El 21 de junio de 2016, durante el gobierno del presidente Ollanta Humala, se promulgó la Ley N° 30470, la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas durante el periodo de violencia 1980-2000 y se aprobó el Primer Plan Nacional (RM 363-2016-JUS).
Esta obra fruto de 11 años de investigaciones en las comunidades ashaninka y nomatsiguenga de la selva central, era bastante voluminosa (790 páginas) y estaba destinada a un público académico.
En el mes de agosto se han registrado tres masacres de civiles por hombres “blancos” en Estados Unidos. La primera tuvo lugar en El Paso y tuvo como móvil la “defensa de su país de la invasión extranjera”, lo cual demostró, una vez más, que el racismo ordinario de los descendientes de migrantes europeos en Estados Unidos contra los no-blancos (nativos americanos, norteamericanos originarios de América Latina, Asia y África, migrantes recientes) se ha transformado en una estrategia eliminacionista simplemente criminal y terrorista.
La región del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) se encuentra en situación de emergencia desde 1999, es decir hace 19 años. Desde entonces, observamos una situación de guerra de baja intensidad cuya perennidad está asociada a varios factores, que dependen en gran medida de la situación geográfica agreste y de acceso difícil de esta región que cubre cuatro departamentos y 69 distritos.
Viviendo lejos del país, actualmente en Francia, recién hace pocos días me enteré con gran estupefacción y asombro que gracias a un reclamo depositado por Eduardo Abusada [estudiante de Maestría de Derecho] en el Libro de reclamaciones de la PUCP, en octubre último, se hizo público el gran escándalo de los cobros indebidos realizados en la PUCP a los estudiantes que se demoraban en cancelar sus boletas, con pleno conocimiento de las autoridades y del personal administrativo encargado de esos cobros. Siendo egresada de la facultad de ciencias sociales, departamento de antropología [Licencia en 1983], e investigadora asociada al IDEHPUCP, quisiera hace algunos comentarios sobre la grave crisis moral y administrativa de nuestra comunidad universitaria.
Desde hace una década asistimos a la emergencia de “hombres fuertes”, machos providenciales, que anuncian y prometen salvar a sus sociedades de todos los males en varias partes del mundo. Todos se presentan como la respuesta (incluso imperfecta) de tres cuestionamientos existenciales: ¿en quién podemos confiar ante nuestras angustias profundas?, ¿quién puede restablecer la confianza de la nación en épocas inciertas?, y ¿quién nos permitirá no inquietarnos más en el futuro? (Roger Boyes, Times, 12 de octubre de 2018). La ola populista se está expandiendo por doquier en el planeta pues estos “hombres fuertes” responden a las esperanzas y sobre todo a los temores (reales y falsos) de los pueblos necesitados de protección en estos tiempos de mundialización.
Un gran movimiento social ha comenzado en Francia a inicios del mes de noviembre, provocando graves violencias urbanas y una represión nunca antes vista en el país, sobre todo el sábado 1ro de diciembre, cuando miles de manifestantes marcharon en la Avenida de los Campos Elíseos y llegaron al monumento del Arco del Triunfo, realizando actos de vandalismo que han dejado traumatizados a muchos ciudadanos que consideran que se ha “profanado” un monumento erigido luego de la Primera Guerra mundial, que representa a la nación francesa y donde se realizan ceremonias oficiales muy solemnes.
El machismo y la violencia contra las mujeres es una práctica social ordinaria en Marruecos y en el Magreb (occidente musulmán) en general. Ello no es una particularidad regional pues la dominación masculina es la costumbre social mejor compartida en todas las sociedades humanas (Harari 2011). En efecto, según la antropóloga Françoise Héritier (1996), la jerarquía establecida desde el pasado remoto entre los hombres/superiores y las mujeres/inferiores se actualiza en tanto “valencia diferencial de sexos”. Héritier plantea que el fundamento de esta jerarquía es la voluntad de controlar la reproducción humana de parte de aquellos que no pueden engendrar, los hombres.
En una coyuntura política fuertemente marcada por el desorden estatal y parlamentario, y los numerosos casos de corrupción en los que está envuelto el presidente Castillo, sus familiares y sus amistades, este año se cumplen 19 años de la entrega del Informe Final de la Comisión de la verdad y la reconciliación al Estado y a la nación.
Los trágicos sucesos del secuestro, violación y asesinato de una niña de once años en Lima, en las inmediaciones de la Comisaria de San Juan de Lurigancho, han traído como consecuencia el retorno de las demandas por reimplantar la pena de muerte en el Perú contra los criminales violadores y/o asesinos de niñas y de adolescentes. Si la atrocidad de ese crimen lleva a los familiares y a una gran parte de la opinión pública a pedir la muerte del agresor, algunas personalidades políticas la han instrumentalizado para afianzar sus clientelas electorales.