Hace dos meses, una universidad peruana se levantó como nunca en su historia lo había hecho para reclamar por la situación en la que se encontraba, no solo por haber sido multada hace unas semanas con S/ 1’185’000 (300 UIT), ni tampoco exclusivamente porque hace unos meses las firma de las autoridades habían sido invalidadas por su desobediencia (imposibilitando así validar el año académico, los grados y títulos), ni solo porque durante los dos años de vigencia de la nueva Ley Universitaria, Ley N° 30220, no había sido implementada adecuadamente en este universidad.