En Educación: Inclusión o exclusión, esa es la cuestión
El derecho a la educación, garantizado desde la primera Constitución Política de la República de 1823, no es todavía una realidad para todos y todas.
El derecho a la educación, garantizado desde la primera Constitución Política de la República de 1823, no es todavía una realidad para todos y todas.
Según las últimas encuestas, la gran mayoría de los peruanos y peruanas consideran que se debe reformar o renovar la Constitución Política; se puede suponer que muchos le atribuyen causalidad a la “ley de leyes” de 1993 en la generación de los graves problemas sociales, económicos, culturales y políticos por los que atraviesa el país, que se agudizaron durante la pandemia y se han agravado en los últimos meses.
En la década de los años 60 del siglo pasado los escolares peruanos cantábamos el himno premilitar, en la hora semanal que se destinaba a un curso de instrucción que -por lo general- estaba a cargo de un personal de las Fuerzas Armadas.
El gobierno de PPK nos anunció desde el primer día que destrabaría las grandes inversiones para reactivar el país. Pero al gobierno del “destrabe” se le ha olvidado la Educación Pública, que es la inversión más grande que realiza el Estado peruano todos los años. Los ministros y los economistas del MEF ponen su mayor esmero y hasta arriesgan el cargo para destrabar proyectos de aeropuertos, puertos, carreteras, minas y hasta el Metro de Lima; pero son más bien reacios cuando se trata de la inversión más importante de todas: la Educación.
A propósito de un proyecto de ley que propone que los padres de familia tomen decisiones sobre los materiales y recursos educativos que se usan en las escuelas para cuidar su calidad, conviene recordar lo que dicen la Ley General de Educación y su Reglamento sobre este tema y sobre el currículo y la política pedagógica, que es el marco en que se diseñan y aplican los materiales educativos.
En educación tenemos enormes desafíos. Ya teníamos un sistema escolar deficiente y marcado fuertemente por la desigualdad, la segregación, el centralismo, la falta de pertinencia y de relevancia frente a la diversidad de contextos territoriales, sociales, culturales y lingüísticos, el maltrato de los docentes, la corrupción, y otros problemas.
El debate en torno a la ley con la que se pretendía “reincorporar” a docentes interinos del régimen laboral anterior a la actual Carrera Pública Magisterial, no ha terminado con la decisión del Congreso de cancelar su ley. Por el contrario, la discusión se debe ampliar para incluir el tema de los docentes contratados, que han ido creciendo en cantidad en los últimos años y actualmente representan cerca del 40% del total del magisterio que trabaja en la Educación Básica a cargo del Estado.
Escrito por Crédito de imagen Andina.pe Paradójicamente, la emergencia sanitaria, económica y educativa provocada por la pandemia del Covid-19 puede ser una oportunidad para avanzar hacia la escuela pública universal, gratuita, inclusiva y democrática que…
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