La crisis de gobernabilidad que sufre actualmente el Gobierno de Ollanta Humala a propósito del conflicto por el proyecto minero Conga, en Cajamarca, puede interpretarse como el episodio más importante —un punto de inflexión, si se quiere— en una sucesión de disputas políticas de distinto calibre con trasfondo ideológico.
A nueve meses de iniciado el Gobierno del presidente Humala, los sectores sociales y políticos que creían que su elección significaría un inminente quiebre en la institucionalidad democrática del país manifiestan no solo tranquilidad sino incluso apoyo al manejo gubernamental en general, y a la política económica en particular.
La reconciliación fue uno de los propósitos de largo aliento de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), y quizá por ello uno de los más imprecisamente delineados en el Informe final (IF), en el que se enunciaba como un objetivo general que se proyectaba hacia un futuro lejano e incierto, que debía asentarse en acciones y decisiones colectivas en el presente, que a su vez atendieran los urgentes reclamos de nuestro pasado cercano.
El 2018 será recordado como un año de cataclismos, un tiempo plagado de acontecimientos temidos, soñados y también inimaginables que alteraron con fuerza el status quo político en el que parecíamos anclados hasta entonces. La fuerza de lo extraordinario irrumpió en la política peruana para llevarnos a lo que parecía ser el borde de un abismo en el que –increíblemente- no solo no caímos, sino frente al cual atisbamos ahora oportunidades interesantes.
Pedro Pablo Kuczynski fue elegido presidente del Perú el 5 de junio con poco más de 42,000 votos, el 0.2% de total, en una dramática segunda vuelta contra Keiko Fujimori, quien lideraba las encuestas hasta solo cuatro días antes de la elección.