Carlos Vásquez Ganoza/ Expresidente del INPE

 Según información disponible, aunque se desconoce cuántas pruebas se han realizado a los más de 96, 145 internos (INPE: Enero, 2020), se ha informado que 645 de ellos están contagiados y 30 de ellos han fallecido a nivel nacional. Asimismo, se ha manifestado que 579 permanecen aislados en diversos establecimientos para evitar la propagación y 36 se encuentran en hospitales debido a la pandemia.

En relación a los servidores INPE, que a nivel nacional bordean los 11 mil, se ha mencionado que 224 trabajadores han dado positivo en las pruebas de la COVID-19. De ellos, 7 murieron, 16 están hospitalizados y 201 cumplen el aislamiento social obligatorio en sus casas.

A comienzos de la pandemia, el Estado anunció un conjunto de medidas para reducir el impacto de la COVID- 19 en penales, entre las que se encuentran medidas de deshacinamiento, compras de insumos médicos, pruebas rápidas de descarte al personal e internos, así como el traslado de aquellos infectados a lugares de cuarentena.  Luego de 50 días de cuarentena, así van los avances de las mismas.

a.            Deshacinamiento

En el Perú se han emitido dos normas. La primera de ellas ha sido el Decreto Legislativo N° 1459 (13/04/2020), destinada a reducir el número de internos por delitos de omisión de asistencia familiar que, a enero de este año, bordeaba los 2832 y, sobre los cuales, el Estado gasta 4.5 millones de soles anualmente solo en alimentos. La norma exige, para su egreso, el pago íntegro de la reparación civil y la totalidad de las deudas alimenticias acumuladas. En quince días de vigencia, se ha informado que solo 210 de ellos han egresado de penales; esto es, solo el 7.4%.

La segunda norma ha sido el Decreto Supremo N° 004-2020-JUS (22/04/2020) que impulsa las gracias presidenciales, especialmente los indultos humanitarios y conmutaciones de penas. La norma, se dijo, estaba destinada a beneficiar a unos 3000 internos con fines de deshacinamiento, en especial personas con enfermedades crónicas avanzadas, madres gestantes, internos con penas a cumplirse en los próximos seis meses, con penas menores a cuatro años o adultos mayores de 60 años de edad. En poco más de una semana de vigencia, además de ya haber sido modificada la norma, se han otorgado las primeras gracias a 37 personas, esto es, el 1.2% de los que, supuestamante, serán beneficiados.

En resumen, al día 51 de la cuarentena, solo 247 internos han egresado por políticas de deshacinamiento impulsadas por el Ejecutivo, lo que representa el 0.2% del total de la población (96,145 al mes de enero).

A nivel internacional, el deshacinamiento ha ido a otra velocidad: Bélgica ha excarcelado entre el 13 al 31 de marzo a 872 internos que tenían saldo de seis meses para cumplir sus penas; Francia ha disminuido en 6,266 entre el 16 de marzo y primero de abril, especialmente en aquellos que se encontraban al final de sus condenas; algunos Estados de Alemania han ido en la misma dirección (Wesfalen: 1000 internos que le faltaban año y medio para cumplir su condena; Berlín a los que tienen pena menores a 3 años; Bayer y Neidersachsen para condenas menores a los 6 meses); Italia, luego de sufrir 40 motines, ha emitido un decreto para beneficiar a 3000 internos con penas menores a 3 años. (European Prision Observatory, Marzo 25, 2020).

b.            Internos y familias

En el Perú, el 6 de abril se dispuso, para los penales de Lima y Callo, la restricción de visitas (lo cual incluye no solo a la familia, sino también a la defensa). Posteriormente, diez días después, mediante memorando múltiple N° 0130-2020-INPE/04, se extendió dicha prohibición a nivel nacional. Desde entonces, solo se permite el ingreso de víveres básicos, medicamentos y productos de higiene. Si bien muchos penales de régimen ordinario pueden comunicarse con sus familiares por teléfonos públicos, en los penales de régimen especial ello no sucede.

A nivel internacional, la restricción de visitas ha sido un ejemplo que han seguido todos los países, pero con la implementación de alternativas de comunicación: Francia, por ejemplo, ha destinado un “crédito” de 40 euros al mes a cada interno en la cuenta de sus teléfonos (códigos); Alemania ha mantenido la comunicación de los internos con sus abogados: “¿si el Estado implementa normas de deshacinamiento, quién los asesora?”;  Letonia, Luxemburgo y España han complementado las restricciones de visitas con mayor acceso a llamadas telefónicas y videollamadas adicionales; es más, el Departamento de Justicia Catalan ha ordenado de forma urgente 230 teléfonos celulares para que los internos carentes de recursos puedan comunicarse con sus familiares. Todas estas alternativas a las restricciones de visitas tienen por finalidad bajar la temperatura y evitar motines.

c.            Traslados de internos contagiados

En el Perú, a comienzos de abril, se comunicó que el expenal San Jorge, cedido al Poder Judicial, seria acondicionado para recibir a internos contagiados por COVID – 19 y, con ello, aislarlos del resto de la población. Para ello, se implementarían 21 módulos que tendrían capacidad para albergar a 161 internos.  A la fecha, unos 20 internos habrían sido trasladados los primeros ambientes implementados.

A nivel internacional, los Estados han buscado alternativas similares, pero con infraestructura ya viable. Así, Austria ha informado este 30 de abril que las 28 prisiones tienen departamentos de aislamiento. Asimismo, ha comunicado que se crearán “departamentos de liberación”, lugares de confinamiento, para aquellos que están por salir y prevenir infecciones a la población general; Belgica (23/04/2020) ha acondicionado las prisiones de Lantin, Brujas y Vilvoorde para casos específicos de coronavirus. Finalmente, Alemania (22/04/2020) traslada a los internos con coronavirus a un hospital penitenciario antes que a uno externo (que requieren hasta 6 oficiales de seguridad por interno).

Pensar en medidas similares en el Perú parecen ser inviables con el hacinamiento en que se encuentran las cárceles. Pero las cifras podrían ayudar a rediseñar  una última estrategia nacional. De los 68 penales que existen en el Perú, 49 de ellos se encuentran hacinados; el restante 19, no. Uno de ellos es el Penal de Virgen de Fátima que tiene capacidad para 548 internas y que, en la actualidad, solo alberga a un aproximado de 350. Podría trasladarse a dichas internas al penal de Ancón 2 (construido para 2,216 y que alberga a 1,836) y habilitar Virgen de Fátima para un “Penal Hospital” que no solo tenga capacidad para más de 500 internos eventualmente contagiados, sino que sirva como un lugar de cuarentena previo a aquellos que podrían salir en los próximos meses.

Ninguna medida que pueda mitigar el impacto del COVID – 19 en los penales debe ser descartada. Recordando a Hubert Lanssier, quien liderara la comisión de gracias presidenciales en los años 90, al referirse al tratamiento de los internos en el Perú decía que: “si tenemos que combatir caníbales, esto no nos da el derecho a comer carne humana”.