A primera vista parecería un
Enviado por Anonimo (no verificado) el
Olmos fue planeado desde 1924 por ingenieros peruanos como Santiago Antúnez de Mayolo y otros. Los gobiernos de Manuel Prado, Fernando Belaunde, Juan Velasco y Francisco Morales hicieron los estudios preliminares. El segundo gobierno de Belaunde consiguió el financiamiento, y el de Alberto Fujimori comenzó la obra pero se interrumpieron en el 2001. Posteriormente, el gobierno de Alejandro Toledo continuó la obra desde 2005, y Alan García inauguró la primera etapa en junio del 2010, cristalizándose con ello la gran obra de irrigación sin precedentes en la historia del agro peruano.
En el curso de este visionario proyecto, entre promesas incumplidas a los pequeños y medianos agricultores y miembros de la comunidad campesina Santo Domingo Olmos —propietarios ancestrales de las tierras—, se suma un nuevo problema: la concesión del lote 28 que permitiría a la empresa Pitkin Petroleum efectuar trabajos de exploración y explotación de hidrocarburos en una área de 314 mil hectáreas. Nada más absurdo, si se tiene en cuenta que el Gobierno Regional de Lambayeque, a través del decreto de urgencia 049-2009, declaró la intangibilidad de las tierras del Proyecto Olmos. Inexplicables resultan también los 169 derechos mineros otorgados por el Ministerio de Energías y Minas en Olmos, siendo 65 de ellos concedidos después del referido decreto de urgencia. Una rotunda sacada de vuelta.
El problema por lo general recae en que el Perú necesita un plan de ordenamiento territorial que mapee las actividades mineras, de entes del Estado que coordinen permanentemente y eviten reacciones tardías y difusión de informaciones poco transparentes que traen como resultado desconfianza y el inicio de conflictos sociales. El Proyecto Olmos ha tomado casi un siglo para lograrse, razón por la cual no se entiende cómo Energía y Minas entrega títulos sin tomar conciencia de la magnitud de la obra, más aún si éstas están protegidas y no pueden ser vendidas para fines no agrícolas.
Toca ahora al Estado poner un alto a esta barbaridad, dejándolas sin efecto; no vaya a ocurrir que, al permitirse la exploración y en caso de hallarse petróleo, se cambien las reglas de juego. Bien haremos en recordarle al presidente Ollanta Humala su compromiso electoral, en virtud de que gran parte de los agricultores de la región, adulados por sus promesas electorales de adquirir dichas tierras, despertaron y se toparon con otra realidad.
Enviado por Anonimo (no verificado) el
Enviado por Isabel (no verificado) el
No se necesita un plan de ordenamiento territorial, sino replantear esa función seriamente dentro del MINAM (incorporando a los otros activos naturales, como el recurso hídrico) pues tal como está, dentro de la PCM, se encuentra en una larga lista de programas sin presupuesto operativo (cajón de sastre).
Enviado por José Villena H... (no verificado) el
Qué campesino ha adquirido las tierras irrigadas ?
Al Grupo Gloria, 80 mil Hs., y a otras empresas miles de Hs. que sembraran caña de azucar....
Los campesinos, que soñaron años , con ser beneficiados, solo serán simples jornaleros, con remuneraciones de supervivencia....
Enviado por Gilbert Arriaga... (no verificado) el
El Perú, necesita iniciar un profundo proceso de Enmancipación Nacional, el Estado corrupto y podrido que nos dirige, sea cual sea el gobierno, está al servicio de las grandes transnacionales y de los grupos económicos nativos que ejercen el verdadero poder político, económico y militar. Es necesario por eso, iniciar la construcción de un Gran Frente Patriótico integrado por los trabajadores del campo y la ciudad y las grandes masas desposeidas para liberarnos de las garras de los explotadores y vende patria y así construir un nuevo destino para las futuras generaciones
Enviado por cheap find best... (no verificado) el
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A primera vista parecería un lió de blancos: entre los nuevos terratenientes que han adquirido las tierras, dejando al margen a pequeños productores: y los concesionarios del lote 28, pero eso demuestra la afirmación de la falta de una ley de ordenamiento territorial y de zonificación económica ecológica y las políticas de inclusión social y promoción económica, que debería tener un gobierno que se pretende transformador.