La vanidad del poder

Escrito por Roger Merino

Mientras Dina Boluarte aún se ajustaba la banda presidencial y se probaba su rolex nuevo en diciembre del 2022, su régimen reprimía y asesinaba a decenas de manifestantes con el objetivo de “pacificar el país”. Un año después, Boluarte visitó Ayacucho, uno de los Departamentos en donde los deudos de su política represora aún lloran a sus muertos y no obtienen justicia. Esa vez lanzó caramelos a una pequeña multitud empobrecida que veía cómo las joyas del rolex brillaban en su muñeca. Y ha seguido luciendo sus rolex en cada evento público, mientras que el Perú vive un deterioro institucional que parece no tener fin, acompañado de crisis alimentaria, sanitaria y de seguridad. Según datos del propio gobierno, la anemia crónica alcanza el 43% de niños de 6 a 35 meses, el país sufre la peor epidemia de dengue en su historia, y la ciudadanía vive cada vez más atemorizada por una ola de criminalidad que ha aumentado de forma exponencial en el último año (los casos de robo se han incrementado más del doble en el 2023).

¿Qué hace que una gobernante con los niveles más bajos de popularidad en la región, sin ningún logro de gobierno y responsable político de violaciones sistemáticas de derechos humanos muestre tremenda opulencia en público? No es una cuestión de “amateurismo político” como varios analistas han sugerido. No es mera frivolidad o simple performance de una mandataria que sigue las pautas de una cara asesoría de imagen. Creo que tiene que ver con un sentido perverso de vanidad, la vanidad del poder. El historiador Martyn Housden reformuló la famosa frase de Hannah Arendt “la banalidad del mal” que hacía alusión a los burócratas del holocausto que cometieron los crímenes más atroces cumpliendo órdenes y normas, y planteó la frase “vanidad del mal” para referirse a cómo ciertos funcionarios aprovecharon las oportunidades ofrecidas por el aparato represor del nazismo para mejorar su estatus económico y social. Lo que me interesa de este concepto es aquello que sustenta la vanidad, ese sentido de respaldo que permite actuar de forma inmoral sin temer a algún tipo de sanción. 

La vanidad del poder está presente en el Ejecutivo y el Congreso. En ambos escenarios, los actores políticos pueden tomar decisiones impopulares, inconsecuentes, descaradas, y lo hacen porque tienen el poder para hacerlo. Así, el Congreso puede inhabilitar a funcionarios bajo ningún sustento legal, cambiar sustancialmente la Constitución Política en su beneficio, asegurar impunidad a congresistas que cometieron delitos comprobados, y más sin rendir cuentas a nadie. Porque han cooptado buena parte de los organismos autónomos y tienen el poder para hacerlo. La mandataria puede ignorar las diligencia del Ministerio Público y sus ministros pueden implementar políticas que solo benefician a determinados grupos de interés. Tienen el poder para hacerlo.

¿En qué se sustenta ese poder? En un conjunto de pactos oscuros por los cuáles actores políticos y funcionarios avanzan la agenda de grupos de interés, muchos de ellos ilegales, y se blindan para asegurarse impunidad. Y son pactos que atraviesan distintas instancias del aparato público, desde gobiernos regionales, la municipalidad de Lima, ministerios y Congreso. El Ejecutivo es la mano represora que canjea su continuidad a cambio de ejecutar los mandatos de las redes clientelistas y anti-regulación. Entre ellos, los que cooptan los organismos supervisores como la SUNEDU; los que lucran de la  minería ilegal, tala ilegal, transporte ilegal; los que quieren la aprobación de obras para sus regiones o tener luz verde para proyectos irracionales, como el Alcalde de Lima que va a endeudar a la municipalidad por décadas para cumplir sus afanes proselitistas. Todos quieren su tajada. Los de arriba, los de siempre, los que históricamente han tenido influencia directa en los asuntos públicos quieren reactivar “mega proyectos”, quieren beneficios tributarios. Los de abajo quieren formalizar sus prebendas.

Podemos comprender esta distribución de poder de forma semejante a como Toni Negri concebía el capitalismo global: es un imperio de redes de poder sin emperador. Nuestro capitalismo corrupto o crony capitalism es justamente eso, un conjunto de redes dominadas por reyezuelos haciendo y deshaciendo en su sector económico, en su municipio, en su ministerio. En este contexto Boluarte es precaria pero paradójicamente también poderosa. Es una pieza intercambiable pero mientras tiene carta blanca para reprimir, terruquear, imponer. Y seguirá allí dependiendo de los cálculos de las redes de poder. 

Esto evidentemente no es algo nuevo en el Perú. Ni es un problema de “debilidad de partidos”. Los partidos funcionan más como emprendimientos que como organizaciones políticas porque desde el Fujimorismo no solo se neoliberalizó la economía sino también la política. Esto ha generado una forma de gestionar los asuntos públicos en la cual el bienestar general está supeditado en gran medida a los beneficios de los que detentan poder e influencia. Y claro, en las últimas décadas esta forma de hacer política ha tenido momentos de retroceso, pero, en general, se ha mantenido vigente. Y hoy, más que nunca, impera de forma abierta, sin vergüenza, imponiéndose como expresión de sentido común. 

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