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La Constitución, el modelo, el partido y las empresas

Foto: Revista Uno (LLYC)

Hay pánico en los sectores conservadores y también en los liberales de derecha a que se cambie el capítulo económico de la Constitución de 1993, y la verdad es que por ahora yo tampoco lo haría. Somos una democracia todavía débil, sin la institucionalidad suficiente y hay que reconocer que las tentaciones del poder son muchas y entre ellas está la actividad empresarial del Estado, que en nuestro país ha sido un instrumento de poder y no ha sido eficiente, sino más bien fuente de pérdidas y gastos para el Estado, además de corrupción. Aunque en otros países hay ejemplos de exitosa actividad empresarial del Estado (Suiza, Uruguay, etc.), no creo que por ahora convenga que nuestro Estado se involucre en el desarrollo empresarial, por lo menos como accionista único o mayoritario. Quizá podríamos aceptar que en las actividades estratégicas sea accionista minoritario o simplemente tenga representación en el directorio. Eso obligaría a esas empresas a un trabajo muy pulcro y profesional en estos negocios y sobre todo aminoraría las posibilidades de corrupción que hemos visto son un verdadero peligro. Un representante del Estado en la dirección y gestión puede hacer mucho más complicadas las actividades de este tipo al mismo tiempo que le da mayor poder a éste (el Estado) ahora que lo ha perdido a costa del Poder económico privado.

Todos somos conscientes que en nuestros tiempos los gremios empresariales, los medios y sus ayayeros son el gran poder detrás de bambalinas y éste tiene que limitarse. Hay que construir un servicio público profesional y eficiente que evite las sustituciones de funcionarios cuando la administración o el ministro cambia y también evitar las idas y vueltas de personas del sector privado con el sistema de puertas revolventes que ha sido tan frecuente en nuestro país. Es también indispensable moralizar el sector privado con severas sanciones a quienes actúen como corruptores e incluyendo como delitos las conductas inmorales dentro de las empresas las que también deberían ser pasibles de responsabilidad civil si alguno de sus directivos resulta involucrado en actos de corrupción. Por último, hay que incentivar las denuncias y cambiar la cultura de desprecio al ‘soplón’. De alguna manera ya hemos empezado con el sistema de delaciones premiadas que no es cómodo a nuestra idiosincracia, pero resulta eficaz en esta guerra.

Me gustó la frase “La defensa del modelo se hace logrando que funcione”, de Elena Conterno de IPAE, pero tenemos que tener claro que el modelo vigente –llamado neoliberal por algunos– no es el ideal. No hemos llegado al fin de la historia y ésta nos muestra que todos los modelos son susceptibles de evolución, mejora y cambios. Pretender que éste es la solución final es una insensatez.

Tenemos la costumbre de poner como ejemplo a los Estados Unidos, pero no todo lo que hace o tiene incluidas sus instituciones está bien. Por lo menos es susceptible de mejora. Es verdad que funciona mejor que otras ‘democracias’, aunque ahora Trump lo esté poniendo en duda, pero no es la panacea, ni mucho menos. Para empezar, me parece lamentable su predominante cultura materialista en la que las personas valen por lo que tienen y no por lo que son.

Concuerdo con Alicia del Águila (El Comercio, 14-12-2019) cuando dice:

“Esto nos lleva a cuestionar el paradigma de reforma para “fortalecer partidos nacionales”, sin más. Las protestas en la región apuntan a una mirada distinta, hacia la mejora de nuestras democracias. Por ejemplo, con la primera lógica se ha prohibido que organizaciones locales compitan en sus elecciones municipales, incluyendo en pueblos con mayoría indígena. Deben buscar organizaciones ajenas a sus reclamos e identidad.

En suma, es difícil sostener que el voto preferencial sea causante de las debilidades partidarias. Más bien, analicemos los problemas de fondo de nuestra democracia, con perspectiva territorial y de largo plazo.”

Como se puede comprobar en los países en que los partidos son fuertes, como podrían ser España. Gran Bretaña y Estados Unidos, son centros de poder penetrados por quienes tienen capacidad de llegar a ellos: los poderes fácticos, por lo que la democracia también está en crisis en esos países y es que el problema está en la sensación de los pueblos de no sentirse representados por sus políticos, por la sencilla razón de que éstos sólo se acuerdan de ellos en las etapas electorales para olvidarlos casi inmediatamente hasta la próxima elección. La sensación general –y la hemos visto con nuestro Congreso recientemente cerrado– es que la mayor parte de los parlamentarios son gestores de sus propios intereses y del poder económico que les financia sus campañas y otras gollerías. Se aprueban algunas normas convenientes para la ciudadanía, pero son la excepción en medio de leyes que abierta o disimuladamente favorecen a ciertos negocios o industrias.

He visto también con simpatía la propuesta de Klaus Schwab[1], fundador del Foro Económico Mundial, quien desde hace medio siglo pretende reemplazar el capitalismo de accionistas por el capitalismo de valor compartido. Las empresas ya no sólo se deberían a sus accionistas, sino a la sociedad entendida como sus proveedores, clientes, comunidad, gobierno y ecosistema. Como ha hecho notar Diego Macera (El Comercio, 30-01-2020) la Business Roundtable (BRT), una especie de CONFIEP para gerentes generales de Estados Unidos –a quienes no se puede considerar como anti-capitalistas o antisistema–  redefinió el propósito de una empresa, poniendo los intereses de la sociedad Al nivel de los intereses de los accionistas que al final son parte de la primera.

San Isidro, 2 de febrero de 2020

 



[1] En su artículo ‘¿Qué tipo de capitalismo queremos?’ publicado en Project Syndicate. The World’s Opinión Page el 2 de diciembre de 2019. https://www.project-syndicate.org/commentary/stakeholder-capitalism-new-metrics-by-klaus-schwab-2019-11/spanish

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