue el accionar de la PNP y del Ejército Peruano, más luego de este acontecimiento su actuación no cesó, sino, solo hasta el 9 de febrero con la última víctima mortal.

El actuar nefasto de los funcionarios no se detuvo, sino que se volvió más agresivo, lo que demostraba que se sentían respaldados por sus superiores. La presidenta de la República y el premier Otárola calificaron a los manifestantes como terroristas o radicales. El Legislativo no interpeló a los ministros ni pidió rendición de cuentas a los altos mandos policiales y militares. Organismos internacionales como la CIDH, Amnistía Internacional y la Misión de la ONU denunciaron la violencia desmedida en las cuatro regiones y solicitaron un alto a la violencia policial y de las Fuerzas Armadas.

Tanto en Legislativo como el Ejecutivo, señalaron que la policía y las Fuerzas Armadas estaban actuando de forma correcta y protegiendo a la ciudadanía de los “revoltosos y terroristas” que querían desestabilizar el país.

Otro motivo por el cual no ceso el uso indiscriminado de la PNP y las Fuerzas Armadas es que, en el Perú existe el Decreto Legislativo (D.L.) N.º 1186-2015 encargado de regular el uso de la Fuerza por parte de la PNP; y, en el año 2016 se aprobó su reglamento. Dicha normativa establece que la actuación policial se rija bajo los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, así como la forma en cómo debe usarse un arma de fuego. No obstante, en el año 2020, el Legislativo aprobó la Ley de Protección policial N° 31012, allí se elimina el literal c) del artículo 4º del D.L. 1186-2015 que trata sobre el principio de proporcionalidad que lo definía como “el uso de la fuerza es proporcional cuando el nivel de fuerza empleado para alcanzar el objetivo legal buscado corresponde a la resistencia ofrecida y al peligro representado por la persona a intervenir o la situación a controlar”. Además, ahora esta ley impide que un juez detenga de forma preliminar a la PNP y a la FA por haber usado de forma desmedida su arma de fuego u otro medio de supuesta defensa. Por lo que, establece presunción de licitud en todo su actuar. Pese a que esta norma trasgrede los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza pública en situaciones de protestas y manifestaciones civiles, el congreso sigue respaldando dicha normativa; e incluso, instituciones civiles, medios de comunicación con alta concentración del país, grupos de extrema derecha han avalado que los policías continúen con dicha impunidad.

En la investigación de Amnistía Internacional publicada el 25 de mayo de 2023, los policías entrevistados (de forma anónima) señalaban que tenían carta abierta para disparar a los manifestantes, ya que sentían que la ley les respaldaba. Incluso, uno de ellos manifestó que sí uno de los manifestantes le tiraba una piedra, este podía dispararle; ya que, la ley le amparaba y, esto porque, el principio de proporcionalidad ya no es un requisito que se debe respetar.

Otra razón del no cese de la violencia policial y de las fuerzas armadas se puede entender porque el país ya no vive una democracia como tal, pues incluso, una revista internacional como The Economist se atrevió a señalar que, en el Perú se vive una democracia híbrida (democracia y autoritarismo). Creo que yo no sería tan amable como dicha famosa revista, y señalaría de forma tajante que en el país ya se vive un autoritarismo; y, esto se puede evidenciar con los entuertos entre el legislativo y ejecutivo, así como la repartija de organismos autónomos tales como: El tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, La Fiscalía, etc. Asimismo, de manera abierta han señalado que buscan cambiar las formas de elección del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

En sociedad que se consideran democráticas, con todas las evidencias de violaciones a los DDHH que fueron ventiladas públicamente en Perú, muchas autoridades ya hubiesen renunciado o los hubiesen sacado del cargo de forma inmediata, también, se les hubiese exigido que rindan cuentas, de la misma forma que, se les exigía que señalen a todos los implicados en dichos abusos. En Estados Unidos de América, por ejemplo, dos policial fueron separados por cometer abuso policial en protestas realizadas por universitarios de las casas de estudio de las universidades de Spelman y Morehouse luego de que se hiciese público su actuar. En el caso de George Floyd, donde se cometió abuso policial, la población pidió la prisión para la policía y esto se concretó. Por lo tanto, queda claro que a pesar de toda la evidencia que se hizo pública a través de las diferentes plataformas de comunicación nacionales y extranjeras, la violencia hacia la ciudadanía que salió a las calles a protestar no se detuvo, sino, solo cuando esta dejó de marchar para llorar a sus muertos y cuidar a sus heridos. Nos queda claro, que lo que se vivió en el país es propia de una cultura que tiene nulo respeto por los derechos humanos; pero, más, contra una población que se autoidentifica como indígena, ya que “concentró el 80% del total de muertes registradas desde que comenzó la crisis” (Amnistía Internacional, 2023, p.3).

Conclusiones

La rendición de cuentas en un estado democrático es un concepto que busca que las personas que estén ocupando un cargo público asuman la responsabilidad e informen sobre sus acciones y decisiones a los ciudadanos y otros actores relevantes. En términos generales, la rendición de cuentas tiene como objetivo promover la transparencia, la responsabilidad y la confianza en la gestión pública y privada; asimismo, sirve para fortalecer la participación ciudadana y el control social (Jordana y Sancho, 2010).

A pesar que, en los últimos meses en el Perú se ha vivido una vigilancia desde abajo con más intensidad a través del control de la actividad estatal, tales como: la observación ciudadana, la denuncia pública, la documentación audiovisual y otros mecanismos que estuvieron a su alcance y permitieron visibilizar los abusos y las violaciones a los derechos humanos cometidos por la fuerza pública; esta no logró su cometido, que fue detener la masacre indiscriminada por parte de la PNP y las fuerzas del orden, y menos aún, que la presidenta actual renuncie al cargo y, por ello, lograr que se convoquen a nuevas elecciones generales.

Al inicio del ensayo me planteé la siguiente pregunta: ¿Cómo el uso de las tecnologías de videovigilancia permite que la fuerza pública peruana rinda cuentas a la ciudadanía?, si bien se pudo responder en el desarrollo de la investigación, solo queda señalar que las herramientas de videovigilancia no han logrado que la Policía y las Fuerzas Armadas peruanas respeten los estándares internacionales sobre uso de la fuerza durante la situación de descontento de la ciudadanía y, tampoco, se logró que rindan cuentas. Además de que el ministerio Público y el Poder Judicial tampoco les han exigido que rindan cuentas a la ciudadanía, más bien siguen sin actuar con la celeridad que se espera frente a estos actos de violación de DDHH, a pesar de que, el país se cubrió de sangre durante varios meses. En suma, puedo afirmar que en el Perú las instituciones que toman las riendas del país, ya no están interesados en construir una sociedad democrática, sino solo, buscan cuidar sus propios intereses aún a costa de la propia dignidad ciudadana, por lo que nos encontramos frente al nacimiento de un estado autoritario y, que la única forma de salir de esta situación es con nuevas elecciones generales, con reformas de los partidos políticos, reformas policiales y militares, de lo contrario seguiremos hacia el mismo rumbo, guillotinado la democracia.  

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Sobre el autor o autora

Elba Acevedo Rojas
Abogada y Licenciada en educación, Magister en Derecho (PUCP), Magister en Educación (UDEP). Candidata a Doctora en Gobierno y Políticas Públicas (UNI). Defensora y Promotora de DDHH, autora del Libro: "Hostigamiento sexual universitario: el espectador como agente de cambio" y del libro: "Políticas Públicas para el derecho a una vida libre de violencia sexual".

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