La relación entre el Estado, las empresas extractivas y las comunidades locales, nativas o campesinas, es indudablemente difícil, tanto así que se ve reflejada en un número de conflictos sociales que va creciendo de gobierno tras gobierno sin que se encuentre solución para muchos de ellos.
En pleno siglo XXI, tras un siglo del reconocimiento de las comunidades indígenas por el Estado, en el Perú no existe aún un mapa oficial de comunidades nativas y campesinas, no hay cifras oficiales ni datos precisos al respecto, lo que existe es un catastro de tierras imperfecto por la falta de georreferenciación, la misma que se encuentran dispersos puesto que la competencia de la titulación de comunidades ha sido trasferida entre diferentes sectores del estado a lo largo de la historia, y en particular en las dos últimas décadas: Ministerios de Fomento, Justicia, Trabajo y Agricultura; y Gobiernos Regionales.
Después de diez años, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) está próximo a realizar un nuevo censo de Población y Viviendas en el Perú, que tiene como uno de sus desafíos superar el vacío de información real y confiable sobre la cantidad de población indígena y etnias que hay en nuestro país.