La falta de acceso al aborto: ¿una forma de victimización estatal?

Escrito por Revista Ideele N°311.

Urpi, una niña de 13 años, falleció el pasado 27 de septiembre en Junín mientras estaba dando a luz. Ella tenía 8 meses de gestación como resultado de una violación sexual, y lamentablemente, su frágil cuerpo no resistió la difícil situación. Hasta ahora, no se ha emitido ningún comunicado por parte de la ministra de Salud.

A Urpi la mataron varias veces. Fue víctima de múltiples torturas tanto físicas como mentales, no solo a manos de los agresores que abusaron de su poder durante años, sino también por parte del Estado, personificado en este caso por el personal médico del Hospital de Satipo. A pesar de que su vida estaba en riesgo, los médicos no interrumpieron su embarazo y la obligaron a llevarlo a término.

La violencia de género y la violación sexual

La violencia de género se manifiesta de manera sistemática contra niñas y mujeres, trascendiendo las diferencias económicas, étnicas, culturales, geográficas y de edad.

Una de las formas más crueles de violencia de género es la violación sexual, un acto abominable que va más allá de su brutalidad física, ya que constituye una violación flagrante de los derechos humanos fundamentales y del derecho a la dignidad de las personas. Este acto tiene graves consecuencias físicas y psicológicas para las víctimas. En el caso de la violación sexual, el agresor o abusador ejerce su poder y control sobre la víctima para imponer su voluntad, perpetuando así las históricas desigualdades de género mencionadas anteriormente.

Cuando una niña se convierte en víctima de violación y, como resultado, queda embarazada, enfrenta una situación aún más compleja y delicada, ya que su cuerpo no está completamente desarrollado para llevar a cabo un embarazo y un parto de manera segura, lo que conlleva riesgos significativos para su salud.

La violación sexual en el Perú

En el Perú, la Ley 30364 tiene como objetivo prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los miembros del grupo familiar. También reconoce derechos para la protección de las víctimas de violencia, incluyendo la violencia sexual. Sin embargo, desde el año 2023, se han documentado un total de 14,500 incidentes de violación sexual, de los cuales el 70.3% corresponde a niños, niñas y adolescentes. Además, en los últimos tres años, los Centros de Emergencia Mujer (CEM) han brindado asistencia a más de 45,000 casos de agresiones sexuales a víctimas que se encuentran en el rango de edad de 0 a 17 años (Coca, 2023). Además, a diario se registran cuatro partos de niñas de 10 a 14 años como resultado de violaciones y, cada seis horas, se producen seis nacimientos de adolescentes que tienen entre 15 y 19 años (Chávez, 2022). Estas cifras se inscriben en la realidad de América Latina, que lidera a nivel global en cuanto a la incidencia de maternidades en niñas de 10 a 14 años.

¿Son estas cifras de violación reflejadas en las estadísticas oficiales? No, existe una discrepancia entre los datos de los informes oficiales y la verdadera magnitud de la violación sexual, lo que se conoce como la “cifra negra” de este delito.

La mayoría de los actos de violación sexual ocurren en contextos cercanos y familiares a la víctima, como el padre, tío, docente u otras personas responsables de la “protección y cuidado de la menor”, en un 78% de los casos. Esta situación explica por qué las adolescentes y niñas a menudo demoran en denunciar, lo que dificulta que las víctimas reconozcan y abandonen las situaciones de abuso de manera temprana (Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público, 2017).

Además, existen varias razones por las cuales las víctimas de violación sexual no denuncian estos delitos, como el estigma o la vergüenza que les impide hablar sobre lo que ha sucedido, el sentimiento de culpa o desconfianza en su credibilidad, el miedo a represalias, la desconfianza en el sistema de justicia, la falta de conocimiento sobre los recursos de apoyo, la presión social o familiar, la dificultad en identificar el delito debido a subestimaciones, malentendidos o falta de comprensión, y las barreras culturales y lingüísticas, especialmente en comunidades donde la violencia sexual es un tema tabú.

Aplicación de la legislación sobre violación sexual en el Perú

Hace dos meses, Mila, una niña de 11 años, denunció a su padrastro por los abusos sexuales que venía sufriendo desde los 7 años y, antes de él, por su tío. El caso de la pequeña Mila muestra la victimización primaria (generada por los violadores) y la secundaria por parte del Estado, que se resume en una sola frase: “El estado opresor es un macho violador” (Colectivo Las Tesis).

A Mila, quien estaba embarazada de 17 semanas, inicialmente se le denegó el derecho a acceder a un aborto terapéutico respaldado por la legislación internacional y peruana. Además de esto, se liberó al padrastro agresor argumentando que el examen forense realizado en la menor no reveló la presencia de espermatozoides y solo detectó lesiones antiguas, sin evidencia de lesiones recientes. Esta interpretación errónea sugiere que la presencia de espermatozoides es necesaria para probar una violación (según el juez Bernuel Espíritu, del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de Maynas).

En este caso, el juez, como autoridad representativa del Estado, no valoró el testimonio de la víctima, la evaluación psicológica y médica, ni los testimonios de la familia (madre y hermanos/as). La decisión de liberar al agresor de Mila establece un peligroso precedente, ya que implica que los violadores podrían quedar impunes simplemente por usar un condón, bajo la suposición de que la ausencia de espermatozoides no constituye un delito.

El Estado solo reaccionó a favor de Mila disponiendo la interrupción de su embarazo debido a los diversos reclamos y pronunciamientos de la sociedad civil, organismos nacionales e internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA), ONU Mujeres, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Estas instituciones manifestaron que el Estado peruano ya había sido amonestado por diversas violaciones a la dignidad, libertad sexual, tortura o trato cruel, inhumano y degradante en reiteradas oportunidades, sobre todo a niñas y adolescentes. Además, indicaron que, hasta la fecha, el Estado peruano no había tomado medidas para abordar el problema endémico de los embarazos infantiles causados por la pederastia de adultos, en su gran mayoría familiares y cercanos a las víctimas.

Por otro lado, el caso de Mila puso de manifiesto la falta de empatía, sensibilidad y, en algunos casos, el desconocimiento (ya sea genuino o forzado) de los derechos humanos a lo largo de todo el proceso de tratamiento y actuación con respecto a Mila. Las instituciones estatales que tenían la responsabilidad de hacer menos dolorosa la situación física y mental de Mila, en realidad, contribuyeron a su sufrimiento. Esto es aún más preocupante porque los funcionarios públicos involucrados eran profesionales con un alto nivel de educación y tenían la obligación de proteger y garantizar los derechos humanos en el ejercicio de sus funciones.

Dado este contexto, el nuevo caso de Mila representaba otra violación por parte del Estado, y se instó a Perú a tomar medidas para respetar y garantizar una atención adecuada en situaciones similares, especialmente en casos de embarazo en niñas y adolescentes (UNICEF, 2023).

Los abortos en el Perú

Muchas peruanas acceden al aborto de forma clandestina. Según PROMSEX (2018), el 19% de 2400 mujeres encuestadas a nivel nacional entre los 18 y 49 años del ámbito urbano de las 25 regiones del país y que tienen un nivel de educación superior, afirmaron haberse realizado un aborto por lo menos una vez. Las mujeres que abortan forman parte de todos los niveles socioeconómicos, aunque la mayoría se encuentra en los niveles C y D/E. El 19% forma parte de los estratos A/B, el 41% del nivel socioeconómico C y 40% del D/E. Por otra parte, el 58% de las mujeres acudieron a un profesional de salud para interrumpir el embarazo y la gran mayoría de mujeres de este grupo tuvo un aborto quirúrgico y usan pastillas. 

La información señalada permite evidenciar que, a pesar de que existe una penalización del aborto, las personas de todos los niveles socioeconómicos, educativos y entre los 18 a 49 años se ha practicado un aborto por diferentes y válidas razones, entre ellas una violación sexual.

Quienes no tienen la oportunidad de acceder a un aborto seguro y legal suelen ser siempre las más vulnerables, las mujeres pobres y las niñas, lo que puede llevar a situaciones desesperadas en las que algunas intentan abortos clandestinos que pone en peligro sus vidas y su salud. Esa falta de acceso al aborto seguro contribuye con las altas tasas de mortalidad y morbilidad materna, en lugares donde los abortos inseguros son comunes.

En consecuencia, es fundamental trabajar en la promoción de políticas de salud reproductiva que garanticen una educación sexual integral y la disponibilidad de métodos anticonceptivos y kits de emergencia. También es importante combatir el estigma social relacionado con el aborto y garantizar que las personas tengan información precisa y apoyo en caso de un embarazo no deseado. El Perú debe romper con ese paradigma religioso ultraconservador que fomenta mayor desprotección, revictimización y muerte. 

El aborto y la normatividad en el Perú

El aborto en el Perú, según el derecho comparado, se ciñe al modelo de permisión por causales. Bajo este sistema, la ley contempla ciertas circunstancias en las que el aborto no se considera punible, como el aborto terapéutico, que a grosso modo protege los derechos de la mujer sobre el concebido. Otros modelos consideran la Penalización Total (El Salvador y República Dominicana), en la que el aborto es definido como delito en cualquier circunstancia y, el de Permisión por Plazos que no castiga legalmente el laborto durante las primeras semanas del embarazo, modelo que se aplica en México, Uruguay y Canadá (Solís, 2019).

No obstante, la legislación peruana no aplica el mismo criterio de ponderación al permitir la interrupción voluntaria de un embarazo en situaciones de extrema gravedad que afectan derechos fundamentales, como en el caso de una violación sexual. En lugar de eso, se establece una sanción reducida, que implica una pena de privación de libertad que no supera los tres meses (según el Artículo 120 del Código Penal, denominado aborto sentimental o eugenésico). Esta pena se aplica solo si la gestación “es el resultado de una violación sexual fuera del matrimonio” y si “los hechos han sido denunciados o al menos investigados a nivel policial” (Solís, 2019). En estos casos, la protección legal hacia el feto se considera absoluta, a costa de la dignidad, el desarrollo pleno de la personalidad, la salud integral y otros derechos fundamentales de las mujeres embarazadas que son víctimas de violencia sexual. Esto conduce a una revictimización secundaria.

Por otro lado, según el Artículo 120 del Código Penal, si una mujer casada sufre una violación sexual, se le obliga a cargar con las secuelas de este acto traumático de por vida. Estas secuelas incluyen ansiedad generalizada, manifestada a través de preocupaciones excesivas y síntomas físicos como palpitaciones, sentimientos de culpa y vergüenza, una fuerte sensación de enojo y hostilidad, y la posibilidad de autolesiones y pensamientos suicidas como respuesta a la angustia emocional. Además, debe enfrentar la carga de criar a un bebé que solo le recuerda la violencia que sufrió.

En otros casos de aborto (como el autoaborto, el consentido, el aborto sin consentimiento, la agravación de la pena por la calidad del sujeto y el aborto preterintencional), la pena impuesta por el Código Penal suele ser aún más severa para la mujer, adolescente o niña que busca interrumpir su embarazo o para cualquier persona que lo haga con el consentimiento de la víctima, incluyendo al personal médico o de salud.

¿Qué debe hacer el Estado?

El caso de Urpi, de 13 años, es una tragedia de gran sensibilidad que requiere acciones concretas de justicia por parte del Estado. Es fundamental que el Estado comprenda que, en situaciones como esta, la reparación nunca podrá eliminar por completo el sufrimiento y la pérdida experimentados. Sin embargo, tiene la responsabilidad de llevar a cabo una investigación exhaustiva para entender las circunstancias precisas del evento y determinar si hubo negligencia o violación de los derechos de la niña. Esto incluiría investigar tanto la violación en sí como la negación del aborto terapéutico.

Si como resultado de esta investigación se concluye que hubo negligencia o violación de los derechos de la niña, los responsables deben ser llevados ante la justicia y enfrentar las consecuencias legales de sus acciones. Asimismo, el apoyo a la familia, que necesita tanto apoyo emocional como financiero, debe incluir asesoramiento psicológico, asistencia para cubrir gastos médicos y funerarios, y cualquier otra forma de apoyo necesaria para enfrentar la pérdida.

En cuanto a la normativa legal, es esencial revisar las políticas y reformas relacionadas con los derechos reproductivos y la autonomía de las mujeres. En primer lugar, la aplicación del aborto terapéutico debe ser revisada, incluyendo como mínimo el aborto en casos de violación sexual. Deben considerarse estándares internacionales de derechos humanos que reconozcan la importancia de respetar la decisión de las mujeres en circunstancias excepcionales y traumáticas. También se deben establecer protocolos claros de atención a víctimas para prevenir situaciones similares en el futuro. Además, es crucial que el Estado y la sociedad civil trabajen en la prevención y la promoción de la educación sexual integral en las escuelas, generen conciencia sobre la violencia de género y aseguren el acceso a servicios de salud reproductiva.

Perú debe tomar medidas efectivas para cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos y prevenir futuras amonestaciones por parte de organismos internacionales. Las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos vigilan de cerca el cumplimiento de los derechos humanos por parte de los Estados miembros y pueden emitir informes, recomendaciones e incluso llevar casos a la comunidad internacional si consideran que un país no está cumpliendo con sus obligaciones en materia de derechos humanos.

Las preguntas finales son obvias: ¿cuántas Milas y Urpis deben seguir siendo víctimas del Estado? ¿Cuántas más deben perder la vida para que se tomen las decisiones adecuadas en estos casos? Indudablemente, en el Estado peruano persiste una perspectiva arraigada que refleja elementos misóginos, discriminatorios y estereotipados en lo que respecta a la imposición de la responsabilidad de la maternidad sobre las mujeres. No importan las circunstancias que rodeen su embarazo, incluso en los casos más extremos, como aquellos que resultan de una violación sexual o incluso de un incesto. En este contexto, es necesario establecer condiciones y normativas legales que permitan concretamente el acceso al aborto terapéutico, ya que existen fundamentos sólidos para ello.

Referencias bibliográficas 

Coca, Valeria (15 de agosto 2023). Más de 45 mil menores de edad fueron víctimas de violencia sexual en los últimos tres años en Perú. Infobae. https://www.infobae.com/peru/2023/08/15/mas-de-45-mil-menores-de-edad-fueron-victimas-de-violencia-sexual-en-los-ultimos-tres-anos-en-peru/#:~:text=Una%20investigaci%C3%B3n%20de%20Infobae%20Per%C3%BA,por%20violencia%20sexual%20contra%20menores.

Chávez, Rosa (27 de noviembre de 2022). Las cifras del abuso: adolescentes de 12 a 17 años son la mayoría de las víctimas de violencia sexual en Perú. Ojo PÚBLICO https://ojo-publico.com/derechos-humanos/genero/adolescentes-son-la-mayoria-victimas-violencia-sexual-peru 

Solís, Victoria (2019). Crítica feminista a la penalización del aborto en casos de violación sexual: una mirada interseccional a propósito del embarazo infantil. IUS ET VERITAS, 59, 226-239 https://doi.org/10.18800/iusetveritas.201902.014 

PROMSEX (29 de octubre 2018). El aborto en cifras: Encuestas a mujeres en el Perú. Instituto de Opinión Pública (IOP-PUCP). https://promsex.org/wp-content/uploads/2019/02/EncuestaAbortoDiptico.pdf 

UNICEF (08 de agosto 2023). Pronunciamiento “Caso Mila” https://www.unicef.org/peru/comunicados-prensa/pronunciamiento-caso-mila-violencia 

Sobre el autor o autora

Elba Acevedo Rojas
Abogada y Licenciada en educación, Magister en Derecho (PUCP), Magister en Educación (UDEP). Candidata a Doctora en Gobierno y Políticas Públicas (UNI). Defensora y Promotora de DDHH, autora del Libro: "Hostigamiento sexual universitario: el espectador como agente de cambio" y del libro: "Políticas Públicas para el derecho a una vida libre de violencia sexual".

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