En las últimas semanas se ha dicho y escrito bastante en torno al Informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) a 10 años de que fue entregado al país. El Informe recogía no solo los resultados de dos años de investigaciones, entrevistas con más de 17 mil personas, audiencias públicas y debate; también sintetizaba un largo proceso de lucha por la verdad y la justicia desarrollado por víctimas, familiares y diversos movimientos comprometidos con la causa de los derechos humanos.

Imagínate que hace varios años te detuvieron, acusado de terrorismo, y te llevaron a un cuartel militar, donde te sometieron a brutales torturas. Imagínate que después de un tiempo se dieron cuenta de que no eras terrorista y te soltaron. Sabes que tuviste suerte, pero igual te sientes mal porque a muchas personas no les pasó lo mismo; sabes que otros fueron asesinados y otros más desaparecidos para siempre.

¿Existe un modelo institucional de comisiones de la verdad? ¿Cuáles son sus limitaciones y posibilidades? ¿Cuáles fueron los puntos débiles de la CVR peruana? ¿Qué nuevas investigaciones son posibles y necesarias?

Hay eventos cruciales en los países, que marcan un rumbo diferente en la historia y permiten hacer un alto y dar curso a una nueva forma de vida de la sociedad. La II Guerra Mundial es un ejemplo de ello: tuvieron que morir millones de personas para que se fundara Naciones Unidas con la firma de la Carta de San Francisco.

La reconciliación fue uno de los propósitos de largo aliento de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), y quizá por ello uno de los más imprecisamente delineados en el Informe final (IF), en el que se enunciaba como un objetivo general que se proyectaba hacia un futuro lejano e incierto, que debía asentarse en acciones y decisiones colectivas en el presente, que a su vez atendieran los urgentes reclamos de nuestro pasado cercano.

El Perú no escapa de lo que dice la excelente “memoróloga” citada en el epígrafe. En nuestro medio se abarcan todos los niveles que suele comprender el trabajo en torno a Memoria. Hay ya una serie de reconstrucciones de lo que pasó en el ámbito local (comunidades), sustentada en testimonios de los mismos pobladores.

En Lo que queda de Auschwitz, Giorgio Agamben retoma la figura simbólica del “musulmán” para describir una situación última de exterminio del ser humano, lo no clasificable social, moral o políticamente. “Puesto que lo que estaba en juego en la situación extrema era ‘seguir siendo o no un ser humano’ (Bettelheim 3: 214), el musulmán marcaba de algún modo ese inestable umbral en el que el hombre pasaba a ser no-hombre”.

Resulta perturbador, sin duda, hablar de genocidios y masacres tomando la distancia del historiador. Invitamos al lector a hacerlo, golpe a golpe, verso a verso (dibujo a dibujo, en realidad), recordando que esa distancia no implica ni el olvido ni el perdón.

Por lo general, las violaciones de derechos humanos ocurridas en la región Lima, en lo que a ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas se refiere, se asocian a las actividades delictivas del Grupo Colina, autor de los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta.

El principal hallazgo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), hace 10 años, fue de naturaleza cuantitativa: las 69 mil víctimas mortales y la afirmación de que el principal perpetrador había sido Sendero Luminoso. Fue lo que Salomón Lerner resaltó en su discurso de entrega del Informe Final (IF) a Alejandro Toledo, lo que los medios pusieron en primera plana y lo que motivó las mayores discusiones.