En mi modesta opinión, el curso de Filosofía del Derecho en las facultades de Derecho debería tener por objetivo desarrollar la mentalidad crítica de los alumnos para que empiecen a preguntarse por los fundamentos del sistema jurídico, las leyes y las normas, de tal manera que estén en capacidad de cuestionar lo que corresponda y ser creativos cuando les toque la tarea de redactar leyes o aportar a su texto.
Hannah Arendt afirmó que el hombre es incapaz de deshacer sus acciones, pero tiene la facultad de perdonar.
Lo que no funciona es el estatismo. Las socialdemocracias (socialismos democráticos) escandinavas contradicen a quienes sostienen el fracaso del socialismo.
Me temo que detrás de lo que se ha comentado sobre la disolución del Congreso hay motivos ocultos de algunos de los que sostienen la inconstitucionalidad de la decisión de Vizcarra. Es ridículo, pero están tratando de vendernos la idea –y algunos se la han creído haciendo de tontos útiles– de que estamos en peligro de caer en manos de los ‘rojos’ y ad portas de convertirnos en otra Venezuela, cuando en realidad lo que temen –políticos y empresarios– es que siga la lucha anti-corrupción y se continúe ‘levantando la alfombra’.
En el mejor sentido de la palabra un político tendría que ser una persona que trabaja por el bien común y tiene como objetivo servir a sus conciudadanos y compatriotas. Sin embargo, ser considerado un político eficiente en el Perú ha devenido en algo que tiene cierta equivalencia con el adjetivo ‘mañoso’. Hay que sabérselas todas, sospechar de todos y si es posible engañarlos.
Se ha discutido mucho sobre la constitucionalidad de la ‘cuestión de confianza’ tal como ha sido presentada por el Poder Ejecutivo y ciertamente pueden encontrarse grietas en algunos aspectos jurídicos, sin embargo, hay que reconocer que el Congreso no tiene autoridad moral para criticarla.
Hace unos días tuve una discusión con una persona que aprecio, porque él consideraba que La tía Julia y El pez en el agua de Vargas Llosa eran exhibicionistas, pecaban de hacer público lo que es eminentemente privado. En mi modesta opinión, la verdad no tiene por qué incomodar a nadie o por lo menos no debería.
Ahora que se acaba de nombrar una Comisión para preparar un proyecto de reforma política o un paquete de recomendaciones, considero conveniente hacer algunos aportes. Es cierto que hay que tener presente la dicotomía entre realidad y Derecho que trajo a colación Fernando Tuesta cuando afirmó que ‘la mejor reforma es la que se puede cumplir’, pero tenemos una oportunidad inédita y quizá única, por lo que es necesario tener la osadía de pretender más de lo usual, hacer nuestros propios ensayos y no limitarnos a repetir lo que ya se hizo en otras partes.
Es frecuente en nuestros días encontrar en la prensa muchos artículos en los que se reclama al presidente Martín Vizcarra un programa posterior al Referéndum y no dejan de tener razón. Tener objetivos y plazos es indispensable para realizar un buen gobierno, pero por desgracia no es una costumbre en nuestro país. Nos pasamos discutiendo los planes durante los períodos eleccionarios y luego los olvidamos para que los diferentes grupos de poder, incluidos los medios, se dediquen a reclamar por tal o cual política, norma u obra.
¿Qué legitima la actuación de un gobierno? Una respuesta razonable debería ser que con sus actos está cumpliendo con sus promesas (ofertas electorales y plan de gobierno), pero en nuestro país los planes de gobierno sólo sirven para discutirlos durante el período electoral, ya que luego de elegidos los gobiernos apenas se acuerdan de que existen. Lo mismo pasa con las ofertas electorales. Lo increíble es que en lo que acabo de describir colaboran los medios y muchas de las instituciones de la sociedad civil. Si pasamos revista a los pedidos de las diversas organizaciones empresariales, sindicales o de cualquier índole, son pocas las que reclaman que se cumpla con lo ofrecido.