¿Negociando impunidad y sacrificando principios? Reflexiones sobre el escenario político.

Diferentes especialistas en el análisis de la política nacional están de acuerdo en afirmar que el actual gobierno está propiciando el escenario para otorgar un controversial indulto al condenado Alberto Fujimori. Algunos periodistas destacan la conveniencia de esta medida, con el fin de garantizar la gobernabilidad del país. Otros aducen que la salud del expresidente está seriamente quebrantada y que el caso merecería que se le conceda un indulto humanitario. Hasta donde se sabe, esta aseveración no está sostenida aún por evidencia médica.  Lo que sorprende es que casi nadie se pregunte cómo se sienten las víctimas de aquellos crímenes por los que se hace responsable a Fujimori luego de un riguroso proceso judicial. Nadie ha alzado la voz en nombre de las víctimas. Otra vez se las ha convertido en invisibles.

Se trata de un problema especialmente delicado, pues hablamos de delitos de lesa humanidad y de crímenes de corrupción probados ante un tribunal. Hace unos días el Comisionado para los derechos humanos de la ONU expresó su preocupación respecto de los supuestos planes de indulto en favor de Fujimori, precisando que sería importante someter a una consulta internacional esta decisión. No le falta razón, en la medida en que se trata de graves violaciones a los derechos humanos, perpetradas desde el poder. Sin embargo, el canciller peruano ha contestado esta comunicación señalando escuetamente que solo se trata de un asunto interno. El tema del indulto al exdictador se va convirtiendo en un tema de cálculo político local.

Esta sensación se agudiza si consideramos los cambios en el Ministerio de Justicia, incluyendo la sustitución de miembros de la Comisión de Gracias Presidenciales, quienes hace algún tiempo se pronunciaron en contra de un indulto en favor de Fujimori. Llama la atención que el oficialismo suponga que en el escenario del indulto, los fujimoristas cambiarán su actitud frente al gobierno, colaborarán con él, o quizá se vean sumidos en una división producida por conflictos dinásticos. Por supuesto, esto es posible, pero también es verosímil imaginar un fujimorismo envalentonado por la excarcelación de su caudillo. De hecho, tal decisión, cimentada en la negociación política en lugar de fundada en evidencia médica, podría ser identificada incluso como un signo de fragilidad política por los enemigos del gobierno, posicionados en ambas facciones del fujimorismo.

Democracia y cultura de impunidad. Consideraciones ético-políticas sobre un cuestionable proyecto.

El indulto difiere sustancialmente de la amnistía. El indulto solo suprime la pena, en contraste con la amnistía que pretende suprimir el delito mismo. Amnistía viene del griego amnesia, anulación del recuerdo; ella se entiende como una suerte de olvido legal frente al daño perpetrado. No solo se excarcela al condenado, sino que se suspenden los procesos y las investigaciones judiciales en contra de quienes son acusados de haber perpetrado tales crímenes. Del mismo modo, se elimina el registro de la comisión del delito. La amnistía no solo atenta contra la justicia, sino que se propone – a partir de una medida decidida por el Estado – suspender el trabajo de la memoria.

En principio, el indulto solo suprime la pena o parte de la pena, decidiéndose la liberación del condenado. En ese sentido, no se pretende alterar su condición de responsable de un delito, así como tampoco se busca modificar la memoria del daño generado a las víctimas y a la sociedad entera. No obstante, la figura del indulto se distorsiona en un contexto como el actual, en cuanto esta medida se ha convertido en una variable dentro del cálculo político. El fujimorismo es hoy la principal fuerza política en el parlamento; este grupo habría ensayado algunos movimientos para influir sobre el trabajo de la memoria: recientemente, habría ejercido presión al Ministro de Cultura para lograr el cuestionable despido del Director del Lugar de la Memoria. Asimismo, este grupo colaboró activamente en el reconocimiento de los comandos Chavín de Huántar como “héroes de la democracia”: sobre esta decisión, no se objeta el heroísmo de los comandos en el proceso de pacificación, pero sí se señala con razón que el régimen que entonces imperaba en el Perú no era precisamente democrático. Las constantes críticas del fujimorismo al Informe de la CVR no se han sostenido en una lectura atenta del documento ni en la elaboración rigurosa de una narrativa alternativa sobre el conflicto armado interno; se ha basado en el prejuicio y en la diatriba sin sustento alguno.

Resulta claro que un Consejo de Médicos y una Comisión especializada en temas de justicia pueden recomendar la asignación de un indulto humanitario en caso que el reo atraviese por una grave enfermedad que comprometa su vida. Trátese de Fujimori o de cualquier persona sentenciada por un Tribunal independiente, nadie debería pasar sus últimos días en la cárcel. Sin embargo, este caso está siendo manejado como si se estuviera negociando la impunidad de un personaje público que ha cometido serios delitos de corrupción y graves violaciones de derechos humanos.

La sentencia en el caso Fujimori tiene una relevancia ética muy particular para la sociedad nacional. El mensaje es significativo, la idea básica es que la corrupción y los crímenes contra la humanidad no pueden ni deben quedar impunes, aunque los perpetradores pertenezcan a las más altas esferas del poder político. Hasta hace muy poco, los expresidentes pertenecían a una especie de círculo de intocables, del que asimismo formaban parte los altos mandos militares y policiales, los grandes empresarios, entre otros. Estaba instalada en nuestra sociedad una funesta cultura de impunidad. Este halo de invulnerabilidad de la (autodenominada) “clase dirigente” comenzó a disiparse con el gobierno de transición de Valentín Paniagua. El régimen de Alberto Fujimori concentró el poder como pocos gobiernos en nuestra historia: el binomio Fujimori – Montesinos condujo un sistema de abuso de poder que por años desmanteló cualquier resistencia democrática. Sin embargo, la gota terminó horadando la piedra, y esta resistencia ciudadana –movilizada desde la sociedad civil– logró prevalecer sobre aquella propuesta autoritaria. Con el tiempo, Fujimori y Montesinos tuvieron que responder por los delitos cometidos desde el poder ante los tribunales bajo las condiciones de un proceso judicial imparcial.

No obstante, las reiteradas alusiones de funcionarios del Estado y políticos en favor de un eventual indulto a Fujimori transmiten el mensaje opuesto en cuanto al desarrollo de una rigurosa batalla ética y política contra la cultura de la impunidad. Suscita en muchos ciudadanos la sensación de que el oficialismo está cediendo a las presiones de un grupo parlamentario –un poderoso grupo de interés político– con el objetivo de lograr garantías para ejercer el gobierno sin tropiezos en el corto plazo. Resulta inaceptable que el propio presidente Pedro Pablo Kuczynski, -en unas declaraciones emitidas en Argentina- se refiera de modo condescendiente al tema de Fujimori el mismo día en el que se cumple un aniversario de la masacre de Barrios Altos. Tales expresiones cimentan la hipótesis de que el gobierno (y, en general, quienes alientan la iniciativa del indulto) no se preocupa por la situación de las víctimas ni por su reacción frente a una decisión tan cuestionable.

La condena de Fujimori constituye un logro para la democracia peruana. Fortalece la idea de que al crimen le corresponde una sanción, no importa cuán poderoso sea el perpetrador. Se trata de una idea éticamente saludable para una sociedad libre. De hecho, las acciones legales recientes contra otros expresidentes tienen un precedente crucial en el proceso y la sentencia contra Alberto Fujimori. La supuesta iniciativa gubernamental de un indulto negociado con el fujimorismo que desemboque en el recorte de la condena de su líder histórico debilita severamente esta clase de esfuerzo por la justicia y mina peligrosamente el ejercicio de la memoria respecto de este esfuerzo en el contexto de la afirmación de la cultura de derechos humanos en el país. Transmite un mensaje erróneo que puede traer consecuencias funestas para el desarrollo de la política democrática.