La ejecución de proyectos extractivos mineros, petroleros, forestales, etc. y de proyectos de infraestructura pública en territorios de pueblos indígenas y en general en zonas andinas y amazónicas, genera un conjunto de violaciones y afectaciones a derechos fundamentales y bienes jurídicos constitucionales, que consideramos que no están debidamente reflexionados y analizados por la comunidad jurídica.
Se han dicho muchas cosas de la CVR. En estas líneas daré mi opinión “de parte” sobre ella, a partir de mi experiencia de trabajo como coordinador de investigación en la Oficina Regional Sur Andina.
Hace dos días, en el contexto de la publicación de los #CNMAudios, el Ministerio Público y la Policía Nacional intentaron apropiarse del material periodístico de IDL-Reporteros. Además, ayer el Congreso de la República citó a su director, Gustavo Gorriti, para que asista a la Comisión de Fiscalización y revele la identidad de las fuentes utilizadas en sus investigaciones.
El Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Cultura no solo incumplen el derecho a la consulta previa de los proyectos mineros (Antapaccay, Hudbay, Las Bambas y otros), de los proyectos petroleros (lotes 116, 192, 135, 137, 102 y otros) y de los proyectos de infraestructura pública (Majes- Siguas II, línea de trasmisión eléctrica Moyobamba – Iquitos), sino que también violan el derecho de los pueblos indígenas a beneficiarse de las actividades extractivas en su territorio, que debe ser precisado al momento de realizarse la consulta previa.
La mayoría de jueces y fiscales no diferencian entre medidas de fuerza – como la toma de un local público por maestros para pedir aumento de sueldo, la toma de plazas púbicas por campesinos en Puno para protestar por la entrega de concesiones mineras a sus espaldas, o la toma de carreteras en el Baguazo por indígenas awajun para exigir la derogación de normas que las afectan y que no fueron consultadas – de los actos de vandalismo y sabotaje que solo buscan sembrar el caos y crear zozobra.
Un proyecto de ley en el Parlamento Europea puede cambiar la suerte de las comunidades campesinas y de la población en general afectada por actividades extractivas, y de la población campesina en Espinar, afectada por la actividad extractiva de la empresa minera Glencore.
La indiferencia e incapacidad del Estado1 acaba de cobrar una nueva víctima: la señora Margarita Ccahuana Córdova, diagnosticada con cáncer renal, que vivía en la comunidad del Alto Huancané, en Espinar, Puno. La culpa fue de las dependencias de Salud y Ambiente, quienes otra vez mostraron su ineficiencia para atender a la población expuesta a metales pesados por encima de los límites máximo permisibles.
El ex magistrado y expresidente del Tribunal Constitucional, encargado de la defensa de Fuerza Popular ante el JNE en este proceso electoral, sostiene en un reciente programa televisivo[1] que la limitación de 3 días a 2 días y 20 horas para presentar las impugnaciones ante el JNE, es inconstitucional porque constituye una transgresión al debido proceso y de garantías de los procesos electorales. Según Urviola, no se podría por razones procedimentales violar el debido proceso.
En primer lugar, el gobierno ha tomado la decisión de enviar más de un millar de efectivos militares al conflicto. Esta errada medida se asemeja a pretender apagar el fuego echando más gasolina.
Escrito por Esta es la pregunta de fondo a propósito de la demanda de conflicto de competencia presentada por el Gobierno contra el Congreso de la República, ante el Tribunal Constitucional que está pendiente de…