¡El problema es el Estado!
El más reciente discurso de la derecha es que la razón por la que nuestro país se encuentra en la situación actual es por la incapacidad del Estado de administrar los recursos y ejecutar los presupuestos.
El más reciente discurso de la derecha es que la razón por la que nuestro país se encuentra en la situación actual es por la incapacidad del Estado de administrar los recursos y ejecutar los presupuestos.
A poco que se conocieran los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, alguien me dijo: “En el Perú la derecha siempre pierde las elecciones, pero termina gobernando”; después de pensarlo, he llegado a la conclusión de que tal afirmación tiene mucho de cierto.
La legislación de contratos de seguros en el Perú está contenida en el Código de Comercio de 1902, que, a su vez, es en buena parte copia del texto español de 1875.
El problema es que el Gobierno no tiene claro su norte, o, en todo caso, no lo ha hecho público; lo más relevante es que ha estado dedicado a apagar incendios (Conga, Espinar, etcétera).
La evolución del pensamiento político ha traído consigo una gran confusión en el uso de determinados términos o palabras.
Los peruanos, pero también muchas personas de otras nacionalidades, tendemos a explicar nuestras desgracias escarbando en lo inmediato como los hombres de las tribus prehistóricas que creía que había dejado de llover porque algunos se habían portado mal.
Desde los tiempos en que Edmund Burke, en el siglo XVIII, la bautizara como el “cuarto poder’, la influencia de la prensa ha aumentado de manera geométrica, y es perfectamente sostenible que se la considere como un poder del Estado.
Una ley que ordene los contratos de seguros es absolutamente necesaria en un régimen que privilegie el derecho de los ciudadanos.
Después de que se aprobara la ‘Ley de contrato de seguro’ (29946) –en adelante la Ley–, fuimos testigos de cómo poco a poco los aseguradores empezaron a aceptar los hechos consumados e incluso un alto funcionario llegó a afirmar que era una ‘buena ley’, pero como todo en este mundo, era perfectible.
La palabra latina autoritas, que es la que ha dado origen a la castellana “autoridad”, se refiere solo a cierta acepción en nuestra lengua, la que deviene del prestigio o crédito que tiene una persona por su legitimidad, calidad o conocimientos.