Una de las cosas que más llama la atención cuando se llega a las comunidades asháninka de los ríos Ene y Tambo que fueron afectadas por el conflicto armado interno es la sensación de miedo que todavía predomina, y que incluso hoy en día, se transmite a las nuevas generaciones.
El periodo de violencia política y lucha contra el terrorismo dejó heridas muy profundas en la sociedad peruana. La violencia afectó a todos, incluso a los actores del sistema de justicia, que eran los llamados a defender —a pesar de sus debilidades— el precario Estado de derecho peruano.
En nuestro país existe una discrepancia entre la percepción que tenemos de las necesidades de los familiares de las personas desaparecidas y las acciones que hemos propuesto a favor de ellas. Para todos queda claro, por ejemplo, que las señoras de la conocida Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP) sufren por la incertidumbre de no saber qué fue lo que ocurrió con sus seres queridos; que la desaparición las afectó a distintos niveles (material, emocional, educativo, patrimonial, etcétera), y que tienen legítimas expectativas de justicia.
David Sulmont, actual director del Instituto de Opinión Pública de la PUCP, fue el encargado del área de Sistemas de Información de la CVR. Desde ahí veía todo lo concerniente a las estadísticas. Además fue miembro del Comité editorial del Informe Final.
Una mirada sobre Ayacucho —y, más aún, un balance sobre su situación— casi siempre se centra en comparar pasado y presente en materia de violencia y de la posibilidad de que ésta se repita de una u otra manera. Poco interesa analizar sus avances o retrocesos en lo que concierne a indicadores de desarrollo, grado de institucionalidad alcanzado y factores (distintos de la violencia pasada) para explicar sus posibilidades a futuro.
Se han cumplido 10 años de la presentación del Informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), lo que exige plantear un balance sobre el proceso de justicia derivado de sus investigaciones. Lo primero que debemos tener en cuenta es que ha sido un proceso muy complejo.
Se han dicho muchas cosas de la CVR. En estas líneas daré mi opinión “de parte” sobre ella, a partir de mi experiencia de trabajo como coordinador de investigación en la Oficina Regional Sur Andina.
La campaña municipal en Lima terminó hace unas semanas, pero nos ha dejado algunas lecciones interesantes no solo desde el campo exclusivamente político, sino también desde sus repercusiones en el ámbito social. Es muy conocido por cualquier persona medianamente informada —y reflexiva— que la cuestión de la migración venezolana en el Perú ha sido el chivo expiatorio de ya un buen número de campañas y discursos políticos en los últimos años.
A los militares se les estudia muy poco en el Perú, a pesar de que la mayoría de gobiernos de nuestra república ha sido regentada por instituciones castrenses.
El 2 de diciembre de 2020, mientras el Perú afrontaba la pandemia del coronavirus, un paro de obreros agrarios y recordaba las recientes protestas que se terminaron con el corto periodo presidencial de Manuel Merino el mes anterior, las portadas de periódicos y noticieros televisivos amanecieron con espectaculares portadas y titulares de un megaoperativo policial contra presuntos terroristas.