Durante siglos el Derecho ha ido creando derechos, libertades, conceptos, obligaciones, principios, instituciones, garantías, reglas e infinitos mecanismos con el fin de proteger al ciudadano frente al mal uso del poder y la arbitrariedad. En pocas palabras: para que impere la justicia.
La denuncia aparecida en el diario La República el día sábado 11 de julio de 2015 en la que se vincula a la jueza superior Mirta Bendezú Gómez en la comisión de supuestos actos de corrupción para favorecer, absolviéndolo, a un militar procesado por el caso de las personas desaparecidas en la localidad de Matero en 1990 es, sin duda alguna, uno de los casos de corrupción más graves de los últimos años en el sistema de justicia.
Solo quedan para el recuerdo unas imágenes macabramente poéticas de las bandadas de piqueros que se posan sobre muros derruidos, o que chillando de manera alaracosa alzan vuelo sobre el mar. Son impresiones que es mejor no desenterrar.
El derecho parece vivirse entre nosotros de manera paradójica o contradictoria por los diversos actores que de manera habitual o eventual entran en relación con él. Este texto –escrito por quien más bien se ha dedicado a examinar el derecho como hechos– explora algunas de esas circunstancias para preguntar qué significan desde el punto de vista personal.
El presidente de la República ha propuesto, a través del proyecto de ley N° 1720/2017-PE, ingresado el 28 de julio del 2017 al Congreso de la República, la reforma constitucional del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). En ella propone que esta institución esté conformada por cinco miembros: un representante del Congreso, uno del Poder Ejecutivo, uno del Poder Judicial, uno del Ministerio Público, y uno elegido entre los cuatro anteriores.
Actualmente se habla mucho de la delación premiada que se usa en Brasil. Concretamente de cómo integrantes de Odebrecht, comenzando por su jefe máximo, Marcelo, están logrando reducir sus condenas al delatar a sus cómplices o proporcionar información sobre cómo actuaba y se beneficiaba la sofisticada red de corrupción que habían creado y que venía funcionando en diferentes países.
Lograrlo es clave y urgente. Hay que buscar todas las vías posibles. Veamos los inconvenientes de lo que se está haciendo para luego plantear una vía complementaria, que es difícil que prospere, pero que habría que intentar, ya que podría desentrampar los impases con Brasil y proporcionar ventajas para el Perú.
En las próximas líneas plantearé la siguiente argumentación: la corrupción es un problema de larga data en el Perú, que pasa por la colonia y la república, que está extendido en las instituciones y en la sociedad, y se refleja en lo judicial de diferentes maneras.
Desde que la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente la existencia de una pandemia ocasionada por el Covid-19, los Estados de la región han venido tomando una serie de medidas de distinta índole para afrontarla, incluyendo algunas que limitan expresamente derechos fundamentales. Cuarentenas obligatorias, restricciones a la libertad de circulación y de reunión, cierre de fronteras, suspensión de labores en el sector público -incluyendo el poder judicial-, postergación de elecciones, son solo algunas de las medidas tomadas para responder a la crisis.
Desde que se implantó la reforma procesal penal, los fiscales son actores clave del proceso.