En una encuesta realizada por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IECOS) de la Universidad Nacional de Ingeniería, en Lima Metropolitana durante el último mes, 53% de los encuestados indicaron que les parecía bien que los jueces hayan dictado mandato de Prisión Preventiva (PP) contra un número significativo de personas durante las últimas semanas; y es que el tema ha tomado una popularidad sin precedentes, en parte porque desde agosto de 2013 los requerimientos se resuelven, a nivel nacional, en audiencias públicas, y en parte por la cantidad de casos mediáticos que en estas últimas semanas han tenido que pasar por dichas audiencias.

Luego de conocerse la relación del juez Manuel Soller con el APRA y con Alan García, en particular, la sentencia que favorecía al ex presidente pasa a tener otro cariz. A nuestro parecer esta resolución es nula, no debería existir y es otro escándalo de la judicatura.

Es cierto que hay que tener mucho cuidado con el tratamiento que se le da a los intentos de colaboración eficaz.

El proceso de justicia y verdad sigue siendo una pieza fundamental de cualquier balance en el tema de derechos humanos en el Perú.

Durante el año que culmina, las palabras “prisión preventiva” (PP) se han repetido una y otra vez hasta la saciedad. Antes prácticamente no existían en el vocabulario público y de pronto irrumpieron y se instalaron.

Diversos artículos de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, son inconstitucionales por ser incompatibles con nuestra norma fundamental y por ser violatoria de diversos tratados internacionales ratificados por Perú. La inconstitucionalidad de esta norma afecta al derecho de negociación colectiva, al derecho de huelga, al derecho de igualdad y no discriminación, y a la garantía de carrera administrativa.

Recientemente uno de los exministros de Justicia del gobierno de Alan García (2006-2011), Aurelio Pastor, fue condenado judicialmente por el delito de tráfico de influencias a cuatro años de cárcel efectiva, por haber ofrecido a una alcaldesa de entonces influir sobre algunas altas autoridades para que la beneficien con sus decisiones, a cambio del pago de una suma de dinero.