A inicios de 2017 el Poder Ejecutivo anunció que dentro de un nuevo paquete de proyectos, para los cuales se solicitaría al Congreso delegación de facultades legislativas, se incluiría la prórroga de la vigencia de la Ley 27360.
Tres años han transcurrido desde el inicio del actual gobierno, el cual generó expectativas entre sectores populares e inquietudes entre el empresariado. El inicio del 2013 se mostraba esperanzador, con su declaración oficial como “Año de la inversión para el desarrollo rural y la seguridad alimentaria”, el significativo incremento del presupuesto del Ministerio de Agricultura y la creación de un fondo de mil millones de soles para ejecutar mejoras de riego en comunidades altoandinas (a través del Programa Mi Riego) durante ese año.
En un número de Revista Ideele publicado en 2014 escribimos un artículo titulado “Indiferencia oficial ante la agricultura familiar”. Varias cosas han cambiado desde entonces, sin embargo, el cuadro de fondo sigue siendo el mismo.
Superada la convulsión generada tras la vacancia del expresidente Vizcarra, el 30 de noviembre nos despertamos con las noticias de protestas de los trabajadores de las empresas agroexportadoras y agroindustriales de Ica, protestas que se extendieron a la costa norte.