La evolución de la economía peruana durante estos primeros meses del 2013 le ha pegado un susto a más de uno: de repente el término “desaceleración” se puso de moda, se inició un intenso debate sobre el cómo y el porqué de tal desaceleración, y en ese contexto el Gobierno anunció medidas dirigidas a reactivar la economía, fundamentalmente mediante la agilización de la ejecución de un paquete de grandes inversiones en infraestructura y proyectos mineros.

Aproximadamente desde hace una década, nuestro país viene desarrollando una agresiva política de negociaciones comerciales, lo que se refleja en la cada vez más larga lista de acuerdos de libre comercio suscritos con las principales economías mundiales, incluyendo los Estados Unidos, la Unión Europea y China.

A apenas un día de que se cumpla el primer año del gobierno de Castillo; y en espera de su mensaje del 28 de julio; es difícil escribir sobre la política económica sin una sensación que combina incertidumbre y desesperanza.

Entre los retos y desafíos que el Perú encara como nación, la reducción de la desigualdad, o desigualdades, es uno de los más urgentes y cruciales; si queremos convertirnos en un país donde todos los peruanos y peruanas tengan oportunidad a una vida digna y plena. Así ha sido señalado expresamente por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico – OCDE, que representa a los países más ricos y desarrollados, y a la cual el Perú aspira pertenecer el 2021.

Hace pocos días, Alfredo Thorne renunció al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF); otra baja más de un gobierno que sin haber cumplido aún un año, ya está nítidamente marcado con una impresión de precariedad. Thorne se ha marchado sin pena ni gloria, sin poder exhibir mayores logros.

Golpeados por una crisis sanitaria que aún no tenemos claro cuándo ni cómo terminara (¿llegaran las vacunas el 2021?); agobiados por la contracción de la economía y un profundo retroceso en el campo social, y bien hartos de la instabilidad política.