Ríos de tinta se han vertido sobre el informe final de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política que han generado en la “opinión pública” un ánimo receptivo pero escéptico sobre la aprobación de los proyectos de ley que ella propone. La mayor parte coincide en su oportunidad desde la óptica de la lucha contra la corrupción, no obstante, no hacen mención de la única garantía para que un Estado obre en favor de la mayoría social honesta y lealmente: que la misma tome parte.

En el siguiente artículo argumentamos que esta reforma fortalece ligeramente la democracia en tanto que abre la política significativamente, ergo, reduce los márgenes a la corrupción. Pero ¿qué deberíamos entender por “abrir la política”? Vayamos paso a paso.

En primer lugar, repasemos los resultados del referéndum que tuvo un claro ganador: el gobierno de Martín Vizcarra, quien hizo campaña por el sí, sí, sí, sí hasta que una argucia fujimorista contemplaba la posibilidad de un congresista pueda volver a ejercer un cargo de representación en el eventual Senado, por lo que, pocas semanas antes de los comicios, la campaña del Ejecutivo viró a un sí, sí, sí, no. De media un 78% del voto de las y los electores coincidieron con la consigna del presidente.

De esta forma, mientras estos resultados constituían una  prueba irrefutable de la derrota del aprofujimorismo, avalaban la constitución de una Comisión de Alto Nivel y las eventuales propuestas de reforma que ella, con la venia del Ejecutivo, emitiesen.

Finalmente, en marzo se emitió un informe con un diagnóstico sobre la situación política institucional poco cuestionada que hizo hincapié en el debilitamiento de los partidos políticos en los últimos 30 años, el poco interés de los ciudadanos de involucrarse en política y la escasa legitimidad del régimen democrático de representación. Pese a este consenso despertado, las propuestas legislativas, las cuales giran en torno a la necesidad de institucionalizar los partidos políticos, de promover la participación ciudadana y mejorar la calidad de representación de las y los parlamentarios en dos cámaras, no han sido, como cabría esperarse, muy bienvenidas.

Pero ¿por qué es fundamental sacar adelante estas reformas y otras reformas que apuntan en el mismo sentido?

Estas reformas nos deberían interesar sobremanera porque expande la democracia en tres diferentes sentidos:

1. La política deja de ser actividad exclusiva de unos pocos: la reforma prevé un sistema de financiamiento público para los partidos políticos tanto para sus campañas políticas como para la organización de sus elecciones internas. Además, plantea que las personas con discapacidad o internadas en un centro de salud puedan votar, facilitando el ejercicio de este derecho fundamental.

2. Se incentiva, generaliza y hace anónima la participación electoral en temas importantes: las propuestas de la reforma consideran poner como requisito a toda agrupación que pretenda presentarse a unas elecciones, llevar a cabo unas internas. Por otro lado, se prevé el pago de 1,5% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) a los miembros de mesa.

3. Crea nuevos actores e instituciones disputables y de contrapeso: la propuesta de Comisión también propone la constitución de una cámara de representación territorial, el Senado, mientras que empodera a ciertas instituciones llamadas a monitorear y fiscalizar tanto el proceso electoral interno como la financiación pública.

La lógica es simple, lo que no está en conflicto, no está en disputa, por lo que no puede ser discutido: lo natural, lo privado, lo técnico, la costumbre. Por ejemplo, habrá menos política si la elección de los candidatos presidenciales viene dada por el apellido, la tradición o una suerte de “consejo de sabios”, que, si es disputada en unas elecciones ya que ésta habrá sido conflictuada, se habrán puesto a discutir distintos grupos que representan distintos intereses.

Además, esta reforma no sólo abre la democracia y amplia los espacios politizables, sino que intenta reducir la dependencia partidaria con el dinero para la inscripción de este. Así que, si estamos de acuerdo con que la corrupción es producto de una lógica individualista, que en el Estado comienza con la inscripción del partido y la falta de probabilidad de sanción, creo debemos apoyar esta reforma y las modificaciones legislativas que apunten en la misma dirección, asumiendo que estas solo constituyen el primer paso en la lucha por una democracia real que logre restituir los derechos sociales de iure y de facto a todos los peruanos y peruanas.