La incorporación del metal en la construcción, definitivamente, ha revolucionado la arquitectura a nivel mundial. Durante las últimas décadas, las estructuras metálicas han sido utilizadas para toda clase de fines, desde invernaderos hasta rascacielos. En el Perú, por ejemplo, para dotar a las escuelas en zonas rurales de infraestructura pública de calidad.

El debate sobre cómo abordar género y terrorismo en el currículo escolar es una de esas manifestaciones de la tensión entre las corrientes progresistas de pensamiento educativo, vinculadas a la innovación, y las conservadoras, que idealizan dogmáticamente el pasado y que por ahora resultan ganadoras. Por más que sobren evidencias de que los herederos de tal educación han creado una sociedad que tiene la forma de una espiral descendiente para el progreso y bienestar colectivo, los gobiernos se han estado aferrando al único indicador positivo de una sociedad moderna, el de la estabilidad macroeconómica (aunque manteniendo las brechas de inequidad), a falta de la visión y el coraje necesario para hacer las reformas que la sociedad peruana necesita, incluyendo especialmente la educativa.

La reforma de la educación superior es una tarea necesaria y relevante en el país. Como resultado de las reformas neoliberales en el Perú de la década de los noventa (s. XX), la educación fue sometida a las reglas del mercado y con el Decreto Ley 882 (1996) se estableció que toda persona natural o jurídica tenía el derecho a fundar, promover y gestionar instituciones educativas con o sin fines de lucro. En consecuencia, los años posteriores a este DL marcaron la explosión de un sinnúmero de universidades en el país con fines de lucro y sin menor cuidado en la calidad del servicio.

Lo sucedido en las últimas semanas con las evaluaciones de los candidatos a la Junta Nacional de Justicia nos lleva a preguntarnos acerca de los estándares de conocimiento y probidad que debemos exigir en los futuros miembros de una institución crucial para el desarrollo del país. Este organismo autónomo cumple una función decisiva en una genuina democracia; elegir, ratificar y destituir a los jueces y fiscales del Perú. Por diversos motivos, ningún candidato ha logrado ganar una plaza. Necesitamos funcionarios públicos honestos, juiciosos y con una incuestionable vocación de independencia en el ejercicio de su labor.

El derecho a la educación está claramente plasmado en acuerdos nacionales de política que llamamos de Estado, pues tienen la intención de ser sostenidas en el tiempo, enfrentando el histórico incumplimiento de los planes y promesas en la política peruana. Las políticas de Estado del Acuerdo Nacional tiene entre sus desarrollos en educación el Proyecto Educativo Nacional al 2021 (PEN).

El enfoque pedagógico de la educación por competencias[1] se ha convertido en el paradigma educativo dominante en la mayor parte de los países occidentales, incluido el nuestro. Fue promovido desde organismos internacionales como el Banco Mundial, desde que, a finales del siglo pasado, se empezó a tomar clara conciencia de la importancia del llamado «capital humano» como eje del desarrollo económico de los países.

Trabajar habilidades emocionales con profesores tiene un impacto directo en los aprendizajes dado que se relaciona directamente con su desempeño. No es como algunos siguen pensando: un tema personal. Un grupo de estudiantes decidió llevar a cabo una experiencia con docentes de la Institución Educativa Elvira García y García que se encuentra en la modalidad EBA (Educación Básica Alternativa). El modelo de trabajo usado es el del Programa de Consejería (Egan, 1975) que busca atender necesidades físicas, emocionales, sociales y espirituales de las personas.

Recientemente, el Ministerio de Educación ha realizado un sondeo entre 225 mil 275 estudiantes de primero a quinto grado de secundaria, en unos 403 centros educativos de doce regiones del país: Piura, Cajamarca, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima, Callao, Arequipa, Cusco, Huánuco, Loreto y Ucayali. La colecta de información se hizo en el marco de la Estrategia Nacional de Participación Estudiantil “Somos Pares”.

La Ley Universitaria promulgada en julio del 2014 marcó el inicio de la reforma universitaria en el Perú, incorporando al sistema educativo nuevos marcos normativos, nuevos organismos públicos y nuevos procesos administrativos para el adecuado desarrollo de los servicios educativos.