Escrito por Elba Acevedo Rojas Revista Ideele N°311.

Comentarios al PL N°5872/2023-CR propuesto por la congresista María Acuña.

El 8 de Setiembre de 2023 la congresista de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), María Acuña, presentó el proyecto de ley N° 5872/2023-CR en el que propone incluir un examen psiquiátrico a los futuros esposos. Este proyecto que busca modificar el artículo 248 del Código Civil. Asimismo, la sumilla del proyecto es “mejorar los requisitos del matrimonio civil y así coadyuvar a la consolidación de la familia en la sociedad…”.

La congresista señala que el problema de la violencia contra la mujer y las altas cifras de violencia tienen como una de las principales causas (aunque no señala ninguna otra) el matrimonio de una pareja heterosexual, pero que presenta una crisis de valores. “La familia es una institución fundada en el matrimonio de un hombre y una mujer, que se unen de forma libre y permanente para apoyarse mutuamente, consolidar una unidad, engendrar sus hijos y educarlos con valores”.

Y agrega “La familia de hoy está en una grave crisis, porque su célula fundamental, que es el matrimonio, viene siendo sometido agresivamente a mucho desgaste y experimentos sociales, que han convertido a la humanidad en lo que ahora vemos, una sociedad sin valores, cada vez más degradada y sin horizonte”.

No obstante, para la congresista este problema de la violencia doméstica es reciente, cuando afirma: “en los últimos años, producto de la degeneración de la sociedad, la violencia familiar ha ido creciendo en el Perú como consecuencia de la ausencia de valores y la crisis familiar, en el año 2021 se reportaron 20,854 (veinte mil ochocientos cincuenta y cuatro) casos de violencia familiar…”

Lamentablemente, la señora Acuña no considera que la historia de las mujeres es una historia de larga data de opresión en la que no ha habido un momento en que las mujeres fueran consideradas iguales a los hombres. Esta violencia ha adoptado diversas formas y ha sido perpetuada a través de diversos factores: culturales, económicos, políticos y sociales. En el libro ‘El Segundo Sexo‘, Simone de Beauvoir argumenta que las mujeres históricamente han sido consideradas como ‘el otro’ en relación con los hombres, lo que ha llevado a una serie de desigualdades y opresiones sistemáticas, lo que ha llevado a su vez a la subordinación en múltiples aspectos de la vida, sobre todo en el plano público.

Muchas sociedades históricas siguen estando dominadas por estructuras patriarcales, donde los hombres ejercen un poder significativo sobre las mujeres y se atribuyen la propiedad de una mujer. Es así que cuando una relación de pareja se termina, aún continúa la violencia, ya que los victimarios argumentan que la mujer ‘no puede ser de nadie más’. Esto resulta en la normalización de la violencia contra las mujeres como una forma de mantener el control y la autoridad masculina.

Entonces, ¿podemos considerar que las mujeres son realmente libres si las amenazan con violación, las golpean, las asesinan, las venden, les arrojan ácido en el cuerpo o las torturan?

Incluso el tema de la violencia contra la mujer no fue abordado hasta mediados de los años 80 y solo se planteó en una resolución de las Naciones Unidas. Muchos años después, se comenzó a tratar la violencia sexual en casos de conflicto. No fue sino hasta la década de 2000 que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas decidió adoptar resoluciones condenando estos crímenes como crímenes de guerra. Aunque este tipo de violencia siempre ha sido parte de la historia, antes de esa fecha no se consideraba violencia sexual cuando ocurría en situaciones de conflicto, ya que se consideraba normal. Los hombres argumentaban que ya habían sufrido lo suficiente y que tenían derecho a algunas pequeñas distracciones. En otras palabras: ‘Violamos a tu madre, a tu hermana, y eso es normal. Ya no nos culpen porque defendimos al país que te vio nacer’.

Rita Segato (2019) sugiere que los hombres no cometen violaciones simplemente porque tienen la capacidad de hacerlo, y a menudo quedan impunes o no enfrentan juicio alguno. Más bien, argumenta que los hombres cometen violaciones como una forma de afirmar su masculinidad frente a otros hombres. En la actualidad, ella se refiere a lo que podría llamarse una enseñanza de la insensibilidad que impide que los hombres sientan compasión hacia otras personas, y más aún hacia las mujeres.

Esta forma de violencia ocurre en todo el mundo, y en Perú no es la excepción. Hasta diciembre de 2020, el Registro Único de Víctimas de la Violencia (RUV) en Perú había registrado un total de 4,751 víctimas de violaciones y 83 víctimas de otras manifestaciones de violencia sexual en todo el país durante ese período.

«[…] Durante el tiempo en que funcionaron las bases militares, la población local fue víctima de diversas violaciones a sus derechos por parte de los militares: detenciones arbitrarias, torturas, robos y saqueos. Sin embargo, lo más reprobable fue la violencia sexual permanente de la que fueron víctimas las mujeres de la zona, quienes, en ocasiones, también eran forzadas a realizar labores domésticas para los agentes acantonados en las bases. Adicionalmente a las secuelas físicas y mentales que sufrieron las víctimas, la CVR dejó constancia de los numerosos casos de embarazos no deseados y de niños nacidos a consecuencia de las violaciones sexuales.» (CVR, Informe Final, Tomo VIII, Pág. 79 citado por IDEHPUC S/F).

Asimismo, la congresista menciona que: “se aprecia que la violencia familiar en el Perú proviene de componente masculino y de componente femenino (por eso es que para erradicar la violencia se debe erradicar en su totalidad, todo tipo de violencia; y no hipócritamente tratar solo una como bandera política)”. Para ella, está en el mismo nivel la violencia ejercida por hombres y mujeres. Si bien señala en el proyecto que, de acuerdo con la estadística los hombres cometen más violencia, hay que mencionar que, estos nunca estarán en el mismo nivel.

La violencia de género es un problema extendido en todo el mundo y se caracteriza por la violencia ejercida principalmente por hombres hacia mujeres debido a su género. Esta forma de violencia incluye la violencia doméstica, la violación, el acoso sexual, el sexismo, la sextorsión, el hostigamiento y otras manifestaciones. Es importante destacar que la violencia contra las mujeres a menudo está vinculada a estructuras patriarcales y a la percepción de que las mujeres son menos poderosas y están subordinadas a los hombres. Si bien es cierto que los hombres pueden ser víctimas de violencia por parte de las mujeres, la frecuencia y las formas de violencia hacia ellos tienden a ser diferentes y menos comunes. En cambio, es mucho más común la violencia de hombres hacia hombres, que en muchos casos está relacionada con los estereotipos de género, lo que dificulta que los hombres denuncien estos abusos por temor a la estigmatización.

La violencia de género es un fenómeno profundamente arraigado en las normas culturales y sociales que perpetúan las desigualdades de género. Las mujeres han sido históricamente víctimas de discriminación y opresión basadas en su género, lo que ha contribuido a la persistencia de la violencia de género. Entonces, ¿se podrá extinguir este problema socialmente estructurado, que forma parte de cada poro social, solo con un examen psiquiátrico a los futuros esposos? Claro que no, y menos cuando se confunde el problema de la violencia familiar y de género como un problema psiquiátrico.

¿La violencia de género, es un problema que se soluciona con un examen psiquiátrico?

Atribuir la violencia de género a problemas mentales desvía la atención de la causa real del problema: las actitudes y creencias que sustentan dicha violencia. Esto puede resultar en impunidad y falta de responsabilidad por parte de los agresores. Además, estigmatizar a las personas con problemas de salud mental al relacionarlos con la violencia de género es injusto y puede desincentivar la búsqueda de ayuda para cuestiones de salud mental.

Esta violencia se origina en las desigualdades de género, las normas culturales y las estructuras sociales que perpetúan la discriminación y el desequilibrio de poder. Centrarse en problemas mentales pasa por alto la necesidad de abordar estas causas fundamentales y dificulta la implementación de medidas efectivas de prevención y erradicación. Es crucial reconocer que la violencia de género es un problema social que exige una respuesta colectiva para cambiar las actitudes y las estructuras que la perpetúan. Culpar a problemas mentales individuales no reconoce la responsabilidad de la sociedad en la prevención y erradicación de la violencia de género.

Asimismo, la congresista señala que “se puede apreciar que la violencia sexual se presenta en mayor porcentaje en el grupo etario de las madres adolescentes, mucho de esto casos se podrían controlar si existiera un núcleo familiar constituido y sólido que proteja a la agredida, que le aporte el respaldo y que le ofrezca ayuda para tratar de salir de su precaria circunstancia; encontrándose muchas de estas sin defensa; mientras que la violencia de carácter físico y psicológico, se concentra más en mujeres jóvenes y adultas”.

Esta afirmación carece de una lógica clara; más bien, presenta ambigüedades. Es preciso señalar que, en Perú, aproximadamente una de cada cinco niñas menores de 15 años ha experimentado violación sexual y solo alrededor del 15 % de estos casos ha sido reportado a la fiscalía, según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2020. Además, durante ese mismo año, se documentaron 9,582 casos de violencia sexual, de los cuales aproximadamente el 66 % (6,323 casos) correspondió a violación sexual. De esta cifra, el 92.7 % (5,861 casos) afectó a niñas y adolescentes mujeres, lo que significa que, en promedio, unas 16 niñas y adolescentes fueron víctimas de violación sexual cada día.

De acuerdo con el Sistema de Registro de Certificado de Nacido Vivo del Ministerio de Salud, en 2019 se registraron a nivel nacional 53,308 nacimientos de madres que tenían entre 0 y 19 años. De estos nacimientos, 1,303 (2.4 %) correspondieron a niñas menores de 14 años, y 9 de esos casos implicaron a niñas menores de 10 años. En el año 2020, se registraron en todo el país un total de 48,575 nacimientos de madres con edades entre 0 y 19 años, con 1,179 (2.4 %) nacimientos en niñas menores de 14 años y 24 nacimientos en niñas menores de 10 años. Es importante destacar que el número de casos casi se triplicó, pasando de 9 casos en 2019 a 24 casos en 2020 (Defensoría del Pueblo, 2021).

Por esta razón, la Defensoría del Pueblo, durante la pandemia de COVID-19, expresó su preocupación de que las niñas y adolescentes mujeres estuvieran en peligro al tener que quedarse en aislamiento social con sus agresores, quienes en la mayoría de los casos de violación se encuentran en su entorno familiar. Para la congresista, la familia debe brindar “respaldo y ofrecer ayuda para tratar de salir de su precaria circunstancia”, pero ¿cómo puede una niña o adolescente salir de su embarazo producto de una violación sexual por parte de su progenitor o de un familiar?

El conservadurismo político ha estado bloqueando el derecho a decidir libremente y a no continuar con un embarazo. Diversos instrumentos jurídicos internacionales señalan la obligación de brindar una atención integral a la salud, que implica la evaluación tanto física como mental, y el acceso a la interrupción del embarazo no deseado. No obstante, los grupos religiosos presentes en el congreso transmiten una imagen arcaica de la sociedad en la que la mujer está confinada al papel de madre y esposa sin excepción. Además, consideran que todo lo relacionado con la sexualidad femenina es obra del diablo. Todavía las religiones estigmatizan los cuerpos de las mujeres y su sexualidad, y por esa razón siguen culpando a las mujeres, víctimas de violencia sexual, como las únicas responsables de lo que les ocurrió. Incluso se presentan casos dentro de la familia, conocidos como ‘actos honoríficos’, en los que un padre, hermano, tío u otro familiar se siente con el derecho de humillar, golpear y violentar de diversas formas a la niña, adolescente o joven mujer cuando considera que no se está comportando como una ‘señorita’ o de acuerdo a sus parámetros.

Si bien es cierto lo que dice la congresista: ‘Es fundamental entender este comportamiento con la finalidad de atacar la fuente de la violencia para reducir la misma’, la supuesta solución que plantea está lejos de ser efectiva. Más bien, como se mencionó anteriormente, genera confusión y exime de responsabilidad a los actores políticos y sociales que deben contribuir a su erradicación. Este es un problema multidimensional; por lo tanto, trabajar con políticas públicas a nivel multisectorial es una urgencia.

Cuando la congresista manifiesta que dicha propuesta ‘no genera impacto monetario alguno para el Estado Peruano, pues su finalidad es generar valores en la institución matrimonial y, por ende, en la sociedad’, la mayoría de los parlamentarios lo escriben por inercia. Sin embargo, si lo que se busca es generar un cambio, entonces se deben diseñar políticas públicas que hagan frente al problema, y eso significa gasto público. Por ejemplo, se debe implementar programas educativos desde temprana edad que promuevan la igualdad de género y el respeto mutuo, llevar a cabo campañas de sensibilización pública para combatir estereotipos de género y promover relaciones saludables, aprobar y hacer cumplir leyes que tipifiquen y sancionen la violencia de género en todas sus formas, implementar políticas que fomenten el acceso igualitario a empleos y oportunidades económicas para las mujeres, promover el emprendimiento femenino y el acceso a recursos financieros, regular los medios de comunicación para evitar la difusión de contenido que promueva la violencia de género o los estereotipos perjudiciales, fomentar la producción de medios y cultura que promuevan valores de igualdad y respeto, solo por mencionar algunos.

En línea con lo mencionado anteriormente y en referencia al proyecto de ley N° 5872/2023-CR, que propone modificar el artículo 248 del Código Civil, es importante señalar que esta iniciativa, aunque intenta en su objetivo de abordar la violencia de género en el ámbito familiar, podría no ser suficiente para lograr dicho propósito. Esto se debe a que, como se mencionó previamente, el problema de la violencia de género es estructural y tiene sus raíces en la desigualdad de género, que abarca aspectos sociales, culturales, educativos y otros.

Bibliografía

1. Beauvoir, S. (2017). El segundo sexo. Ediciones Cátedra. Valencia
2. Defensoría del Pueblo (2021). Informe sobre la supervisión de la atención integral en niñas y adolescentes embarazadas producto de violación sexual, en establecimientos de salud Informe sobre la supervisión de la atención integral en niñas y adolescentes embarazadas producto de violación sexual, en establecimientos de salud Serie Informes Especiales N° 009-2021-DP. Defensoría del Pueblo, Perú
3. Segato, R. (2019). Pedagogía de la Crueldad. El mandato de la masculinidad (fragmentos). Revista universidad, Dossier sobre feminismos, 26-31
4. IDEHPUCP (s/f). Violencia sexual en Huancavelica: Las Bases Militares de Manta y Vilcahttps://idehpucp.pucp.edu.pe/lista_proyectos/seguimiento-de-casos-de-violaciones-de-derechos-humanos/sobre-seguimientos/seguimiento-de-casos-cvr/violencia-sexual-en-huancavelica-las-bases-militares-de-manta-y-vilca/ 
5. Proyecto de Ley N° 5872/2023-CR Ley que establece la modificación del artículo 248 del código civilpropuesto por María Grimaneza Acuña Peralta de la bancada APP de 08 de setiembre de 2023. Congreso de la República del Perú