Hace poco, la Segunda Sala Civil de Lima dictó sentencia en el caso del Lote 116 y dio la razón a la Comisión Especial Permanente de los Pueblos Awajún y Wampis, la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa y la Federación Indígena Sector Shawit, organizaciones representativas de los pueblos awajún y wampis, en su demanda contra el Ministerio de Energía y Minas y las empresas Perupetro, Maruel et Prom y Pacif Stratus Energy.

El Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Cultura no solo incumplen el derecho a la consulta previa de los proyectos mineros (Antapaccay, Hudbay, Las Bambas y otros), de los proyectos petroleros (lotes 116, 192, 135, 137, 102 y otros) y de los proyectos de infraestructura pública (Majes- Siguas II, línea de trasmisión eléctrica Moyobamba – Iquitos), sino que también violan el derecho de los pueblos indígenas a beneficiarse de las actividades extractivas en su territorio, que debe ser precisado al momento de realizarse la consulta previa.

La falta de apoyo estructural del Estado a los habitantes de las comunidades indígenas amazónicas es un problema generalizado

En las comunidades nativas de la Amazonía peruana, la oralidad de sus pobladores nos revela una selva que habla y construye su identidad a través de historias, cantos y mitos; comunidades que han usado desde tiempos antiguos instrumentos de percusión y de viento, como medios de información y comunicación para recrear espacios de encuentro, socialización y reivindicación de la identidad.

El 3 de julio de 2017, la congresista Tania Pariona, del bloque Nuevo Perú y de la bancada del Frente amplio, expuso sus ideas sobre el Censo de 2017 que organiza el INEI el 22 de octubre en el programa de Ideeleradio, a partir de su autoidentificación étnica como miembro de la “población indígena” del país[1]. Sus declaraciones son muy explícitas sobre las implicaciones profundas de este nuevo censo de la población y de la vivienda en el Perú que pueden resumirse en la pregunta: “¿la etnicidad se opone a la ciudadanía?”

En el 2013, fui parte de un grupo técnico de apoyo a las federaciones indígenas del Lote 192 que buscaban el cumplimiento de la consulta previa. El Gobierno había anunciado en agosto de 2012 que la consulta se llevaría a cabo.