Entre el asco y la indignación, pero buscando la oportunidad para introducir reformas, Ernesto de la Jara, fundador de IDL, que ahora se desempeña de manera independiente, analiza el terremoto judicial causado por los audios difundidos sobre diversos personajes del sistema de justicia del país. Para de la Jara, estas grabaciones revelan que se ha constituido al interior del Estado un mecanismo de intervención judicial que, incluso, puede ser parte de un proyecto de control constitucional mayor.

¿Qué opinas de toda la corrupción del sistema de justicia, expuesta en los audios difundidos por IDL-Reporteros, y luego por otros periodistas y medios de comunicación?

Lo primero: asco, indignación, ganas de salir a la calle a protestar y a exigir sanción y cambios profundos. Y de otro lado, pena -aunque también admiración- por aquellos magistrados que, como me consta, son honestos, capaces y hacen esfuerzos sobrehumanos por hacer un buen trabajo.

¿Pero, alguien como tú, que trabaja tantos años temas de justicia no sabía que las cosas eran así?

Tienes razón, se sabía. Como parte de IDL, desde hace décadas vengo siendo muy crítico del sistema de justicia en general, y una de las causas era la corrupción que se demostraba en decisiones o nombramientos que resultaban escandalosos, por la total falta de fundamentación. Desde hace muchísimos años venimos clamando y trabajando por una reforma del sistema de justicia, comenzando por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). IDL fue parte de la CERIAJUS, como uno de los representantes de la sociedad civil.

Pero debo confesar que, aun así, no pensé que fuera tanto y, sobre todo, que sea tan articulado, que es la idea que me gustaría remarcar sobre lo que se ha descubierto.

¿A qué te refieres con lo de articulado?

A que creo que lo que se ha descubierto es algo mucho más grave que lo que puede ser un fenómeno de la corrupción generalizada en el sistema de justicia. Los audios revelan que lo que se había logrado es construir un mecanismo de intervención judicial.

La complicidad entre casi todos los miembros del CNM, órgano estratégico porque nombra, ratifica y destituye a jueces, fiscales, y algunos magistrados en puestos decisivos, había hecho posible que se controle una Sala Superior de una relevancia especial, como es la del Callao (en su jurisdicción se encuentra el puerto y el aeropuerto, lugares por donde sale la mayor cantidad de droga del país) y una sala de carácter penal, al más alto nivel del Poder Judicial, como es la Corte Suprema. Con la misma lógica, se podría hablar también de algunos fiscales supremos, que aparecen en audios y vídeos, uno de ellos nada menos que el actual Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry.

Se está, entonces, ante un tipo de mecanismo de intervención judicial. No interesa manejar a todos y cada uno de los jueces y fiscales, sino basta con algunos órganos que puedan ser usados cuando se les necesite. Y eso que todavía no sabemos cuántos otros han sido también colocados estratégicamente por este juego en pared entre el CNM y determinados jueces y fiscales.

¿Podría haber muchos más?

Que hay más, estoy seguro. Ya lo estamos viendo en los nuevos audios. Pero para mí la prueba de que la cosa es más compleja y profunda es la desesperación que ha habido y hay por apropiarse de los audios pendientes de difundir, y por desprestigiar a quienes están difundiendo los audios.

¿Un mecanismo de control judicial para qué?

Multiusos. Es decir, se trata de un mecanismo que una vez que se ha logrado construir lo pueden usar quienes lo diseñaron, pero también sus amigos y hermanos, y, a su vez, los allegados de estos, y en general todo aquel que accediendo a este círculo de personas tenga algo que ofrecer: recursos económicos, intercambio de factores, colocaciones, etc.

Y el mecanismo se ha activado efectivamente, como se ha podido escuchar, para grandes decisiones a favor del crimen organizado y para asuntos de poca monta, el famoso “peseteo”.

Desde para sacar una sentencia, como la de Hinostroza, destinada a impedir las acusaciones por lavado de activos, hasta para que el consejero “Doctor Rock” diera 50 entradas para su concierto. Desde para ayudar a la señora K hasta para conseguirle prácticas a la hijita de Hinostroza en el estudio Torres. Desde para la creación y control de una Sala Penal a nivel de la Suprema, hasta para ganarse con unas entradas al mundial o unas buenas botellas de etiqueta azul. Desde para poner jueces y fiscales que permitan el control total de una instancia hasta para almorzar gratis en restaurantes. Desde cambiar una sentencia condenatoria por una violación de una menor de edad hasta una arregladita del carro de la esposa de un magistrado.

Y no olvidemos que es desde una investigación a una organización vinculada al narcotráfico, “Las castañuelas de Rich Por", que se pasa a la operación “Cuellos blancos”, lo que implica que esa organización quería beneficiarse del engranaje que sabía que existía en el sistema de justicia.

¿Qué le diría a quienes exigen que se haga público todos los audios de una vez, para evitar sospechas y direccionalidad?

Es obvio que ese tipo de pedido es una estrategia más para atacar y amedrentar a quienes con valentía, y como parte de la lucha contra la corrupción, están difundiendo la gran cantidad de irregularidades y delitos que aparecen en los audios. Lo importante debe ser siempre el contenido del audio, por encima de cualquier otra consideración. Cómo podría haber una direccionalidad si son varios los medios y periodistas los que ahora difunden audios, y entre ellos muchas veces priman las diferencias de posiciones. Habría que preguntarse también si los periodistas están accediendo a todo el material de manera conjunta o por partes, si proviene de una sola fuente o de varias. Además, cada audio o vídeo implica una serie de actos de corroboración, lo que implica tiempos y acciones diferentes.

Este tipo de acusaciones tan virulentas y desesperadas demuestran, precisamente, que lo que se ha descubierto es todo un sistema de intervención institucional que va más allá, incluso, del sistema de justicia.

¿Se refiere a lo que ha pasado con el jefe de la  ONPE ?

Sí, pero también a otras instituciones. En cuanto a la ONPE, ya está claro por qué el hoy removido CNM nombró de manera irregular a Castillo, quien tenía como brazo derecho a Cavassa, personaje de la época de Fujimori y Montesinos. Pero hay otras instituciones que tampoco se salvan. Recordemos que el Fiscal Supremo que actualmente integra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) , Luis Arce, fue nombrado por el sancionado CNM y se le ve entrando a la casa de Walter Ríos, expresidente de la Corte Superior del Callao, hoy preso. Y nada se diga de Heresi, quien tuvo que renunciar al Ministerio de Justicia apenas se le ampayó hablando con Hinostroza sobre la sentencia pro lavado de activos.

También están los empresarios-operadores políticos, que hacen el papel de bisagra a cambio de obtener beneficios, que hasta ahora no se sabe bien hasta dónde llegan, como es el caso de Antonio Camayo, dueño de Iza Motors, quien de “quilero” (separar los costales de papa por kilos) pasó en poco tiempo a millonario todopoderoso.

Y si a eso le sumamos el control del Congreso por el fujimorismo y sus aliados, la ley Mulder contra los medios de comunicación, los intentos de destituir a los miembros del Tribunal Constitucional y al fiscal Sánchez, entre otras cosas, podemos llegar a la conclusión de que el mecanismo que se ha descubierto de control del sistema de justicia puede no ser algo aislado.

¿Cómo una especie de vuelta a los 90 ?

No quiero caer en teorías conspirativas exageradas, pero por momentos veo al fujimorismo poniendo y moviendo sus fichas por todas partes. Una especie de montesinismo sin Montesinos. Por suerte, por una serie de razones, el fujimorismo de Keiko se ha debilitado y eso le ha originado reveses.

¿Qué papel juega el Congreso concretamente en lo que se ha descubierto con los audios?

Yo diría que algunos congresistas han contribuido de manera decisiva a edificar este sistema de control institucional para beneficiarse de él, y no creo que se hayan limitado a hacerlo a título individual. El caso más evidente es el de Becerril, de Fuerza Popular, cuyos vínculos con el CNM se conocían hace tiempo. No es gratuito que haya aparecido en uno de los peores audios la famosa señora K.  

Pero también está la relación que se ha descubierto entre Mulder e Hinostroza. Va quedando claro que son amigos, que mutuamente se llaman por teléfono, intercambian teléfonos y se reunían en lugares privados, tranquilos y con cuidado.

¿Qué opinas de lo que ha venido después?

Para mí lo más importante es que la gente se ha indignado ante tanta podredumbre y lo ha expresado en los medios de comunicación, en las redes sociales, en las calles y en todo espacio que haya sido posible. Para mí esta es la realidad que marca una diferencia con el pasado y que es la que ha provocado un conjunto de decisiones positivas, y es la que puede terminar imponiendo algunos cambios neurálgicos.

¿Te ha parecido bien la reacción del presidente Vizcarra?

Creo que entendió bien que era el momento de hacer una alianza con la gente, sin tenerle miedo al fujimorismo. Yo no era partidario de tratar de resolver el asunto creando una nueva Comisión de Reforma, sino de medidas inmediatas. Y esto último fue lo que, finalmente, primó: el presidente convocó a una sesión extraordinaria del Pleno del Congreso, la que como se sabe concluyó con la remoción de todos los integrantes del CNM, declarando a esa institución en emergencia por 90 días.

Sobre esta base ya tiene mayor sentido una Comisión que se encargue de formular las propuestas, sobre todo porque entre sus miembros hay gente de primera.

¿Qué espera que el Presidente anuncie en su discurso de 28 de julio sobre la Reforma del Sistema de Justicia?

Ojalá que no diga que por el poco tiempo que ha tenido la comisión, él se limitará a hacer algunos lineamientos generales que deberán guiar la reforma integral del sistema de justicia, a implementarse en los meses que sigan. Y esperemos que se trate de propuestas muy concretas, aplicables de inmediato y que tengan que ver directamente con las circunstancias actuales.

¿Cómo cuáles?

Hasta me daría por bien servido con una sola, pues irradia todo el sistema y ha sido el detonante de la situación: el CNM, es decir el planteamiento de una alternativa que permita tener un nuevo CNM en poco tiempo. Frente a esto hay dos posibilidades: ir por la vía de una reforma constitucional, modificando completamente el modelo actual, o mantener la fórmula vigente, pero cambiando las reglas de elección y los requisitos. Yo me inclino por lo segundo porque es más rápido y menos riesgoso. La fórmula actual no es mala, lo que pasa es que se produjo una perversión a la hora de elegir a los consejeros. En cualquier caso hay que evitar el regreso al nombramiento político, o que las atribuciones del CNM pasen a los mismos jueces o fiscales y, por último, que se elimine toda participación de la sociedad civil.

Claro, el CNM, pero, ¿ qué otras medidas podría presentar el presidente, tomando en cuenta que está en un buen momento en términos de fuerza?

Lo más probable es que la Comisión no lo considere como parte de su encargo, pero para mí sería ideal que hiciera propuestas relacionadas con la investigación y procesos de los casos relacionados con Lava Jato. Es fundamental que todo lo que se ha destapado no termine en impunidad. Y lo cierto es que hasta ahora se ha avanzado poco. Por ejemplo, fue PPK el que con un decreto legislativo creó un sistema especializado anticorrupción de funcionarios públicos que terminó siendo paralelo a la Sala Penal Nacional, la que venía llevando los casos de crimen organizado a nivel nacional. Así como dividió, podría unificar, tomando en cuenta experiencia y resultados.

También aprovecharía para plantear medidas sobre cómo deben ser elegidas las autoridades judiciales, tomando en cuenta que en diciembre se viene una total renovación de todos los presidentes de la Corte Suprema y de las cortes superiores del país, y junto a ellos, la restructuración de salas y juzgados.

Creo también que es clamoroso adoptar medidas para hacer frente a la violencia contra la mujer, que vaya más allá del endurecimiento de penas. Esto por la gravedad de la situación, y porque estoy convencido de que tanta impunidad frente a este tipo de casos ha sido un hecho decisivo para la indignación de la gente.

Mi lógica es que ahora no estamos para pensar en una reforma integral del sistema de justicia a largo plazo, sino que debemos priorizar las medidas urgentes en función de las circunstancias actuales y necesidades principales. Como suelo decir: no es lo mismo una reforma en épocas normales de injusticia, que cuando tienes a la injusticia contra las cuerdas.

¿Y qué hacer frente al Fiscal de la Nación?

Yo creo que no puede ser Fiscal de la Nación quien, como es el caso de Chávarry, se comprometió con el impresentable de Hinostroza en darle en un certificado de buena conducta en relación a investigaciones fiscales para efectos de una visa para EEUU, y sin seguir los trámites previstos para esos efectos. Ni quien, como también hizo él, acepta hacer cambios en la Academia de la Magistratura (AMAG) para evitar conflictos generados a partir de denuncias sobre irregularidades. Más si se ha probado, a través de un nuevo audio, que mintió cuando dijo que no se había reunido en la casa de Toñito con periodistas amigos que lo ayudarían a enfrentar la "campaña en su contra" de "los caviares".

¿Qué hacer?

En las circunstancias actuales, en las que no hay un CNM y el fujimorismo no tiene ninguna intención de mover un dedo contra Chávarry, lo único que queda es presionarlo hasta que renuncie. El tema de la Fiscalía de la Nación es sumamente preocupante, si tomamos en cuenta que hay otros dos fiscales supremos relacionados con los audios (Aladino Gálvez y Víctor Raúl Rodríguez) y que, precisamente, se jugaron a favor de Chávarry.

¿Es partidario de hacer cuestión de confianza?

En principio es una posibilidad que apoyo, pero para eso el Ejecutivo necesita llevar un paquete de medidas muy concretas, sustentadas claramente en la legalidad, lo cual es todo un desafío. También me preocupa qué tanto puede aguantar un país lo que implica el cierre del Congreso, después de todo lo ocurrido, sobre porque el Congreso no esperará pasivamente que lo disuelvan. Pero de todas maneras es una carta que el gobierno debe de tener en el bolsillo.

¿Esta vez cree que habrá reforma?

Dependerá de lo de siempre: ¿quién tiene más fuerza, los que la quieren realmente, o las que no la quieren porque se benefician de una justicia politizada, corrupta, ineficiente? A favor de lo primero está la indignación ciudadana, pero a favor de lo segundo ahora hay una razón adicional para no querer una justicia fuerte e independiente: casi todos los grupos políticos y varios grupos empresariales están vinculados a la corrupción en torno a Lava Jato y tienen cuentas pendientes con la justicia.