Un artículo reciente de Carlos Basombrío* sostiene que el colapso del régimen de Fujimori abrió “una nueva oportunidad para la paz” a partir de la posibilidad de “discutir y confrontar las consecuencias de la estrategia contrainsurgente del país”. Añade el autor que, en ese momento, “La mayoría de la población cuestionaba el autoritarismo, el autogolpe y las violaciones de derechos humanos.
Vargas Llosa –a diferencia de López Albújar, Ciro Alegría, Julio Ramón Ribeyro o Manuel Scorza –no ha tenido el mundo del derecho como un tema destacado entre sus “demonios”.
La recientemente publicada Historia de la corrupción en el Perú, de Alfonso W. Quiroz (Lima: Instituto de Estudios Peruanos, Instituto de Defensa Legal, 2013), ofrece una mirada nueva a hechos y personajes clave del país, a lo largo de varios siglos. Muchos son los temas y ángulos explorados por el historiador económico que fue Quiroz, sobre la base de un extenso uso de fuentes diplomáticas poco o nada trabajadas hasta ahora.
Para llegar al penal Castro Castro hay que atravesar el distrito de San Juan de Lurigancho que, con más de un millón de habitantes, es el más poblado de Lima según cifras oficiales.
Cuando me hice abogado, el tratamiento de la prensa a los procesos judiciales era relativamente conciso y discreto. Los casos que conocía la justicia –como aquellos que eran investigados por la policía– merecían cortas notas informativas, circunscritas a dar cuenta de los avances del asunto, usualmente relegadas a páginas interiores. Como excepciones, ciertos casos adquirieron resonancia; fue lo que ocurrió con crímenes como el cometido por el psiquiatra Segisfredo Luza en 1966 o el de Luis Banchero Rossi en 1972.
La encuesta de GfK correspondiente a febrero formuló una pregunta referida a tres actores: ¿Considera que en el Perú la gente respeta las leyes? ¿Y los políticos? ¿Y las autoridades? Los resultados acaso no sean sorprendentes pero tienen la virtud de enfrentarnos, sin escapatoria, a una realidad que conocemos.
En el comienzo fue Bolívar. Luego de proponer, sin éxito, instituciones vitalicias en Venezuela y Colombia, en 1826 logró incluirlas en la constitución del país que adoptó su nombre en homenaje manifiesto: Bolivia. Con ocasión de ese texto, don Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Ponte Palacios y Blanco, conocido como el libertador Bolívar, escribió: “El presidente de la República viene a ser en nuestra constitución como el sol que, firme en su centro, da vida al universo.
Según la RENIEC, Gladys Chompitea no existe. La última vez que votó fue en 1985 –cuando, según su recuerdo, muchas chicas votaron por Alan García porque era guapo–, salió del país en 1986 y nunca cambió su libreta electoral, que aún conserva, por un DNI.
Formularse esta pregunta, luego de tres décadas de la “vuelta a la democracia” en América Latina, tiene que ver con ese conjunto de rasgos del funcionamiento de los regímenes con origen electoral que han llevado a llamarlos “democracias limitadas” o “de baja intensidad”, u otras figuras retóricas que aluden a sus insuficiencias.
Es difícil escribir sobre alguien a quien se ha conocido de cerca y alcanzó la importancia que logró José Matos Mar. En parte porque, precisamente, la cercanía es contraria a la distancia verdaderamente necesaria para intentar un balance mínimamente equilibrado.