La provisión de alimentos constituye un deber elemental de las personas para con sus dependientes y un derecho humano que debe ser garantizado por el Estado. De él, sin duda, depende la realización de otros muchos derechos, ya que posibilita la continuidad de la vida, el bienestar y el desarrollo de las personas para su inserción social y económica como ciudadanas y ciudadanos libres y responsables.