Tan cotidiana es la corrupción en América Latina que el historiador peruano Alfonso W. Quiroz inicia su excelente libro, Historia de la corrupción en el Perú, con una cita de una recordada canción del cantante Juan Luis Guerra, al ritmo de la cual seguramente muchos de nosotros hemos bailado.
“Más vale tarde que nunca” reza el dicho. Hace tiempo que ya se sabía de las presuntas tropelías que el ex presidente regional de Ancash, César Álvarez Aguilar, y su presunta red mafiosa venían perpetrando y que habían convertido a dicha región en una suerte de “zona liberada”, pero no por el terrorismo (como en el pasado), sino por el sicariato y la corrupción.
El artículo 110º de la Constitución del Perú consagra que “El Presidente de la República es el Jefe del Estado y personifica a la Nación”, y si bien eso de “personificar a la Nación” es un exceso verbal propio de monarquías absolutistas, tal como sostiene Enrique Bernales, lo cierto es que dicho artículo constitucional refleja que el Presidente de la República ostenta un gran poder en el Perú.
La noción de “sistema de justicia” ya está cómoda y pacíficamente instalada en el medio judicial. Recuerdo la ocasión que un ex presidente del Poder Judicial acusó a quienes promovíamos este término mucho más holístico sobre la justicia, que pretendíamos “licuar” (desaparecer) al Poder Judicial como poder del Estado.
Recientemente uno de los exministros de Justicia del gobierno de Alan García (2006-2011), Aurelio Pastor, fue condenado judicialmente por el delito de tráfico de influencias a cuatro años de cárcel efectiva, por haber ofrecido a una alcaldesa de entonces influir sobre algunas altas autoridades para que la beneficien con sus decisiones, a cambio del pago de una suma de dinero.
Falta tan sólo un quinquenio para cumplir 200 años como república democrática e independiente (¿democrática e independiente?).
Tengo 50 años y desde los 20 me considero una persona de izquierda. Nunca me gustaron “El capital” de Marx ni “Qué hacer” de Lenin, pero si los “Siete ensayos de la realidad peruana” de Mariátegui, revistas como “El zorro de abajo” o la “Teología de la Liberación” de Gustavo Gutiérrez.
Ante el debate público generado por el Proyecto de ley Nº 469/2016-CR, presentado por el congresista Javier Velásquez Quesquén y la célula parlamentaria aprista, que busca reformar parcialmente la Ley universitaria (Ley Nº 30220), consideramos pertinente recordar lo que sobre el particular, ya ha establecido la sostenida jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano.
Desde que la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente la existencia de una pandemia ocasionada por el Covid-19, los Estados de la región han venido tomando una serie de medidas de distinta índole para afrontarla, incluyendo algunas que limitan expresamente derechos fundamentales. Cuarentenas obligatorias, restricciones a la libertad de circulación y de reunión, cierre de fronteras, suspensión de labores en el sector público -incluyendo el poder judicial-, postergación de elecciones, son solo algunas de las medidas tomadas para responder a la crisis.
El Convenio de la OIT Nº 169 sobre pueblos indígenas y tribales, fue aprobado en 1989 y entró en vigor en 1991. El Perú lo aprobó mediante Resolución Legislativa Nº 26253 del 5 de diciembre de 1993 y comenzó a regir en nuestro país a partir del 2 de febrero de 1995.