Objeción de conciencia, otro atentado más a la autonomía

Escrito por Enrique Vega Dávila

I

Algunos medios conservadores se han manifestado con suma alegría por el avance en la comisión de Constitución del deslegitimado Congreso de la República acerca de un proyecto que garantizaría la objeción de consciencia como derecho fundamental. Tal habría sido aprobado por esa comisión, lo que de ser ratificado en el pleno significaría que legalmente es posible negarse a atender a personas “en razón de sus convicciones morales o religiosas”

El martes 5 de marzo el proyecto de Ley 5923/2023 presentada por Alejandro Muñante, de la bancada Renovación Popular, tendría como iniciativa modificar el artículo 4 de la Ley 29635, Ley para la libertad religiosa. Bajo esta modificación se consagraría la objeción de consciencia y podrían no acatar una orden judicial.

Una vez más, bajo el amparo de los derechos humanos que este sector del país niega de manera rotunda con proyectos de ley como el de la impunidad ante delitos de lesa humanidad, este congresista pretende -y posiblemente logre- atentar contra el derecho de las personas a ejercer la autonomía sobre sus cuerpos, ya sea en casos de aborto o eutanasia. 

En la exposición de motivos se coloca como casos a) el enfoque de género a través del Currículo Nacional de Educación Básica, lo que desató el movimiento antiderechos Con mis hijos no te metas; b) el Decreto legislativo 1408 y la noción de familia democrática que según el congresista sería una violación al derecho de las familias a organizarse; c) la eutanasia, de modo concreto el caso de Ana Estrada, en defensa de la magistrada Silvia Nuñez quien se abstendría “por decoro” a ejecutar una sentencia; d) el aborto, y los Proyectos de Ley 387/2016-CR, 7298/2020-CR, 954/2021-CR que buscan garantizar el acceso a una interrupción del embarazo cuando ha habido una violación sexual, inseminación artificial o transferencia de óvulos no consentidas y e) procedimientos médicos varios, los que incluyen restricciones a la entrega de anticonceptivos orales de emergencia.

II

Es claro que no desean ocultar sus motivaciones. Y dado el poder que poseen los grupos conservadores y ultraconservadores en el país, tales razones, lejos de representar un avance al desarrollo de las libertades es una forma de impedir acceso a derechos debido a la presión que ejercen de diferentes formas. Por ejemplo, en lugares donde el aborto es legal, cerca de clínicas donde se realizan estas interrupciones, gente con carteles que buscan hacer sentir culpable a las mujeres y personas gestantes que acuden, con arengas y gritos, con insistencia y otras estrategias buscarían coaccionar para impedir que se lleguen a cabo. Sin ir tan lejos, hemos de tener presente a las personas rezando el rosario frente al hospital que atendería a Mila. Esto es considerado un acto religioso, pero no deja de ser político y rayar con el acoso.

Un tipo de legislación así no busca respetar la consciencia del personal de salud o administrativo, sino ver el modo de impedir u obstaculizar lo máximo que puedan el acceso a derechos. Y, además, olvidan que realizando ello estarían violentando la conciencia de la persona necesitada de atención, que se ve obligada a tener en cuenta la libertad individual de un servidor o servidora público, postergándose ella misma. En un país con inestabilidad jurídica como el Perú una ley como esta solo es una imposición de creencias. 

El amparo de la libertad religiosa permite, ciertamente, no vivir discriminación por las creencias particulares. Pero como todo derecho, lleva en su contraparte un deber, como en este caso se trata del respeto a otras expresiones religiosas o no religiosas que también cohabitan el país. 

El empleo de la objeción de conciencia ha servido en diferentes partes del mundo a que personas de diferentes edades y clases sociales, por motivos religiosos, no realicen ciertas actividades. Es el caso de lxs menonitas, quienes han conseguido, bajo esta objeción personal, no realizar el servicio militar donde es obligatorio, o quizá venga a nuestra mente el impedimento a trasfusiones de sangre por parte de lxs Testigxs de Jehová. Más allá de los desacuerdos que podamos tener con el actuar religioso, el logro de la objeción de consciencia no es sobre una persona funcionaria, sino sobre quien accede a un derecho bajo el principio de autonomía. 

Es cierto que quienes son servidores o servidoras públicas también poseen ciudadanía, pero en todo caso, es necesario regular que una persona pueda objetar consciencia, bajo la condición de considerar la gravedad de la persona que requeriría de esos servicios. Ni un camillero ni la administradora podrían negarse a brindar atención a una persona en estado grave bajo esta objeción, razón por la que podrían existir objetores de consciencia de modo personal, pero jamás podría ser objetora de consciencia una institución del Estado, motivo por el que hay que luchar para que cada institución con objetores u objetoras de consciencia garantice inmediatamente la atención. De no hacerlo se cometería negligencia, esto es lo que la ley Muñante quiere garantizar.  

III 

No puede negarse de ninguna manera que una ley como la de Muñante buscaría afectar los pocos avances que tenemos en materia de derechos a la autonomía, como es el caso de los abortos y de la eutanasia/suicidio asistido. Lo mismo, no puede dejarse de tener en cuenta que el uso y abuso de los discursos de derechos forma parte de sus estrategias políticas. Ante la arremetida conservadora es necesario pelear por límites y colocar en el debate público cómo atender situaciones frente a la colisión de derechos.

Un padre o madre de familia puede impedir que su hijx lleve el curso de religión (que de hecho no debería impartirse) porque no coincide con sus prácticas religiosas, pero no puede impedir que reciba educación sexual, porque mientras que lo primero afecta directamente su foro interno, lo segundo atenta a un proyecto de sociedad que implica expandir la consciencia. La pugna por la libertad no está en prohibir el acceso a derechos como estos grupos pretenden, sino por garantizar la posibilidad de acceso a ellos. No me parece broma alguna cuando algunos medios de comunicación llaman Renovación medieval a ese grupo político, tal y como actúan su intención es regresar a un tiempo en que podían controlar los cuerpos a su merced y como ahora no pueden hacerlo a sus anchas emplean el discurso de derechos para validarse. 

Ninguna creencia religiosa puede imponerse por sobre una necesidad vital, por eso desde una perspectiva bioética social no puede solo considerarse la relación médicx-paciente, sino que debe analizar otras situaciones que van más allá del acto mismo. El caso de Mila, el caso de Ana Estrada y muchos otros superan esa dicotomía a creces, porque no está en juego lo que el funcionario o la funcionaria crean, sino el futuro de esa persona a la que se le obliga a sufrir innecesariamente.

Es deber del Estado garantizar los derechos de la ciudadanía, frente a la colisión de derechos es fundamental buscar no el mal menor, sino el mayor bien posible de la persona atendida, que es la que se encuentra en una condición de vulnerabilidad. En tal situación no se encuentra ni el personal médico ni el personal administrativo. En ese sentido, la autonomía del personal de salud no puede violentar la autonomía de las personas que acuden a ser atendidas. La religión es una cuestión social y la libertad de culto forma parte de un estado de derechos, pero no tenemos por qué imponer cierta religión o moralidad y su valoración del mundo como si fuese la religión del Estado. 

La vida en sociedad demanda mínimos éticos que nos permitan convivir. A diferencia de lo planteado por estos grupos conservadores, leyes como el aborto legal y seguro o la eutanasia no son imposición para todas las personas, sino la posibilidad de vivir una autonomía sobre las propias vidas, a diferencia de sus proyectos de ley que buscan restringir posibilidades. Esta gente, ciertamente, está en el derecho de creer que su dios es un gato, pero no podemos permitir que usen el país entero como su arenero. 

La necesidad de un nuevo pacto social se hace cada vez más necesario. Este pacto implica reconocer a estos grupos como parte de la pluralidad, por lo que, en ese escenario, reconocer la coexistencia y ser conscientes de su actuar ayudaría a que estos grupos dejen de victimizarse y empleen el discurso de los derechos para imponerse. Esta situación coloca otro frente de lucha ante los fundamentalismos religiosos: ningún derecho puede garantizar la impunidad, que esto nos quede muy presente. Ha de colocarse esto en el debate. 

Es cierto, el Estado no debería obligar a actuar en contra de la consciencia. Tampoco un congreso corrupto y deslegitimado debería obligarnos a actuar en contra de la nuestra.

Sobre el autor o autora

Enrique Vega-Dávila
Doctor en Estudios Críticos de Género por la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México. Bachiller, Licenciado y Maestro en Teología. Sus líneas de investigación son poder, subjetividades e instituciones religiosas desde los estudios críticos de género.

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