Perdido en el alud cotidiano de noticias globales, un despacho proveniente de Kathmandú, Nepal, y fechado en los primeros días del presente año, da cuenta de un hecho curioso que acaso cobre relevancia a la luz del reciente intento de inscripción del Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (MOVADEF).
“Por un país con memoria histórica”. Fue lo que dijo al juramentar como Ministra de Cultura, Gissella Ortiz Perea. No era una mera declaración. De la manera más dura aprendió el valor de la “memoria histórica”: en la lucha porque las fuerzas armadas reconocieran su responsabilidad por la desaparición de su hermano Luis Enrique, una de las víctimas de la “masacre de La Cantuta” de 1992.
En agosto pasado tuve la oportunidad de conocer a Verónika Mendoza. A ocho meses de las elecciones generales el Perú seguía siendo, por ese entonces, un país sin izquierda aparente.
Es muy probable que el republicanismo –en tanto “tradición política” que constituye “una sólida base” para “consolidar la democracia, fortalecer la gobernabilidad y promover la cohesión social”[1]—sea uno de los conceptos más utilizados en la campaña electoral ad portas.