"La Oroya seguirá esperando por siempre por aire limpio", parece ser la consigna para una localidad que se encuentra entre las 10 ciudades más contaminadas del mundo y que, en la actualidad, debe afrontar la inminente reapertura del complejo metalúrgico a cargo de la empresa Doe Run Perú (DRP). ¿Cuál ha sido el comportamiento de la empresa que ha estado a cargo del complejo durante los últimos 14 años? ¿Cuáles son las implicancias de esta reapertura?

Hay que recordar que cuando DRP adquirió el complejo metalúrgico asumió el compromiso de cumplir con un Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) que permitiera adecuar los estándares ambientales a la legislación vigente. El PAMA ha sido sistemáticamente incumplido por la empresa, que a lo largo del tiempo ha conseguido tres modificaciones y dos prórrogas, con la posibilidad de una tercera prórroga este 2012. El resultado de este incumplimiento ha sido la afectación al derecho a la salud y al ambiente sano de la población de La Oroya.

A los incumplimientos ambientales y sus graves consecuencias hay que sumarles los incumplimientos financieros. Desde el año 2009, DRP alegó la existencia de una crisis financiera que ponía en riesgo la continuidad del complejo metalúrgico. El Estado reaccionó rápidamente a esta situación de crisis e intervino para encontrar una solución. Luego de diversas especulaciones, se dio a conocer cuál sería la medida orientada a revertir la situación financiera de Doe Run Perú.

Fue el propio ministro de Economía y Finanzas de entonces, Luis Carranza, quien anunció que un grupo de empresas mineras privadas avalaría un crédito de 175 millones de dólares para que DRP pudiera reanudar sus operaciones en La Oroya. Con ello, en principio, se ponía punto final a la posibilidad de que fuera el propio gobierno quien asumiera el crédito a favor de la empresa. Sin embargo, para ello DRP debía dar el 100% de sus acciones en garantía por el cumplimiento del PAMA al Estado peruano, así como capitalizar la deuda con su principal acreedor: su propia casa matriz. Estas dos medidas se debían dar de manera inmediata y sin sujetarse a condición alguna.

Lamentablemente, DRP, lejos de adoptar estas medidas, anunció que enviaría a sus trabajadores a vacaciones forzadas, debido a su difícil situación financiera. ¿No era acaso que la empresa estaba comprometida con dar solución a este problema y así evitar que sus trabajadores pierdan sus puestos?

La actitud de DRP demostró una vez más su falta de compromiso ya no solo frente a temas ambientales sino también de índole financiera, que comprometían las operaciones del complejo metalúrgico y los puestos de trabajo de miles de personas. Con la solución a su crisis financiera en las manos, no mostró voluntad alguna para ponerle fin. La empresa, además, señaló en ese momento que una condición necesaria para superar la crisis era la flexibilización del PAMA.

Luego de la suspensión de sus operaciones, de la negociación de varios convenios de ceses colectivos con sus trabajadores y de la obtención de una nueva prórroga del PAMA en el año 2009, se abrieron tres nuevos frentes: un proceso concursal ante INDECOPI, una demanda por daños a la salud en un tribunal de Missouri, y un proceso de arbitraje internacional y un proyecto de ley que le otorgaría una nueva prórroga al PAMA.

A través del proceso concursal ante INDECOPI, la Junta de Acreedores debía definir si la empresa pasaba por un proceso de reestructuración o de liquidación. Uno de los principales temas de discusión fue el reconocimiento de la deuda con Doe Run Cayman, empresa vinculada a DRP. Cormin, acreedor de DRP, se opuso al reconocimiento de esta deuda, alegando un fraude en el proceso de compra del complejo metalúrgico.

Otro tema clave en el marco del proceso concursal consistía en determinar si se reconocía al PAMA como una acreencia que permitiera la participación del Estado en la Junta de Acreedores. Algunas autoridades consideraron en su momento que ello no era posible, pues el PAMA concernía a compromisos ambientales y no económicos. Finalmente, el Estado peruano, representado por el Ministerio de Energía y Minas, fue convocado a la Junta de Acreedores por una acreencia de S/.439,7 millones de soles, por el incumplimiento del PAMA, convirtiéndose así en el mayor acreedor de Doe Run Perú.

Finalmente, la Junta de Acreedores determinó que sea la propia DRP la que administre el complejo y la que debe presentar en las próximas semanas un plan de reestructuración que deberá ser evaluado y aprobado por Apoyo Consultores. Este plan debe integrar claramente la ejecución del PAMA con un cronograma de obra de la tercera planta de ácido sulfúrico, y los montos de inversión que ella requiera.

Por otro lado, en los Estados Unidos sigue en curso una demanda interpuesta por un grupo de pobladores de La Oroya contra DRP y su casa matriz, Renco Group, por daños a la salud. La demanda ha sido admitida, y todo parece indicar que la empresa deberá pagar millonarias indemnizaciones contra los afectados. DRP ha insistido en que sea el Estado peruano el que asuma la responsabilidad por los daños causados, y ha iniciado hace algún tiempo una fuerte campaña mediática con ese fin.

De manera paralela, DRP interpuso un proceso de arbitraje en el marco del capítulo de inversiones del Tratado de Libre Comercio entre el Perú y los Estados Unidos, y viene exigiendo al Estado peruano una indemnización de US$800 millones por, supuestamente, haber recibido un trato injusto e inequitativo y por un supuesto intento de expropiación indirecta por parte del Estado. A pesar de los serios incumplimientos y la falta de compromiso, es DRP la que ha tomado la iniciativa y puesto en serios aprietos al Estado peruano, que ha tenido que contratar a abogados especialistas para enfrentar este proceso en el que la empresa tiene serias posibilidades de ganar, pues en estos fueros rigen los principios de protección al inversionista extranjero.

Finalmente, ha sido ingresado al Congreso de la República el Proyecto de Ley N.° 636/2011-CR, que plantea una nueva prórroga para el PAMA de 24 meses y 6 meses adicionales para la puesta en marcha y arranque del complejo metalúrgico, y, además, plantea concesiones adicionales para DRP.

El Proyecto de Ley propone que cualquier modificación a los estándares de calidad ambiental y límites máximos permisibles en la legislación nacional no podrán ser aplicados a DRP durante los próximos cinco años, una vez finalizada la construcción de la Planta de Ácido Sulfúrico y Modificación del Circuito de Cobre. Es decir que a DRP no se le podrá aplicar ningún estándar de calidad ambiental más riguroso y exigente por un largo periodo de cinco años una vez culminado el PAMA.

Además, la propuesta normativa regula lo que denomina "casos de fuerza mayor", en relación con lo que se indica que en el caso de que DRP no cuente con los recursos suficientes para culminar con el PAMA, podrá acceder a una nueva prórroga. Esto significa que la misma norma plantea la posibilidad de que la empresa acceda a nueva prórrogas, lo que de ninguna manera permitirá garantizar la ejecución del PAMA en plazos razonables, pues DRP podría volver a alegar una situación de crisis financiera que justifique nuevos atrasos en esta ejecución.

Finalmente, el proyecto de norma señala que se derogan todas las multas, sanciones e indemnizaciones que se le impusieron, dejando sin efecto lo actuado en un gran número de procesos sancionatorios a los que tuvo que hacer frente DRP por sus reiterados incumplimientos ambientales.

Todo parece indicar que la empresa tiene el camino libre para un reinicio de operaciones con prórroga del PAMA incluida. Sus antecedentes dejan serias dudas sobre el cumplimiento de sus compromisos asumidos tanto a nivel ambiental como financiero.

Doe Run Perú ha logrado evadir por largos años sus responsabilidades, y los grandes perdedores siempre han sido los pobladores de La Oroya, quienes han visto seriamente afectados sus derechos a respirar aire puro, a vivir en un ambiente sano y a gozar de buena salud.

Si la decisión es una nueva prórroga del PAMA, la fiscalización de su cumplimiento, así como del plan de reestructuración que tiene que implementar la empresa, debe ser acometida minuciosamente, para no repetir los errores del pasado y saldar de una vez la deuda con La Oroya.