Los elevados niveles de vulnerabilidad social e inequidad en el acceso a oportunidades que persisten en la sociedad peruana, a pesar del crecimiento económico, justifican que muchas de las familias pobres utilicen los programas sociales para satisfacer sus necesidades más elementales.
Al inaugurarse el mandato de Ollanta Humala como Presidente de la República en el año 2011, se generó gran expectativa alrededor del enfoque de crecimiento con inclusión social que pretendía llevar adelante el nuevo gobierno.
Para el Perú, los últimos diez años han significado un desempeño macroeconómico sin precedentes. Con una tasa de crecimiento promedio anual del 6%, un superávit fiscal de poco más del 1% del PBI durante ese periodo y una inflación de alrededor del 3%, fue uno de los países de América Latina que no solo creció más sino que lo hizo en un contexto de estabilidad en sus equilibrios fundamentales.
La pandemia y sus posteriores efectos económicos han puesto en evidencia serias deficiencias en los sistemas de protección social del país, lo que no solo habría incrementado el impacto de la crisis en las familias, sino que podría afectar su propio proceso de recuperación o incluso profundizar inequidades en el largo plazo.