Sepamos cuáles fueron los patrones de desaparición forzada de personas en la región Lima durante el conflicto armado interno.

Por lo general, las violaciones de derechos humanos ocurridas en la región Lima, en lo que a ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas se refiere, se asocian a las actividades delictivas del Grupo Colina, autor de los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta. Sin embargo, estos casos emblema, tan importantes para el activismo en materia de judicialización de violaciones de derechos humanos precisamente por llamar la atención de la opinión pública y generar consenso general con respecto a la condena de sus perpetradores, no fueron los únicos —ni los más regulares— en la región.

Por el contrario, los testimonios brindados a la Comisión de la Verdad y Reconciliación dan cuenta de otro grupo de casos que no han merecido el mismo nivel de atención. No obstante que en Lima se registran diversas modalidades de violencia, como atentados a través de coches-bomba, secuestros y ejecuciones extrajudiciales atribuibles tanto a grupos subversivos como a agentes del Estado, nos interesa el caso específico de la desaparición forzada de personas.

¿Quiénes son?
Nos referimos a “los 55 de Lima” en honor a quienes hemos identificado como desaparecidos a partir de los testimonios de la CVR, y a quienes les es aplicable la siguiente descripción: “Detenidos o extraídos sin su consentimiento, en circunstancias conocidas o no, del contexto en el que vivían y sustraídos de la mirada pública y los mecanismos legales de protección individual” (Hatun Willacuy 2008). De ellos, asumimos que no se conoce o no existe certeza absoluta sobre las circunstancias de su detención o muerte. Por eso, no se incluyen víctimas como las de La Cantuta o Santiago Gómez Palomino, entre otros, donde sí existe tal nivel de certeza.

De estos 55, solo hemos considerado a quienes fueron víctimas de desaparición forzada de personas. Y ello se debe a que el patrón que queremos determinar se refiere solo a la actuación de agentes estatales, con lo cual nuestra unidad de análisis se reduce a 49 víctimas. Los otros 6 casos no se incluyen por corresponder a perpetrador no identificado o ser víctimas de grupos subversivos.

Como información general, hay que recordar que Lima representa solo el 2% de desaparecidos a nivel nacional. Pero ello no impide que pueda identificarse un patrón de desapariciones. Asimismo, para entender mejor los cuadros que se muestran a continuación, no hay que olvidar los dos momentos estratégicos identificados por la CVR como patrón general de actuación de las Fuerzas Armadas en el conflicto en lo que a desapariciones forzadas se refiere: el primero, previo a 1989, de eliminación generalizada y sistemática, propia de la zona sur-central del Perú (Ayacucho); y el segundo, que se inició ese mismo año, de eliminación selectiva, en el que se priorizó la acción de inteligencia sobre las operaciones militares. El cambio estratégico de 1989 queda marcado por la doctrina militar aprobada por el Manual del Ejército: Guerra no convencional contra la subversión (ME 41-7), editado por el Ministerio de Defensa en junio de 1989. En éste, la prioridad era, entre otras, la “destrucción” de la Organización Político-Administrativa Local de Sendero (OPA) y la “eliminación” de sus miembros.

Cuadro 1
Desaparecidos en la región Lima, por año

El cuadro 1 muestra un punto de quiebre que coincide con el año en que entra en vigencia la nueva estrategia de lucha contra la subversión aprobada por el ya citado Manual. No obstante, puede observarse otro ‘pico’, a partir de 1992, lo que puede ser entendido con más claridad si dividimos la región en Lima Provincias (27 casos) y Lima Metropolitana (22).

 Cuadro 2
Desaparecidos en Lima Provincias, por año

Si observamos solo Lima Provincias, el cambio estratégico resulta más notorio en 1989, y desde entonces se aprecia una regularidad menor hasta 1992. Sin embargo, tras estos números aparece un patrón de desaparición que, salvo dos detenciones colectivas en 1989, privilegia blancos individuales, lo que puede ser observado con mayor claridad en el cuadro 3.

Cuadro 3
Desaparecidos en Lima Provincias, según ocurrencia del hecho

A partir de la observación del cuadro 3, los indicios que apuntan a la implementación de una práctica sistemática de desapariciones forzadas en la región Lima comienzan a tener mayor asidero. El Manual ME 41-7 fue aprobado en junio de 1989, y la consecuencia inmediata son dos desapariciones colectivas en julio y octubre de ese mismo año. Desde entonces, todas las detenciones son individuales, aspecto común con el tipo de detenciones ocurridas en Lima Metropolitana. Aunque, a diferencia de esta última, donde las detenciones fueron en su mayoría en la vía pública, en Lima Provincias casi la totalidad (22) ocurrieron en el marco de incursiones violentas en domicilios y en comunidades, y en la generalidad de casos llevadas a cabo por personal de tropa de los cuarteles de Manta y Cajatambo. La participación del personal de tropa en Lima Provincias es similar a la actuación del personal de los cuarteles en las zonas rurales de las regiones sur-centrales del país.

Puede advertirse, entonces, una diferencia importante con respecto a las circunstancias de detención y el tipo de agente perpetrador entre los hechos registrados en Lima Provincias y Lima Metropolitana. En este último caso, como ya se mencionó, las detenciones más regulares se hicieron a través de interceptaciones en la vía pública, y no por personal de tropa sino por agentes policiales y militares, presumiblemente integrantes de grupos de inteligencia creados para tal fin.

Cuadro 4
Desaparecidos en Lima Metropolitana, por año

Como se ve en el cuadro 4, a diferencia del patrón de desapariciones forzadas de Lima Provincias, en Lima Metropolitana el cambio de estrategia contrasubversiva no se evidencia en 1989, sino que resulta notorio a partir de 1992. De este modo, el ‘pico’ de desapariciones forzadas registradas en este ámbito geográfico no puede considerarse consecuencia directa del giro estratégico experimentado en 1989, sino parte de un proceso posterior. Según se describe con amplitud y precisión en la sentencia dictada contra el expresidente Fujimori por los casos Barrios Altos y La Cantuta, este proceso guarda relación con el giro estratégico operado por el entonces presidente, a partir del cual el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), liderado por su asesor, Vladimiro Montesinos, asumió la dirección y control de la estrategia antisubversiva. Esto derivó en un más intenso trabajo de inteligencia, especialmente a partir de abril de 1992, luego del autogolpe de Estado, cuando las operaciones de este tipo estuvieron libres de todo control político (el ejemplo más notorio fue el “Caso Colina”).

Cuadro 5
Desaparecidos en Lima Metropolitana, según ocurrencia del hecho

El cuadro 5 muestra la consecuencia inmediata de este segundo giro estratégico, cuyos antecedentes inmediatos podrían ser, entre otros: el anuncio presidencial del 7 de febrero de 1991 que daba cuenta de la aplicación una nueva estrategia contrasubversiva; la aprobación del Manual de Operaciones Especiales de Inteligencia ME 38-20 en abril de 1991, nueva doctrina militar a partir de la cual el SIN asume la dirección y planeamiento de las Operaciones Especiales de Inteligencia (OEI); y el autogolpe de Estado del 5 de abril de 1992.

Más allá de los ‘picos’ observados como consecuencia de los procesos marcados por los manuales militares de 1989 y 1991, debe considerarse como patrón numérico, al igual que en Lima Provincias, que en Lima Metropolitana casi todos los blancos fueron individuales, lo que, por sí solo, ya marca una diferencia notoria con el modus operandi del Grupo Colina.

Estrategia antisubversiva y composición del grupo de víctimas
En relación con las características personales de las víctimas, también habría que hacer una diferencia entre aquéllas que fueron desaparecidas en Lima Provincias y las que lo fueron en Lima Metropolitana. (Ello, tomando en cuenta el mayor número de víctimas dedicadas a la actividad agropecuaria en el primer caso, así como el mayor número de estudiantes universitarios y profesionales de la zona urbana de Lima Metropolitana.)

Cuadro 6
Actividad principal en Lima Provincias

Cuadro 7
Actividad principal en Lima Metropolitana

Sobre Lima Provincias hay que destacar el mayor número de personas dedicadas a la actividad agropecuaria, pero tal característica, por sí sola, no explicaría su detención. En realidad, de los 21 agricultores o ganaderos, 18 fueron líderes o formaron parte de alguna directiva comunal al momento de su detención, con lo cual sería el perfil de autoridad local lo que marcaría el patrón. Los otros casos, como el del periodista Pedro Yauri a manos del Grupo Colina, aparecerían como producto de posibles sindicaciones específicas, pues no se encuentra en ellos, salvo el caso de un estudiante universitario, categoría alguna que los haga parte de un patrón en particular. Esto último sí se observa en todos los casos de Lima Metropolitana.

Cuadro 8
Pertenencia a alguna organización en Lima Metropolitana

En Lima, y ello reproduce el patrón nacional descrito por la CVR, el desaparecido es: autoridad local (sindical, barrial, gremial o estudiantil), estudiante universitario o técnico sin filiación, profesor sin filiación o activista. Solo dos casos, de 22, no forman parte del patrón: uno de ellos podría ser de sindicación individual por ser abogado de procesados por terrorismo; en el caso restante, la descripción de las circunstancias en las que se produjo la detención no es muy precisa.

El Grupo Colina en acción

Hemos señalado ya que los casos atribuidos al Grupo Colina eran emblemáticos de la región Lima. Sin embargo, a la luz de lo observado, podemos decir que no representan el patrón más regular de desaparición, especialmente en lo que respecta a la región Lima Metropolitana. Se encuentran dos diferencias notables. La primera se refiere a las detenciones individuales versus las colectivas, en las que el patrón regular da cuenta de blancos individuales. El Grupo Colina actuaba con base en blancos colectivos de entre 6 y 10 personas (casos El Santa[9], familia Ventocilla [6] y La Cantuta [10]).

La segunda diferencia tiene que ver con la clandestinidad versus la exposición pública excesiva (visibilidad y potencia de fuego).El accionar de Colina, a diferencia de otros grupos, dejó excesivos rastros de violencia y uso de material militar, además de involucrar a una multiplicidad de testigos e inusual movimiento de personas. Algunos actos con fines de ejecución (aniquilamiento de 21 personas: casos Barrios Altos y familia Rodríguez) y otros con fines de desaparición (19 personas: casos La Cantuta, en plena comunidad universitaria, y El Santa, irrumpiendo en hogares en tres asentamientos humanos). La visibilidad de los hechos hizo posible la identificación de responsabilidades e, incluso, el pronto o posterior hallazgo de cadáveres.

Una síntesis
Se identifican, en suma, tres momentos en la práctica de desaparición forzada de personas en la región Lima: uno antecedente sin patrón sistemático previo a 1989; un patrón selectivo desde 1989, rural/semiurbano; y un patrón selectivo, concentrado en zona urbana, con una intensa actividad de inteligencia desde 1992.

Se reconoce un patrón selectivo caracterizado por detenciones individuales y perfiles específicos (dirigentes, estudiantes, profesores), particularmente en Lima Metropolitana.

Existe un patrón regular con marcadas diferencias del que distinguió al Grupo Colina.

Quedan abiertas muchas interrogantes por investigar en torno a las prácticas de desaparición forzada en la región: ¿Quiénes fueron los autores de estas desapariciones? ¿A qué grupos pertenecieron? ¿Respondieron a alguna línea de mando dentro o fuera del Estado? ¿A qué objetivos obedecieron estos grupos?