Analizar lo ocurrido en el 2011 es ilustrativo de los cambios, oportunidades y también frustraciones que nos permiten visualizar mejor la manera de relacionarse del Estado con las comunidades y pueblos indígenas.
El último 3 de abril se publicó en el diario El Peruano el decreto supremo 001-2012-MC, mediante el cual se aprueba el Reglamento de la Ley de Consulta Previa (ley 29785).
El reciente conflicto entre Minera Yanacocha y un sector de la población en Cajamarca pone sobre el tapete una serie de omisiones y fallas que indicarían que el abordaje de esta clase de situaciones debe realizarse de manera sistemática y no solo coyunturalmente.
Cuando, en septiembre del 2011, el presidente Ollanta Humala promulgó en Imacita (Bagua) la Ley del Derecho a la Consulta Previa de los Pueblos Indígenas u Originarios, él y su Gobierno no calcularon una serie de circunstancias y de efectos de esta norma: transcurridos desde entonces cerca de 20 meses, no se ha llevado a cabo ninguna consulta, y es probable que su aplicación se vea dificultada en el futuro próximo, con las consecuencias que ello puede acarrear para el país y los pueblos indígenas.