La transición inconclusa: 23 años de democracia fallida en el Perú

Escrito por Revista Ideele N° 311

Cuando Pedro Castillo, profesor rural de Cajamarca, fue elegido Presidente en el Bicentenario de la República en el 2021, los sectores sociales más excluidos estuvieron representados por primera vez en el más alto cargo público. Luego de seis años de crisis gubernamentales debido a escándalos de corrupción del establishment político y las tensiones entre el Congreso y el Ejecutivo,  se suponía que unas elecciones democráticas le darían estabilidad política al país. Pero la inestabilidad se agudizó. Grupos de derecha intentaron destituir a Castillo desde el principio. Lo acusaron infundadamente de fraude electoral y buscaron vacarlo tres veces en 16 meses, la última vez tuvieron éxito cuando Castillo -para evitar su vacancia- anunció un golpe de estado sin el apoyo de partidos, militares ni la mayoría de la población. El fallido golpe resultó en su encarcelamiento inmediato. Aunque su breve gobierno estuvo marcado por la incompetencia y el empoderamiento de círculos corruptos, grandes sectores rurales que lo apoyaron y muchos otros que se oponen en general al establishment político se manifestaron masivamente contra la asunción al poder de Dina Boluarte, vicepresidenta de Castillo, que se alió rápidamente con la derecha. A dos meses de iniciado su gobierno, Amnistía Internacional registró la muerte de más de 60 manifestantes.

El gobierno más impopular de la región y uno de los más autoritarios, celebró un año de su encumbramiento al poder en diciembre del 2023. En ese mismo mes, el Tribunal Constitucional, elegido por un Congreso cuestionado por sus oscuros pactos con el Ejecutivo y el Ministerio Público, se apartó del mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ordenó la liberación del ex presidente Alberto Fujimori, condenado por corrupción y crímenes de lesa humanidad. De esta forma, se cierra el ciclo de transición fallida en el Perú. Han sido 23 años (2000-2023) en los que el país no ha podido consolidar su transición democrática. 

La mayoría de reflexiones académicas sobre la convulsión política en el Perú resaltan la debilidad de los partidos y actores políticos como variables explicativas clave. Por ejemplo, Vergara y Barrenechea sostienen que la crisis democrática no se debe a la acumulación de poder de algún líder populista, militares u oligarcas, sino a la dilución del poder. Así, el principal problema sería la ausencia de organizaciones capaces de representar a los distintos sectores debido a la fragmentación electoral, el amateurismo de los políticos y la ausencia de vínculos políticos entre los partidos y la sociedad. Estas características serían el legado del gobierno autoritario de Fujimori (1990 – 2000), quien atacó el sistema de partidos anterior.

Pero el legado político de Fujimori no debería reducirse al deterioro del sistema de partidos. Fujimori era anti-elitista y antisistema, pero sólo con respecto a la clase política, no a las élites económicas. Fujimori implementó la reforma neoliberal más profunda en América Latina. Mientras empoderaba a los actores privados, debilitó las instituciones a través de corrupción sistemática, incluidos sobornos a ejecutivos de medios, congresistas, magistrados, militares y muchas altas autoridades. Los escándalos de corrupción desencadenaron el colapso del régimen en el 2000, pero los gobiernos post-Fujimori continuaron involucrados en la corrupción de alto nivel.

El otro legado crítico de Fujimori es el uso de discursos antiterroristas para abordar la movilización social. A menudo se presenta a su gobierno como el que derrotó al terrorismo, pero en el proceso, Fujimori continuó con las prácticas violatorias de derechos humanos de gobiernos anteriores. Creó un grupo paramilitar encargado de asesinar, torturar y desaparecer a opositores políticos o presuntos terroristas. En el 2009, la Corte Suprema condenó a Fujimori por crímenes de lesa humanidad, pero el fujimorismo y grupos de derecha han articulado consistentemente un discurso contra los derechos humanos y el Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (2003). 

La promesa política post-Fujimori fue la implementación de dos transiciones. Una transición hacia una democracia consolidada en términos no sólo de elecciones libres sino también de legitimidad del sistema democrático. La otra es una transición hacia una sociedad posconflicto, gobernada por un pacto básico para limitar la violencia estatal y respetar los derechos humanos. Ambas transiciones han fracasado. La agenda económica de Fujimori de empoderar a las elites económicas continuó en los gobiernos posteriores en detrimento de la legitimidad democrática. Los discursos antiterroristas de Fujimori también han sobrevivido, siendo utilizados como estrategia para reprimir las protestas sociales. 

Rompiendo la promesa democrática

A pesar de las elecciones formales, los gobiernos post-Fujimori rompieron la promesa democrática porque continuaron empoderando a las elites económicas en detrimento de los intereses públicos. En el 2016, la constructora brasileña Odebrecht se declaró culpable ante un tribunal federal estadounidense y admitió haber pagado sobornos en Perú entre 2005 y 2014. El primer presidente post-Fujimori elegido democráticamente, Alejandro Toledo (2001-2006), fue arrestado en California en julio de 2019 para ser extraditado al Perú por presuntamente aceptar 20 millones de dólares en sobornos de Odebrecht. El dos veces presidente electo Alan García (1985-1990; 2006-2011) se suicidó en abril de 2019 para evitar enfrentar cargos por aceptar sobornos de Odebrecht. El expresidente Ollanta Humala (2011-2016) y su esposa Nadine Heredia son sospechosos de recibir fondos ilegales de campaña de Odebrecht en el 2011. Ambos pasaron 9 meses en prisión preventiva y sus procesos judiciales continúan. El expresidente Pedro Pablo Kuczynski-PPK (2016-2018) se vio obligado a dimitir en marzo del 2018 porque investigaciones descubrieron que, mientras era ministro de Economía en el gobierno de Toledo, su empresa, Westfield Capital, recibía pagos de Odebrecht. Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori, pasó 13 meses en prisión preventiva por recibir dinero de Odebrecht para sus campañas políticas

Marcelo Odebrecht, ex CEO de la empresa, dijo que no inventaron nada nuevo en el Perú. Antes de Odebrecht ya existía el “Club de la Construcción”, un grupo de constructoras nacionales y extranjeras que negociaban bajo la mesa las licitaciones de proyectos de infraestructura. El CEO del mayor banco peruano entregó ilegalmente un portafolio en efectivo de 3,6 millones de dólares a Keiko Fujimori en la campaña del 2011. Diferentes bloques del Congreso han favorecido a determinados sectores económicos con leyes controvertidas. La Ley Chlimper estuvo vigente desde Fujimori y otorgaba excepciones tributarias a la industria agroexportadora. La ley estuvo en vigor durante más de 20 años, cada nuevo Congreso extendía los privilegios fiscales “excepcionales” y los bajos estándares laborales y solo fue reformada en el 2020 después de masivas protestas de trabajadores rurales. Recientemente, bloques congresales relacionados con la minería ilegal y universidades empresa han logrado debilitar diversas regulaciones. Los políticos son leales a estos sectores más que a la ciudadanía. No es sorpresa que según el Latinobarómetro (2021), el 85,9% de la población cree que el país está gobernado por unos pocos grupos poderosos que velan por su propio interés y no por el interés público.

Rompiendo la promesa de derechos humanos

Un informe de Human Rights Watch reportó que durante las primeras protestas contra el gobierno de Boluarte (diciembre 2022 – febrero 2023) murieron 49 manifestantes producto de acciones directas de las fuerzas públicas. Según Amnistía Internacional, los departamentos con población mayoritariamente indígena concentraron el 80% de las muertes. La fragmentación política, el amateurismo político y la falta de vínculos políticos no pueden explicar la ferocidad con la que las fuerzas públicas han actuado contra los sectores más excluidos. Más bien, el autoritarismo actual podría explicarse por la permanencia del conflicto social, la exclusión y discriminación. De hecho, la Defensoría del Pueblo identifica un promedio de 190 conflictos sociales cada mes durante al menos los últimos 15 años, la mayoría relacionados con industrias extractivas. Datos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos muestra que en el período 2009-2022, 128 muertes estuvieron vinculadas a conflictos socioambientales, la mayoría en zonas rurales. Activistas de derechos humanos señalan que el marco legal ha facilitado el ejercicio desproporcionado de la fuerza al limitar la responsabilidad de los agentes públicos, facultar a las fuerzas armadas para ayudar con el orden interno y permitir a las empresas firmar acuerdos con la policía para que actúen como agentes de seguridad privada. 

Muchas autoridades del gobierno nacional, personalidades del sector empresarial y medios de comunicación suelen concebir a las comunidades que participan en protestas como ignorantes, incapaces de comprender los beneficios de las actividades extractivas y, por tanto, influenciadas por ONG medioambientales. Incluso son acusadas de terroristas. Del 12 de diciembre del 2022 al 16 de enero del 2023 encontramos que, al menos 12 veces, altas autoridades, incluidos congresistas, ministros de Estado, el primer ministro y la presidente, sugirieron públicamente que los manifestantes eran terroristas

El fracaso de la transición posconflicto explica el uso del término “terruco” para etiquetar a opositores políticos. En los ochentas y noventas esta palabra sirvió para designar a miembros reales o supuestos de grupos armados, estigmatizando mayormente a sectores rurales. El Informe de la CVR calculó que el conflicto armado interno dejó 69,280 víctimas y el 79% de ellas eran indígenas. En el contexto de las protestas contra Boluarte, un testimonio registrado por Human Rights Watch dijo que en Ayacucho, la región más afectada por el conflicto armado interno, un militar se negó a trasladar a un manifestante herido a un hospital diciendo: “Que se joda. Los terroristas merecen morir así”. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos constató “una fuerte estigmatización por factores étnico-raciales y regionales, a través de mensajes que aluden a indígenas y campesinos como “terroristas”… Estos mensajes… contribuyen a la creación de un ambiente de permisividad y tolerancia hacia la discriminación, estigmatización y violencia institucional contra esta población”. La transición del período de conflicto armado a un período de posconflicto ha sido obstaculizada por quienes difunden el espectro del terrorismo como un medio para aferrarse a la relevancia política y como una forma de exclusión política.

Perdidos en la transición

La caída del Fujimorismo en el 2000 nunca significó la caída de la forma fujimorista de hacer política. No solo porque Keiko Fujimori alcanzó la segunda vuelta en las últimas tres elecciones presidenciales y el fujimorismo ha seguido siendo una fuerza significativa en el Congreso. Más importante aún, la concepción clientelista y patrimonialista de la política agudizada por el Fujimorismo se ha generalizado. Los partidos políticos no son solo vehículos electorales de figuras independientes que defienden a determinados grupos económicos en lugar que programas. Todo el sistema político es un simulacro porque en realidad los que compiten son los intereses económicos legales e ilegales que buscan tener control en las decisiones públicas. De allí que es equívoco decir que hay una “dilución de poder”, el poder estar allí en los dueños de los partidos y bloques políticos y en sus financistas.  

Este sistema es inestable por naturaleza. Por ejemplo, el choque entre el gobierno de PPK y la mayoría fujimorista en el Congreso durante el mandato presidencial del primero (2016-2018) parecía irracional, ya que ambos promovían agendas de derecha. Sin embargo, estas fuerzas expresaban las tensiones entre diferentes intereses capitalistas, uno más asociado con la tecnocracia de derecha y otro más asociado con el clientelismo local anti-regulación. En los últimos años, el interés de diversos sectores legales e ilegales por consolidar su poder ha llevado a hacer más notoria la competencia por la captura del estado. Castillo intentó jugar ese juego bajo sus propios términos, pero fue sobrepasado. A pesar de representar el anti-elitismo político por su empeño en no darles cuotas de poder a sectores que tenían amplia influencia en el estado, Castillo nunca fue un gran peligro para el statu quo económico. Mantuvo los fundamentos macroeconómicos mientras buscó construir redes de clientelismo con bloques asociados con la economía informal. Las élites económicas, sin embargo, argumentaban que ponía en riesgo el modelo económico y la “institucionalidad”, por lo que debía ser removido. 

Lo que estaba en juego, en el fondo, no era la política económica ni grandes transformaciones sociales. Era la competencia por la captura del estado. Con Boluarte se forma una coalición autoritaria conservadora que ha logrado un pacto de continuidad e impunidad entre el Ejecutivo, Congreso e instituciones clave como el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Constitucional. En este pacto coexisten, no sin tensiones, la captura política de los sectores que siempre han tenido influencia en el estado y lo que Francisco Durand llamó la captura mafiosa, sectores asociados a economías informales e ilegales. Esta coalición autoritaria no es sólo una respuesta al discurso anti-elitista de Castillo. Sintetiza fundamentalmente una agenda anti-transición, compuesta de discursos contrarios a los derechos humanos y el empoderamiento de diversos bloques económicos. 

Para comprender el autoritarismo actual en el Perú no basta con resaltar la debilidad de los políticos. Es crucial considerar el fracaso de la transición democrática y la transición posconflicto. Los pueblos indígenas y rurales se han visto particularmente afectados por la agenda de represión estatal y exclusión socioeconómica. En cierto modo, representan a los perdedores de estas transiciones inconclusas. Los manifestantes reivindican el derecho a protestar sin ser llamados terroristas, buscan remover un establishment político considerado corrupto y democratizar verdaderamente los asuntos públicos. El autoritarismo actual expresa el fracaso de esas transiciones y la movilización social expresa la persistencia de sectores importantes en mantener la fe en esas transiciones. 

Sobre el autor o autora

Roger Merino
Roger Merino. Docente e investigador de la Escuela de Posgrado de la Universidad del Pacífico.

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