El proceso de justicia y verdad cumplió una década y este año ha entrado a una etapa definitoria. Este año, a propósito de la sentencia por la Corte Suprema de Justicia emitida en el caso Barrios Altos, los crímenes contra la humanidad volvieron a la primera plana de la agenda pública de la sociedad peruana y lo que pretendió ser un punto de quiebre a nivel jurisprudencial en materia de derechos humanos al final terminó convirtiéndose en una evidente victoria del movimiento de derechos humanos, respaldada por una amplia mayoría social dispuesta a no permitir la impunidad.

Hace algunas semanas, los familiares del general EP (r) Juan Rivero Lazo han denunciado lo que ellos califican como un abuso de la justicia peruana.

El Tribunal Constitucional (TC) acaba de emitir una sentencia que solo cabe calificarla como aberrante para el derecho. Después de más de dos años de espera el TC ha emitido sentencia –suscrita por jueces Mesía, Calle, Álvarez y Vergara- en el proceso de Habeas Corpus presentado por un grupo de elementos de la Marina de Guerra procesados por la matanza perpetrada en El Frontón los días 18 y 19 de Junio de 1986, en la que declara que este evento delictivo no tiene la condición de crimen de lesa humanidad.

Como se tiene conocimiento, el año 2017 la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en delitos de Lavado de Activos inicio una investigación contra Keiko Fujimori y la organización Fuerza Popular por la presunta comisión del delito de lavado de activos como consecuencia de haberse hecho de público conocimiento una anotación en la agenda personal de Marcelo Odebrecht en la cual se precisaba el dato “Aumentar Keiko a 500”. Dicha investigación se inició en el marco de la intervención del Ministerio Público sobre los casos de la mega corrupción de las constructoras brasileñas -lideradas por Odebrecht- en el Perú.