Escrito por George Matienzo Revista Ideele N°310 Julio-Agosto 2023

Luego de una jornada laboral en el kiosko del colegio Almirante Miguel Grau, donde también estudian sus dos hijos (10 y 5 años), Gabriela* (26 años) se dirigía al paradero para tomar el transporte público que la llevaría a casa. Sin embargo, una moto pasó por su lado y el conductor le arranchó la cartera. Se quedó impactada por el suceso, pero le daba gracias a Dios porque no sufrió ningún daño físico. De lo que sí se lamentaba era de la pérdida de su cédula, su documento de identidad venezolano, el cual lo había comenzado a llevar en la cartera debido a los trámites que hace continuamente en la oficina de Migraciones para recibir su permiso temporal de permanencia (PTP) en el Perú y así acceder a una mejor oportunidad laboral.

Me robaron por Santa Julia: salía de mi trabajo, pasó un chico en una moto roja y me arrancaron mi cartera y se fueron. Menos mal que no me pasó nada. Fue como a las 5:30 o 6 y ya iba a agarrar moto como a tres cuadras y ahí me han arranchado mi cartera. Lo que tenía más valor es mi cédula, por eso tuve que ir a la comisaría de San Martín y poner la denuncia porque justo estoy en los trámites del PTP. Mi cita es para el 7 de agosto y me roban la cartera dos semanas atrás. Solo me ha quedado una fotocopia de mi cédula.

Gabriela se sentía segura en Piura a pesar de que había escuchado en varias ocasiones de los robos al paso en el asentamiento humano Santa Julia, pero la rutina y la confianza la llevaron a disminuir su sentido de alerta. La pérdida de su cédula no solo atenta contra el proceso de su trámite para obtener la PTP, además ha perdido en este mes la oportunidad de recibir ayuda solidaria por parte de algunas organizaciones que apoyan a los migrantes siempre y cuando presenten su cédula original.

Si bien experiencias como la de Gabriela son pan de cada día en nuestro país, suele identificarse en la posición de víctima a los peruanos y de victimarios para los venezolanos. Esta falsa dicotomía entre el bueno y el malo, la persona con valores y la otra inescrupulosa, suele ser dibujada diariamente en los medios de comunicación amarillistas a través de reportajes y artículos que buscan rating y algún chivo expiatorio a quien apuntar cuando se buscan culpables. Si bien toda gran migración viene acompañada de cosas buenas y malas, es muy dañino para la integración social que se estigmatice de esta manera a una población que se encuentra en condiciones desfavorables, colocándolos en el banquillo de la sospecha permanente. Cabe decir que esta población tampoco está exenta de ser víctimas de delincuentes, por el contrario, resultan más indefensa ante la situación de desarraigo y menos garantías institucionales que puede tener cualquier ciudadano peruano.

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Carmen es una mujer de 47 años que también fue a vivir Piura con sus dos hijos a dar el encuentro a su esposo que había llegado unos meses antes. Comenzó a trabajar en la calle vendiendo queque y chicha durante tres meses, pero era un trabajo muy duro. Su madre le había enseñado que no solo debía depender de su profesión de ingeniera industrial, sino también debería tener un oficio, porque en la vida no está garantizado nada. Debido a sus conocimientos estéticos, trabajó como peluquera, pero renunció porque no tenía el tiempo suficiente para cuidar de su familia. Luego se compró una lavadora y emprendió un negocio desde casa.

Aparte de mi profesión de ingeniería industrial, yo aprendí un oficio. Mi madre siempre me decía que debería ser una guerrera y yo aprendí la peluquería. Trabajé cuatro meses de peluquera, pero renuncié porque mi prioridad siempre han sido mis hijos. Me independicé, me compré una lavadora y ahí surgió la idea de la lavandería.

Hace unos meses, Carmen recibió una llamada telefónica de un número desconocido que la dejó en vilo durante varios meses. Le pedían dinero a cambio de no hacer daño a su familia, a sus hijos, a las personas a quienes ama y por las que tanto se ha esforzado durante muchos años. Después de esta llamada, se enteró de que no era la única a quien estaban extorsionando. También otros compatriotas que viven en Piura y ofrecen el servicio de lavandería habían sido contactados con el mismo objetivo: dinero a cambio de salvar la vida de su familia.

No solamente fue a mí, también llamaron a otros compatriotas que tienen lavandería. Nos llamaron a todos los que tenemos lavandería, al parecer tomaron nuestros números del Facebook. Me pidieron dinero y que lo depositara en una cuenta, que no me pusiera bruta, que yo tenía familia, que yo tenía hijos. Que si no accedía al pago, ya sabía que me iban a llenar la cabeza de plomo.

Después de colgar el teléfono, se dirigió a la DININCRI para presentar una denuncia, pero no se quedaría tranquila porque el temor de que algo le sucediera a sus hijos la tenía tensa. Tomó medidas de prevención: dio aviso al colegio sobre lo que estaba sucediendo para que tuvieran más cuidado con sus hijos y ya no los dejaba salir a la calle a ninguna hora del día. La sensación de miedo y perder a su familia se adueñó de sus pensamientos durante varios meses.

Si bien los medios de comunicación eligen a los protagonistas de sus reportajes, los delincuentes no distinguen banderas para atacar. La extorsión en sectores económicos medios y bajos se ha vuelto más común y los delincuentes buscan víctimas que sean más vulnerables a las amenazas y la manipulación. Estas características las cumplen muchos migrantes como Carmen, quien, a pesar de acudir a la comisaría, no recibió ningún otro consejo además de no contestar llamadas de números extraños. Desde entonces, se limita a tomar clientes en su lavandería solo por recomendación y prefiere que su negocio crezca de esa manera para no exponer a sus seres queridos.

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Como hemos visto en las experiencias de victimización de dos mujeres de nacionalidad venezolana, el crimen no distingue banderas y la vulnerabilidad social puede hacer que personas sin oportunidades de empleo formal y con menor acceso a recursos materiales puedan ser doblemente victimizadas cuando se convierten en objetivos de criminales. Esta situación contrasta con la imagen proyectada por los medios de comunicación y el imaginario social imperante de que los migrantes del país norteño son una población peligrosa que perturba la seguridad. De hecho, se cree que los migrantes componen la mayor capa delictiva del país. Según estadísticas del INPE (2022), solo un 2.8 % de personas privadas de libertad son venezolanos, cuando representan el 4.5 % de la población total en el Perú. Es decir, el índice de personas venezolanas en las cárceles es menor que el que encontramos en las calles y más bien se encuentra sobrerrepresentado en el imaginario social como delictivo.

Diversas investigaciones indican que los medios de comunicación o información secundaria influyen de manera considerable y negativa en la percepción de los peruanos en relación con la población migrante, pero que esta mejora sustancialmente cuando se genera contacto directo, es decir, cuando se tiene la experiencia de conocer personalmente a un venezolano. Es en el contacto directo donde se rompen los estigmas y se cae esta imagen que homogeniza a una población tan grande, que por sí misma es muy heterogénea en costumbres, valores y tradiciones.

Urge cambiar no solo el enfoque sobre cómo se estigmatiza al migrante venezolano como delincuente, sino también pensar en el propio migrante como víctima de la delincuencia. Es decir, que las personas que viven en el Perú, sin importar su nacionalidad ni bandera de origen, también están expuestas a problemas de inseguridad, como a cualquier otro tipo de problema social que aqueja a nuestro país. Y hacia allí debemos apuntar los reflectores para dejar de pensar en los chivos expiatorios de siempre.

* Los nombres que se utilizan son seudónimos para encubrir la identidad de las personas que dieron testimonio debido al temor de que sufran represalias por contar sus experiencias.