A diferencia del presupuesto del año 2012, formulado ya por el gobierno saliente al instalarse el periodo de Ollanta Humala, el del 2013 ha sido elaborado íntegramente por el actual Gobierno y, por tanto, debería expresar mejor sus prioridades.
Desde que estalló la crisis financiera en setiembre de 2008, han sucedido muchas cosas: la quiebra de numerosas empresas, el aumento del desempleo y de la pobreza en cientos de países, las oportunidades perdidas para millones, el descontento social generalizado.
Richard C. Koo es jefe de Nomura Research Institute y uno de los economistas más prestigiados del mundo. Predijo la crisis japonesa y asesora a diversos Estados respecto a cómo enfrentar la crisis económica. A diferencia de otros expertos, Koo recomienda profundizar el gasto fiscal para reactivar el crecimiento económico.
Una ley que ordene los contratos de seguros es absolutamente necesaria en un régimen que privilegie el derecho de los ciudadanos.
El 31 de Octubre 2012, el Presidente de la Comisión de Energía y Minas pidió a la Junta de Portavoces del Congreso, que se incluya en la agenda del pleno el proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre la mal llamada “masificación del gas”, que ha venido inventado al paso el ministro Merino, en el afán de trabar y descuartizar el Gasoducto Sur Andino.
Las cifras macroeconómicas le permiten al país, de momento, respirar tranquilo. Sin embargo pecar de confiados sería fatal. Un reconocido economista nos alerta de los riesgos a mediano plazo, si no se toman las providencias necesarias.
Después de que se aprobara la ‘Ley de contrato de seguro’ (29946) –en adelante la Ley–, fuimos testigos de cómo poco a poco los aseguradores empezaron a aceptar los hechos consumados e incluso un alto funcionario llegó a afirmar que era una ‘buena ley’, pero como todo en este mundo, era perfectible.
Mendoza tiene razón cuando afirma, citando a Pritchett, que el crecimiento económico, expresado en la variable PBI per cápita, es una condición para el bienestar de las personas, y que todos los países que han progresado han mostrado incrementos significativos de esta variable.
En general, cualquiera ley de competencia tiene como objetivo garantizar que las empresas dominantes no impidan que se produzca una competencia efectiva al cerrar el mercado a sus competidores de una manera anticompetitiva, con los consiguientes efectos negativos en el bienestar del consumidor.
Este artículo tiene por objetivo sustentar, a través de un enfoque de derecho comparado con el sistema estadounidense, la admisibilidad de la demanda constitucional de amparo presentada por unos miembros de la sociedad civil peruana contra las empresas InRetail Pharma S.A. y Quicorp S.A. por la celebración de un contrato de compraventa el pasado 26 de enero de 2018.