Escrito por Glatzer Tuesta Altamirano Revista Ideele N°310 Julio-Agosto 2023

La situación de vulnerabilidad de migrantes y refugiados venezolanos termina siendo el mayor condicionante para que no puedan acceder a servicios básicos en nuestro país, como salud, educación, justicia, entre otros, los cuales debería brindar en último caso el Estado peruano. Frente a esto, la ONG WeWorld —en el marco del proyecto “Del desplazamiento a la integración: construyendo comunidades productivas y protectoras”— viene implementando una interesante ruta de protección que permite detectar estos casos, derivarlos a las instituciones pertinentes y hacerles seguimiento sobre cómo se van desarrollando, y si cumplen con el objetivo de brindar servicios, atención y protección a las personas venezolanas.

En esta situación, Glatzer Tuesta (conductor de Ideeleradio) entrevista a la abogada Rosa Aguirre Timaná, articuladora especialista de WeWorld, quien comenta cuál es la situación de migrantes y refugiados venezolanos en el norte del país frente a un delicado contexto de crisis sanitaria. Además, ella se encarga de implementar el Enfoque de Protección Individual (IPA, por sus siglas en inglés), una novedosa metodología que busca detectar casos de vulnerabilidad y derivarlos a servicios de atención y protección por parte del Estado peruano u organismos aliados.

¿Cuál es la situación de la población migrante y los refugiados venezolanos, en el norte y en Piura, donde sabemos el drama que han vivido los peruanos, peruanas y migrantes también, con los embates de la crisis climática por lo del ciclón Yaku y el problema del dengue? ¿Cómo está afectando a las comunidades de migrantes en esa zona del país?

En realidad, tenemos una crisis en el norte. Digo crisis porque, aparte de la emergencia, no se están tomando muchas medidas de seguridad. Muchos de los migrantes están contagiados y no tienen acceso al SIS (Seguro Integral de Salud), están indocumentados. El domingo pasado hemos tenido una feria y en las entrevistas que he logrado realizar, a raíz la labor que estoy haciendo para WeWorld, muchos de ellos no tienen documentos, están indocumentados. Al encontrarse en esta situación, no tienen acceso al SIS. Hay mucha problemática de salud, por lo que ellos puedan acceder. Lo que se ha hecho en la región es fumigar las viviendas más de tres veces, para de esa manera evitar que se propague el zancudo. Pero no basta, no es suficiente. Ahora parecería que fuera como en el tiempo del COVID: si se contagia uno del dengue, no basta con que le pique el zancudo, sino que se evidencien los síntomas, y la mayoría de la gente está así, con el mal encima. Se espera que a raíz de los decretos de emergencia que están sacando, Piura reciba más ayuda, porque no hay camas, no se abastecen los hospitales para atender más gente.

La crisis está afectando de manera desproporcionada a un grupo específico de migrantes que no poseen documentos. Esto los deja sin acceso a la atención médica, a pesar de que ya hay una escasez de atención debido a la alta cantidad de casos en general. ¿Qué consecuencias prácticas tiene esto para ellos?

Justo es ahí donde nosotros entramos a tallar. La gente que tiene estas carencias en salud y no tiene documentación simplemente no es atendida y puede morirse. Tenemos un caso que lo he detectado: un niño necesita operarse, tiene una hernia. En qué consiste este sistema de protección individual, que se llama IPA y nosotros aplicamos. De que nosotros en WeWorld, cuando los migrantes desconocen las instituciones que trabajan temas de protección —como lo son el Ministerio de la Mujer, la Fiscalía, la Policía, instituciones competentes que tienen que atender casos no solamente de violencia, sino de riesgo, de salud, etc.— entrevistamos a la persona afectada y la derivamos. Es decir, derivamos a la institución competente para que esta persona, así sea indocumentada (migrante o peruano) y no tenga DNI —que a veces es un requisito indispensable para acceder al servicio— pueda atenderse. Nosotros hacemos un seguimiento: va dirigido a la institución el documento para que esta persona pueda ser atendida, ya sea en salud, por el Ministerio de la Mujer, la Policía, el Ministerio Público o alguna institución competente. Porque como los migrantes desconocen cuál es la ruta de atención para un procedimiento, ya sea por violencia o por situación de riesgo de salud, es ahí donde nosotros entramos a tallar, a explicar el seguimiento, para que puedan acceder al servicio. Por ejemplo, en el sector educación hay mucho de los chicos, como vienen de Venezuela, que no acceden a matriculas y al servicio educativo. No estudian todo el año. Entonces WeWorld entrevista a los padres o a los niños (con el permiso del papá). Nosotros recepcionamos el caso y derivamos para poder buscarle alguna acción y pueda tener el servicio de educación; eso es lo que se logra. Y cuando nos refieren, por ejemplo, que ese niño ha desertado, se debe conversar con la institución educativa; o se deriva a otra institución educativa para que ese niño pueda acceder al servicio. De esta manera, estamos restituyendo algunos derechos. La idea es que algunas personas puedan tener la opción, ya sea de insertarse al sistema educativo, acceder al servicio de salud o de poder recepcionar su denuncia por violencia familiar, violencia psicológica o atención psicológica que también necesitan.

En la emergencia generalizada, ¿cómo responden las instituciones a los casos canalizados? ¿Hay receptividad hacia los casos que acompañan?

Hoy en día el Perú está suscrito a muchos pactos, incluido el de la protección a los derechos humanos. No pueden negarse la atención, ya sea el Ministerio de la Mujer, el Ministerio Público, cualquier institución del Estado acá en Perú. Se está priorizando la atención a los migrantes sin tener en cuenta que esa persona no tenga un DNI, un CPP o carné de extranjería. Se tiene que atender. Incluso yo trabajando para el Ministerio de la Mujer he tenido casos de colombianas que han llegado a nuestro servicio sin documento y se ha buscado un vuelo migratorio para que regresen a su país. O sea, hoy en día el Estado dice: así este niño venezolano no tenga su carné, tiene que ser atendido con su partida de nacimiento, o lo que tenga. Y tiene que ser atendido. Se busca las medidas de protección que se les debe de dictar, porque es una persona, es un sujeto de derecho que necesita que se le proteja de cualquier forma. Por ejemplo, si ese niño sufre trata o es un adolescente que viene por una red de trata, el caso se tiene que derivar a la Fiscalía para que sea atendido. La Fiscalía no tiene por qué negarse a la atención por el simple hecho de ser migrante. Al contrario, lo que se hace es comunicarse con la Policía para hacer operativos en las zonas de intervención y poder desarticular más bandas que pueden estar presente dentro de la institución o de la zona que se está interviniendo.

En relación con la sostenibilidad de la atención para quienes demandan debido a su vulnerabilidad, ¿cuáles son sus planes a mediano y largo plazo para evitar que esto dependa únicamente de la discrecionalidad de las autoridades e instituciones? ¿Han considerado estrategias para que esta colaboración pueda mantenerse con el tiempo y ser sostenida por otros actores?

En realidad este es un trabajo que dura unos meses y que acaba en julio. Es un sistema que se ha aplicado en otros países, en Ecuador, en España, en otros lugares. Lo que se plantea es la orientación y hacer un análisis del sistema de protección que existe en la región. Se desea que en algún futuro los migrantes y peruanos que desconocen la ruta de protección —porque es una ruta de protección que se ha elaborado para que conozcan las instituciones— tengan conocimiento de adónde acudir. Pero también como la intervención de WeWorld en la zona dura hasta el 2025, se sigan beneficiando más de los proyectos que tienen a cargo. Se cree que también nosotros, a raíz de estas intervenciones, podamos sensibilizar a las instituciones del Estado como Fiscalía, Poder Judicial, Unidad de Protección Especial, el Centro de Emergencia Mujer, para que puedan atender a los migrantes. Porque muchas de las instituciones a veces tienen este tema de la xenofobia, el no querer atender a un ciudadano por su nacionalidad extranjera. Entonces buscamos sensibilizar. Lo que se requiere es también fortalecer a los líderes que existen en Piura. Existen lideresas venezolanas y también ecuatorianas que se están organizando muy bien. Entonces lo que queremos es fortalecer sus capacidades para que ellos, a través de sus asociaciones y grupos, tengan más fortaleza, más oportunidades para que se sigan desenvolviendo y puedan constituir ese grupo. Buscamos orientar a los ciudadanos a qué instituciones acudir. Y ya orientados ellos ante un caso que se presenta, puedan decir “Corresponde este caso a la Fiscalía, corresponde este caso al centro de salud mental, porque necesito apoyo, intervención o medicamentos para encontrarme bien de salud”.