“¿Por qué la gente no protesta?”

Escrito por Revista Ideele N° 311

En el Perú, esta pregunta se ha vuelto popular en redes y columnas de opinión en los últimos meses, tomando en cuenta la enorme impopularidad de la coalición autoritaria en el gobierno1 y la ausencia de movilizaciones masivas, como en otros tiempos. Pero, como varios han advertido, se debería cualificar la pregunta, ¿quiénes son los que no protestan? ¿desde cuándo? ¿dónde? Porque, no se confundan, el Perú sigue siendo uno de los países con más protestas en América Latina y el 2023 es el año con más protestas desde que la Defensoría del Pueblo comenzó a registrar estos eventos en 2008.2 A las protestas sociales se han sumado miles de protestas políticas. 

El Perú rural, indígena y campesino ha protestado y dado su vida en busca de que se cumpla la promesa republicana de su participación en las decisiones políticas del país y en reclamo por sus muertos (que deberían ser nuestros muertos). Entre el 11 de diciembre de 2022 y el 4 de diciembre de 2023 hubo 2104 protestas políticas en contra del gobierno.3 Si se promediara serían 5.6 protestas al día. Puno fue el epicentro de las protestas, concentrando el 28% del total. La sierra sur (Puno, Cusco, Apurímac, Arequipa, Ayacucho y Huancavelica) sumó el 63% de las protestas.4 Muchas de las protestas entre diciembre y febrero en la sierra sur fueron masivas. Además, las protestas se extendieron a todas las regiones del país. Ha sido el ciclo de protestas más grande del siglo XXI. Fallecieron 50 ciudadanos debido a la represión estatal y hubo más de 1785 heridos (una cifra que el Ministerio de Salud no actualiza desde marzo). Más de 700 procesados también. El pasado 7 de diciembre hubo protestas en 17 regiones y 22 provincias. Por todo ello, con justicia, muchos peruanos se enfurecen cuando se pregunta, “¿por qué la gente no protesta?” 

Pero el nivel de protestas no solo se mide por el número de eventos y su extensión territorial, sino también por la concurrencia a cada evento. Como señalaba, entre diciembre de 2022 y febrero de 2023 las protestas en la sierra sur no solo fueron numerosas sino también masivas. Hay cientos de videos y fotos mostrando las multitudinarias marchas no solo en las ciudades capitales de la sierra sur, sino, principalmente, en las provincias alejadas de los centros administrativos. En el interior del interior, como dice Eland Vera. Pero en Lima nunca llegaron a darse marchas masivas. Si bien a finales de enero hubo protestas más nutridas, con la destacada participación de los ciudadanos de las Limas norte, este y sur, que marcharon hacia el centro,5 no llegaron a darse movilizaciones de similar concurrencia a las marchas electorales en contra de la candidatura de Keiko Fujimori, por ejemplo.  

A nivel nacional, desde febrero mismo, la concurrencia a las movilizaciones fue decayendo. De tanto en tanto, retornaron las protestas a lo largo del año, con nuevos picos en julio y diciembre. Se dieron también protestas distintas a las marchas, a través de la politización de los carnavales y la Semana Santa en Puno y Ayacucho, las disputas por los símbolos públicos permitidos en el día de la bandera y fiestas patrias, los escraches a delegados del gobierno -sobre todo en la sierra sur y en el extranjero-, y los plantones conmemorando a las víctimas de la represión. Pero las marchas, como estrategia de presión callejera cuya fuerza está en el número de gente que moviliza, fueron teniendo convocatoria cada vez más limitada.

Cuatro factores para entender la reducción de la concurrencia en protestas

Hay múltiples factores que pueden explicar la reducción de la concurrencia a las marchas, pero hay que tener en cuenta que estos factores varían dependiendo del momento, lugar y grupo social. A continuación, planteo que hay cuatro factores cardinales y expongo algunas hipótesis sobre sus impactos diferenciados. Estas son hipótesis basadas en mi lectura de las variaciones mostradas en encuestas a lo largo del año y algunas entrevistas preliminares. Es aún necesario investigar sistemáticamente (y descentralizadamente) para testear estas hipótesis y jerarquizar cuál de estos factores es más relevante y qué otros factores no considerados tienen también relevancia. 

El primero y más importante factor es la división de la oposición en torno a la interpretación de la crisis y las soluciones. Las tensiones entre los grupos que ahora forman la oposición vienen de años atrás, pero se incrementaron durante la elección y el gobierno de Castillo, contexto en el que el amplio bloque del antifujimorismo termina de implosionar. Para un grupo, el expresidente Castillo no dio un autogolpe, sino que reaccionó ante un inminente golpe preparado largamente por la derecha que no lo dejó gobernar. Por ello, la salida de la crisis debe pasar por la liberación y reposición de Castillo como legítimo presidente, el cierre del Congreso y la inmediata convocatoria a la Asamblea Popular Constituyente. De lo contrario, todo el ciclo de protestas habría sido en vano y volveríamos al “circo electoral”. Un segundo grupo está de acuerdo con que hubo una derecha golpista, pero condena a Castillo por el autogolpe. Su salida exige tanto adelanto de elecciones como la Asamblea Constituyente. Finalmente, un tercer grupo enfatiza la continuidad corrupta y autoritaria de Castillo y Boluarte, y plantea como salida a corto plazo el adelanto de elecciones, y como solución a mediano plazo, una amplia gama de reformas políticas. 

Esta división entre los portavoces de las protestas (líderes y activistas) eleva el costo de participación a la ciudanía no activista pero opuesta al gobierno (la gran mayoría). Muchos se desaniman al ver demandas contradictorias; están de acuerdo con unos temas, pero no con otros. Sobre todo, desanima el rechazo visceral a algunos de los liderazgos en la oposición. Mientras algunos reclaman que representantes de la centro-izquierda no denunciaron tempranamente la corrupción de Castillo, otros denuncian a ese mismo sector por traicionar a Castillo y/o al pueblo, debilitando la coalición que debió evitar la barbarie advertida de la extrema derecha en el poder. Voceros de centro-derecha son repudiados por izquierdistas que los acusan de haber tolerado las masacres y recién convocar protestas en defensa de instituciones. Y los voceros del castillismo son acusados de antidemocráticos tanto por el centro-izquierda y centro-derecha. Estas divisiones han sido persistentes desde el inicio del estallido, pero son más intensas (1) en Lima, el centro donde han convergido muchos de estos actores para las marchas, y (2) en las clases medias y altas, que están más interesadas en la política.6 

Entonces, la intensidad de estas divisiones en Lima es un tema central para entender por qué la capital no tuvo protestas masivas en ningún momento del estallido, y la relevancia política de este factor en un país centralista. Desde el inicio de las protestas, la presencia de la agenda del castillismo, un actor muy presente en las marchas, inhibió la adhesión de sectores de centro. Hay que recordar que Lima fue el bastión anticastillista durante todo el gobierno del expresidente. Dos semanas antes del autogolpe, tres de cada cuatro limeños desaprobaban a Castillo.7 Además del ecosistema informativo limeño, las bases de esta particularidad tienen que ver con viejos clivajes que ameritan una discusión más extensa.8 Lo central para mi punto, es que esta baja participación limeña es decisiva para la falta de efectividad de las protestas. Todos los ciclos de protesta exitosa han necesitado la movilización masiva en Lima, por relevancia política. 

El segundo factor es la reducción de la percepción de eficacia. La gente no solo protesta haciendo un cálculo costo-beneficio, siempre hay mucho de emociones en las protestas. Mucha gente participa por la pura rabia o indignación; para muchos la protesta es una forma de expresar públicamente el repudio al gobierno, al margen de los efectos de la marcha. Pero la gran mayoría tiene también expectativas de que el tiempo, energía y riesgo que pone en participar va a lograr algún resultado. Luego de la transición a la democracia del año 2000, las protestas sociales y políticas han sido bastante efectivas en Perú. A falta de instituciones que canalicen las demandas, las protestas en todo el país fueron uno de los principales mecanismos para fiscalizar la corrupción, presionar por cumplimiento de promesas de autoridades, y frenar todo tipo de atropellos. En 2019, el 72% creía que las marchas tienen impactos y, por ello, ese mismo porcentaje indicaba que participa o participaría en protestas.9 

Sin embargo, en las protestas antigobierno de 2023, la percepción de eficacia fue menguando. Entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, hubo confianza en que la protesta lograría ser efectiva. Como hemos visto, para algunos esto significaba el adelanto de elecciones y para otros el cierre del Congreso y la Asamblea Constituyente. Pero en febrero quedó claro que el gobierno no iba a retroceder en su voluntad represiva y no iba a responder por las masacres. Asimismo, el Congreso enterró la posibilidad del adelanto de elecciones y, en cambio, inició una serie de reformas y un avance en su captura de instituciones. A diferencia de otros momentos, no hay aliados institucionales necesarios para empujar la agenda de las marchas: no hay ni un ejecutivo que apoye contra el congreso, ni una “masa crítica” de posibles aliados en el congreso que frene al ejecutivo.

Esta resiliencia a pesar de los crecientes niveles de desaprobación tuvo un efecto desalentador en los manifestantes: el enorme esfuerzo del ciclo de protestas de diciembre a febrero no había hecho retroceder ni un centímetro a la coalición cada vez más autoritaria que estaba al mando del país. Entre febrero y marzo, el porcentaje de quienes creían que las protestas iban a lograr la renuncia de Boluarte descendió de 51 a 41%.10 Inicialmente el pesimismo creció más en zonas urbanas, sobre todo en Lima, pero luego alcanzó a zonas rurales. Luego de que la campaña de protestas de julio fuera nacional pero no masiva, se reafirmó la percepción de que esta vez las protestas no iban a ser la solución. 

El tercer factor son los costos del régimen político, muy vinculado al punto anterior. No es lo mismo protestar en una democracia débil, pero democracia al fin, que en un régimen híbrido, crecientemente autoritario. En parte, esta es una de las causas de que la protesta haya dejado de ser efectiva: con el debilitamiento de la división de poderes se perdieron los mecanismos para hacerle rendir cuentas al gobierno. Entre el 2000 y el 2022, cuando un gobierno reprimía violentamente, la oposición en el Congreso, e instituciones como el Ministerio Público, la Defensoría y la prensa ejercían una presión que obligaba al ejecutivo a desescalar. Muy rara vez se procesaba a los policías o militares responsables, pero al menos había una sanción política: caían ministros, caía el gabinete entero, el gobierno retrocedía en la medida rechazada, o incluso el presidente renunciaba, como en el caso de Manuel Merino en 2020.

No obstante, desde que Boluarte asumió el gobierno con el apoyo de un bloque de instituciones (Congreso, Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo), el empresariado y buena parte de los principales medios de comunicación, el régimen ya no funcionaba bien para controlar el poder. A Alberto Otárola, que fue ministro de defensa cuando los militares llevaron a cabo la masacre de Ayacucho en diciembre de 2022, no lo sacaron, sino que lo ascendieron a primer ministro. El violento asalto policial a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos a dos semanas de la masacre de Juliaca dejó claro que el gobierno iba seguir elevando el costo de la protesta. Cada vez que hubo anuncios de protestas en Lima, el gobierno desplegó 10 mil policías que, además de reprimir, se encargaban de dividir la protesta, infiltrarse, y detener a manifestantes sin ninguna justificación. Ternas11 estuvieron presentes en universidades, y los estudiantes lo sabían. Se llegó a criminalizar hasta la solidaridad, deteniendo a quienes reunían fondos para apoyar a los manifestantes que llegaban a Lima desde provincias. 

El costo de la protesta es alto en un régimen en proceso de autocratización. La experiencia de los primeros meses de 2023 le enseñó a la gente que el nuevo gobierno no iba a respetar derechos y que ya no había ninguna institución ni medio efectivo para frenar esa arbitrariedad. En 2023 era mucho más peligroso protestar que en cualquiera de los últimos 22 años. Ni siquiera la decena de reportes internacionales de organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o Naciones Unidas, logró generar un cambio real en la actitud represiva del gobierno. El 2023 ha acabado con una modificación del Código Penal que da base legal para sancionar con cárcel inclusive a quienes apoyen con algún tipo de financiamiento a las protestas.12

Hay que anotar que el costo de la protesta no es igual en todo el territorio ni en todos los grupos sociales. La represión ha sido mucho más dura en la sierra sur, en la zona más indígena del país. Y esto no es solo porque esa zona fue el epicentro de las protestas o porque hubo más protestas violentas. Como en todo el país, la gran mayoría de las protestas en la sierra sur fueron pacíficas13, pero aun así fueron consistentemente reprimidas con mayor violencia que cualquier protesta en Lima, por ejemplo. De otro lado, la represión también fue más intensa contra sectores populares. Aún en Lima, la represión en distritos de clase media fue mucho menos violenta que la represión en el centro de Lima, donde participaban los manifestantes que llegaban de las provincias y de Lima norte, este y sur. Es inevitable ver una continuidad entre la geografía y demografía de la violencia durante el Conflicto Armado Interno y la que ocurre en este último ciclo de protestas. El régimen se ha autocratizado, pero es más autoritario en algunos lugares y con algunos sectores de la población. 

Finalmente, el cuarto factor es la incertidumbre sobre el futuro. Las protestas necesitan tener expectativas de que el futuro que se logre con las movilizaciones será mejor. Esta expectativa es menos clara teniendo en cuenta el enorme rechazo a toda la clase política y a la sospecha de que las nuevas elecciones no pueden traer algo muy diferente si contamos con el mismo reparto. A pesar de que en diciembre de 2023, aún el 8 de cada 10 peruanos prefiere el adelanto de elecciones, es común escuchar que es posible que unas elecciones nos traigan un presidente aún peor que Boluarte. O que ese rio revuelto traiga ganancia para eventuales caudillos radicales, quizás aún desconocidos, de derecha o izquierda. Por supuesto, estos temores son menores en sectores rurales, y particularmente en la sierra sur. Esto debido a que este es el territorio que más ha sufrido con la violencia del gobierno; es difícil imaginar un escenario peor al ya vivido o a la indignidad de estar gobernados por políticos considerados asesinos. 

A la incertidumbre política hay que sumar la incertidumbre económica. Tanto por la incapacidad del gobierno de Boluarte como por el contexto regional de desaceleración, la recesión peruana ha generado un alto nivel de preocupación en toda la población. Sobre todo, naturalmente, en los sectores populares. Este factor también ayuda a entender que, sobre todo hacia el final del año, estos sectores tengan menos capacidad para dedicarle el tiempo y recursos a la protesta. 

A continuación, sintetizo los cuatro factores y su variación en una tabla.

Tabla 1. Variación de la relevancia de los cuatro factores explicativos de la menor concurrencia en protestas, tomando en cuenta el período, lugar y grupo social

FactoresPeríodoLugarGrupo Social
DivisionesPersistente a lo largo del año (viene de antes)Mayor en Lima, centro de partidos y organizaciones sociales nacionalesMás intenso en clases medias y altas, más interesadas en la política
Percepción de eficaciaMayor entre diciembre y febrero. Desde marzo se reduce. Luego de julio aún más.Decreciente a nivel nacional (primero en las zonas más urbanas, y luego también en las rurales).Decreciente en todos los bloques
Costo del régimen Crecientemente alto (además de represión, la criminalización)Mayor en la sierra sur, principal blanco de represión y criminalizaciónMayor en sectores populares, por clasismo y racismo en fuerzas del orden
Incertidumbre sobre el futuroPersistente a lo largo del año (incrementándose con la incertidumbre económica)Menor en la sierra sur, principal blanco de la violencia física y simbólica del régimen. Es más difícil imaginar un contexto peor. Mayor en sectores populares, frente al inicio de la recesión 

Conclusión

En suma, he presentado cuatro factores que considero los más relevantes para entender la progresiva reducción de la concurrencia a marchas antigobierno en 2023. He resaltado también la variación de la importancia de estos factores tomando en cuenta el momento, lugar y el grupo social, como sintetizo en la Tabla 1. Los cuatro factores están siempre presentes, pero varía su intensidad. Este cuadro tiene varias simplificaciones para hacer algo parsimoniosa la explicación. Pero, por ejemplo, desde luego que hay diferencias resaltantes entre los motivos y momentos de la menor participación en las protestas de Ayacucho y Cusco -que aquí simplifico como sierra sur. Ya vienen en camino varias investigaciones regionales que ayudarán a clarificar estos matices. 

Quiero terminar discutiendo dos puntos. Primero, retomar la idea de que el 2023 ha sido el año con mayor número de protestas desde que la Defensoría comenzó a hacer sus reportes. El ciclo de protestas del 2022-23 ha sido el más grande e intenso de este siglo en el Perú. Un importante sector, sobre todo en el mundo rural, se ha politizado. Y, a las protestas políticas, hay que sumar las protestas sociales. Estas han seguido presentes todo el tiempo, a nivel nacional, y creciendo debido a la recesión y la ineficacia del gobierno. Si la economía sigue empeorando, es probable que estas protestas se vayan politizando, comenzando a culpar más al gobierno y uniéndose al reclamo de salida de Boluarte. 

De otro lado, quiero matizar la idea de que “la protesta ya no es efectiva”. Así no logren su objetivo máximo, las protestas generan redes de cooperación entre activistas, y ayudan a formar o fortalecer organizaciones. Un ejemplo de esto es la formación del Bloque Universitario y de espacios estudiantiles que están reactivándose políticamente. Las protestas también visibilizan la intensidad del rechazo que miden las encuestas. Si bien la mayoría de los principales medios nacionales no les presta mucha atención, los medios alternativos sí las registran y nutren un torrente de información que difunde la vigencia de las demandas y de una oposición movilizada. Los medios internacionales también cubren las protestas y ayudan a mostrarle al mundo el persistente rechazo a un gobierno deslegitimado. Finalmente, las redes que forman las protestas preparan a la ciudadanía más movilizada para la oportunidad en que pueda activarse un nuevo ciclo de protestas más intenso. Como sabemos todos los que estudiamos protestas y movimientos, un estallido social no se puede predecir.14 Y, acabo recordando una cita de Hanna Arendt que aprendí leyendo el magnífico libro de Carmen Ilizarbe (2023) sobre la protesta y la calle en el Perú: “Lo nuevo siempre ocurre contra las abrumadoras posibilidades de las leyes de la estadística y su probabilidad, que a todos los efectos prácticos y cotidianos equivale a la certeza; por lo tanto, lo nuevo siempre aparece bajo la forma de un milagro. El hecho de que el hombre sea capaz de acción significa que se puede esperar de él lo inesperado, que él es capaz de realizar lo que es infinitamente improbable”.15

Notas

  1. La aprobación de la presidenta Dina Boluarte está en 9% y la del Congreso en 5%, según datos de la encuesta de diciembre del Instituto de Estudios Peruanos (IEP). Ver: https://iep.org.pe/wp-content/uploads/2023/12/IEP-Informe-de-Opinion-Diciembre-2023-completo.pdf 
    ↩︎
  2. Si contamos solo las protestas entre enero y noviembre, el 2023 ya tiene el número más alto de acciones colectivas contenciosas desde 2008 con 4648 eventos de protesta (políticas y sociales). Hasta 2021, el promedio era de 1325 protestas anuales. El 2022, año en que comienza el estallido, las protestas se elevaron a 3862. ↩︎
  3. Datos del Observatorio de Democracia y Gobernabilidad de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUCP (EGPP-PUCP). Ver: https://democracia-gobernabilidad.pucp.edu.pe/participaci%C3%B3n/estallido-social/data 
    ↩︎
  4. Ramón Pajuelo consigna este dato en un artículo sobre las protestas rurales que se publicará con el SEPIA en 2024. Estos datos también se pueden ver en detalle en la base de datos de la EGPP-PUCP.
    ↩︎
  5. Por ejemplo, marchas desde Huaycán al centro, caminata que demora seis horas, no se veían desde los años ochenta.
    ↩︎
  6.  Dato confirmado por todas las encuestas del IEP que hicieron la pregunta sobre interés en la política en 2023. La última encuesta que hace la pregunta es de septiembre: https://iep.org.pe/wp-content/uploads/2023/09/IEP-Informe-de-Opinion-Septiembre-2023-completo.pdf 
    ↩︎
  7. En la última encuesta antes del autogolpe de Castillo, su desaprobación en Lima Metropolitana llegaba al 75%. A nivel nacional era de 61%. Su aprobación llegaba solo al 19% en Lima Metropolitana, versus el 31% a nivel nacional. Ver: https://iep.org.pe/wp-content/uploads/2022/11/Informe-IEP-OP-Noviembre-2022-completo.pdf 
    ↩︎
  8. Para discutir las particularidades de las jerarquías sociales en Lima y la relevancia política de la centralización, recomiendo revisar a (1) Martuccelli, D. (2015) Lima y sus arenas. Lima, Cauces, y (2) Vergara, A. (2015) La danza hostil. Lima, IEP, respectivamente. 
    ↩︎
  9. Ver la encuesta del IEP de 2019, dedicada a las actitudes hacia las marchas y otras formas de protesta: https://iep.org.pe/wp-content/uploads/2019/10/Informe-OP-Septiembre-2019-7-actitudes-hacia-las-protestas-5.pdf ↩︎
  10. Ver el informe de opinión del IEP de marzo de 2023: https://iep.org.pe/wp-content/uploads/2023/03/Informe-IEP-OP-Marzo-2023.pdf ↩︎
  11. Grupo de policías que actúa bajo el mando del Escuadrón Verde, originalmente dedicado a identificar y capturar delincuentes, pero que ha operado también en el control de protestas por lo menos desde el 2020. ↩︎
  12. Ver el análisis jurídico de Aarón Alemán: https://enfoquederecho.com/2023/12/07/el-decreto-legislativo-nro-1589-la-criminalizacion-de-la-protesta-o-una-tecnica-legislativa-deshonesta/ ↩︎
  13. Las protestas violentas entre diciembre y febrero, momento más álgido de la protesta, fueron el 11.5% del total de los eventos. Para más detalle, ver el reporte de la Defensoría del Pueblo: https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2023/03/Informe-Defensorial-n.%C2%B0-190-Crisis-poli%CC%81tica-y-protesta-social.pdf 
    ↩︎
  14. Para pensar el tema, siempre vuelvo a este estupendo artículo de Timur Kuran (1991): https://pdodds.w3.uvm.edu/files/papers/others/1991/kuran1991a.pdf 
    ↩︎
  15. Arendt, H. (2005) La Condición Humana. Barcelona, Paidós. Citada por Ilizarbe, C. (2023). La protesta y la calle. Lima, IEP. ↩︎

Sobre el autor o autora

Omar Coronel
Omar Coronel es profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Notre Dame y licenciado en Sociología por la PUCP. Actualmente es coordinador del Grupo de Interdisciplinario de Investigación en Conflictos y Desigualdades Sociales (GICO-PUCP).

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