Alberto de Belaunde: “La justicia nunca es venganza, pero Abimael debe morir en prisión”

Alberto de Belaunde: “La justicia nunca es venganza, pero Abimael debe morir en prisión”

Ideele Revista Nº 282

Foto: Publimetro.

En una sociedad atravesada aún por las secuelas de las dos décadas de violencia política, la ansiada reconciliación propuesta por la Comisión de la Verdad (CVR) sigue siendo distante y hasta la misma paz de los sepulcros parece una utopía.

El congresista Alberto de Belaunde acaba de lograr que el Congreso apruebe, con amplia mayoría, el proyecto de ley que permitirá que los restos de ocho senderistas asesinados en El Frontón (19 de junio de 1986) sean exhumados y trasladados a otro lugar. Así, dentro de poco, se concretaría la destrucción del llamado mausoleo de Comas. La búsqueda de consensos en este tipo de temas -tan graves para nuestro país- debe ser producto de una profunda y profusa discusión. Alberto de Belaunde se define como “liberal progresista”, y uno de los temas que más ocupa su agenda en el Congreso es la defensa de los derechos humanos, añade[i].


En el tuit que celebras la aprobación del Proyecto de Ley 2879 escribes: “¡Se aprueba el proyecto de mi autoría que permitirá destruir el mausoleo terrorista en pocas semanas! ¡Agradezco el apoyo multipartidario! #TerrorismoNuncaMás” ¿De qué manera consideras que se lucha contra el terrorismo con tal Ley?

Ese es el framing político que le di, porque, digamos, si yo a ese tuit le pongo “se aprueba el proyecto de ley que permitirá llenar los vacíos de la Ley de Cementerios y que los municipios cumplan con su competencia”, uno, que no me alcanzan los 180 caracteres y segundo, no genera ningún tipo de interés. Lo que hace este proyecto es llenar una serie de vacíos que, entre otras cosas, permite solucionar este problema del Mausoleo.

¿Crees que con esta legislación sí se lucha contra el terrorismo?

Yo creo que esta legislación permite solucionar una situación que generaba en la sociedad  una sensación de impunidad en cuanto a los terroristas. Entonces, sí creo que se está luchando contra una posibilidad de apología ya que se había vuelto un espacio que era utilizado para apología…sí.

¿Está en línea de considerar que la existencia del mausoleo de Comas vulnera la seguridad pública, como se indica en el proyecto de ley?

Exactamente.

En los carteles que portaban los familiares de los siete cadáveres de El Frontón, tan criticados por los medios, se leía: “Amnistía general”, “Reconciliación nacional” y “Solución política”. ¿Qué opinión tienes de dichas demandas?

Creo que ninguna situación que pase a un esquema de impunidad puede ser considerada reconciliación nacional. Esto se aplica para todos los violadores de derechos humanos; esto se aplica para quienes sostienen que debería liberarse a los terroristas, o a militares que violaron derechos humanos; quienes consideran que no debería cumplirse la sentencia del Poder Judicial y dejar a Alberto Fujimori en libertad, porque esto ayudará a la reconciliación nacional. Yo creo que ningún caso de violación de derechos humanos, no solo aquí, sino en el mundo, ha dado pie a un esquema de reconciliación cuando el punto de partida es la impunidad.

¿Calificas a la impunidad como apología al terrorismo? Porque mencionas que lo que motiva la ley es la vulneración de la seguridad pública, entendiendo al mausoleo como espacio para la apología…

No he analizado concretamente los videos, en todo caso no los tengo acá para analizar específicamente si se cumple el delito de apología.

Has mencionado que la ley que beneficia a adultos mayores de 65 a  78 años sentenciados a cárcel, de autoría de Yeni Vilcatoma, es una ley con nombre propio; mucha gente podría concebir que la ley sobre el mausoleo es también una ley con nombre propio…

Lo que pasa es que en muchos casos son situaciones específicas.

Pero en la sustentación del Proyecto de Ley se menciona al mausoleo de Comas…

Sí, es verdad. Pero hay situaciones específicas que demuestran problemas más generales. En este caso, la modificación a la Ley de Cementerios demostró que hay, por un lado, un problema de competencia municipal, pero por otro lado, de falta de claridad en cómo puede impartirse justicia en un caso vinculado en sacar un cuerpo de una tumba y ponerlo en otro lado. Tomando en cuenta que existía un pronunciamiento de la Corte Interamericana sobre el tema, consideramos que este caso nos permitía solucionar un tema específico, pero además ayudaba —que es lo que uno debe siempre buscar como congresista — a solucionar un problema general. En el caso de Alberto Fujimori, en cambio, estamos viendo que el único problema es el específico. No hay ningún otro tipo de consideración, no tenían claro cuántas personas mayores de 80 años había en prisión, y tampoco les importaba. No hay un auténtico desarrollo de doctrina penal de por qué una persona mayor de 80 años tendría que pasar el resto del tiempo en arresto domiciliario. La coyuntura claramente responde en este caso específico.

(La ley que permitirá la destrucción del Mausoleo de Comas se aprobó en el Congreso con un solo voto en contra, la del congresista Dammert Ego Aguirre. Esta norma modifica la Ley de Cementerios y Servicios Funerarios; en concreto logra cambios en las atribuciones municipales. Sin embargo, fue expuesto por el legislador no agrupado de la siguiente manera: "Hay proyectos que unen al Congreso; este proyecto busca llenar unos vacíos de la Ley de Cementerios que han permitido que hasta el día de hoy, luego de dos años de construido, el mausoleo senderista siga en el distrito de Comas sin que las autoridades puedan hacer nada [...] Lo que hace este proyecto es acabar con una estación de inseguridad jurídica que [...] evita que hasta el día de hoy las autoridades puedan demoler un mausoleo que es una afrenta a la memoria de todos los peruanos víctimas del terrorismo y es una afrenta a todos los ciudadanos").

Al día siguiente de aprobada esta ley , en una entrevista a RPP, la levantas de forma más política. En ese medio, aseguras que es la ley que permitirá la destrucción del mausoleo que es una afrenta a la memoria de todos los peruanos víctimas del terrorismo y a todos los ciudadanos

Sin duda, cuando uno crea una ley tiene que tener claro cuáles serán las consecuencias políticas de la norma y, normalmente, para informar sobre el proyecto de ley aprobado tienes que buscar un ejemplo en la vida cotidiana de la gente que vaya a generar un cambio para poder generar atención  y la comprensión de la gente de qué es lo que se ha aprobado.

Pero mencionaste hace un rato que no has estudiado sobre si existe una vulneración de la seguridad pública o no. No estás seguro si las reuniones que se celebran alrededor del mausoleo constituyen apología, ¿cierto?

No me corresponde decir si es apología o no. Lo que yo veo acá es un problema de vacío legal que es lo que trata de llenar esa ley aprobada.

En un artículo que escribes para El Comercio sobre Martha Huatay, cuestionas al Colegio de Abogados que ella aún pueda ejercer su profesión, quiero saber primero cuál crees que es la misión del presidio y si no consideras que tu petición es alargar un castigo a esa señora.

No, porque recordemos que, en la sanción de los colegios profesionales, no hay principio de rei di si di porque es una sanción distinta a la sanción penal. Lo que establece la normativa ética es que los abogados se deben a su cliente, pero se deben también al Estado de Derecho. Así como Vladimiro Montesinos  fue expulsado del Colegio de Abogados mientras sus procesos se encontraban en marcha, ni siquiera tenía una sentencia, justamente porque son bienes jurídicos los que se tutelan y una vía distinta a la vía judicial. Acá, en realidad, el principal problema es que el Colegio de Abogados no cumplió con su obligación en los noventas, cuando Martha Huatay es capturada lo que se debió haber hecho es un proceso de oficio desde el Colegio de Abogados de Lima, y no se hizo.

Exactamente, no se hizo. ¿Consideras pertinente que el Colegio de Abogados, siendo un espacio de acción de especialistas del derecho, debería ignorar el principio de presunción de rehabilitación, y sancionar a las personas después de que estas ya cumplieron una condena judicial?

Es que el Colegio de Abogados está más preocupado por ser un espacio gremialista y enfocado en el bienestar de los abogados y no en la razón de ser de los colegios profesionales, que es el control ético de sus agremiados.

¿Qué opinas de la normativa antiterrorista que estipula, por ejemplo, como requisito para ingresar o reingresar al sector público no haber sido condenado por el delito de terrorismo, y establece la misma medida para quienes laboran en el sector Educación que ha hecho que varias personas sean despedidas?

Estoy de acuerdo. Yo creo que uno, tanto para postular como para trabajar en determinados espacios del Estado, puede poner los requisitos que considere necesarios; puedes poner años de experiencia, determinadas carreras y que no hayan sido sentenciados por determinados delitos. Por ejemplo, una persona que haya sido sentenciada por violación de niños no debería trabajar nunca más en un colegio público. Esto tiene que ver no con la persona ni con alargar el delito, sino con qué requisitos y qué perfil profesional es el que deseas para determinados espacios.

Me estás hablando de un perfil. Si el Estado establece que se necesita un determinado perfil para desempeñar un cargo, y entre los requisitos que llenan tal perfil estipula que no puede ejercer la docencia un condenado por terrorismo, ¿no se estaría sosteniendo que esta persona que ya pasó por el presidio no cambió? ¿No se puede reinsertar en la sociedad? ¿No se rehabilitó?

Pero sí puede reinsertarse en la sociedad. Tiene todas las posibilidades de hacerlo, de acceder a otros espacios. La rehabilitación se presume, es lo que señala la norma, pero igual uno puede establecer perfiles determinados para puestos determinados, sobre todo para puestos sensibles donde lo que tiene que primar es el interés superior del niño. Ante la posibilidad de contar con alguien que pueda contar con un perfil no adecuado debido a sus antecedentes, es perfectamente legítimo para un Estado establecer cuáles son los requisitos para acceder al mismo.

¿Con qué idea se opera? ¿Con la que se podría dogmatizar al niño?

Por ejemplo, que fue lo que hizo Sendero Luminoso en los ochentas y partes de los noventas.

Más allá de la ley, ¿cómo entender a un terrorista? ¿Un terrorista es tal hasta que se muera porque formó parte de Sendero Luminoso, así no haya realizado actos de terror?

Una persona es terrorista cuando forma parte de la organización terrorista. Toda persona que es parte de Sendero Luminoso sin duda es un terrorista.

¿Y en la actualidad?

En la actualidad, yo creo que el Estado debe tomar medidas necesarias en puestos que considera particularmente sensible, como es la educación, para garantizar que no haya una situación de riesgo. Porque también los mismos principios se aplican para otros supuestos; alguien te puede decir que ya está completamente rehabilitada la persona que fue condenada por el delito de violación de menores, ya puede trabajar con niños. Te aseguro que en ese caso habría incluso menos controversia en torno a la absoluta necesidad de asegurar que esa persona no tenga acceso a niños, porque en ese caso lo que prima es el interés superior del niño, claramente. Entonces, ante el riesgo que existe que esas personas sigan siendo parte de la organización terrorista Sendero Luminoso, o que sigan teniendo la misma ideología, el pensamiento Gonzalo, basado en la violencia, creo que es absolutamente legítimo por parte de un Estado el restringir determinados espacios a una persona. Sin duda.

"Yo creo que hay delitos que son lo suficientemente graves como para creer que lo que tienen que primar es que se cumpla la condena. Lo estamos viendo en Argentina, como te digo. Los violadores de derechos humanos están muriendo en prisión".

¿No te parece que existe una satanización de los pedidos de “¿Amnistía general”, “Reconciliación nacional” y “Solución Política”?

¿Por qué satanización?

Porque tales demandas son tratadas como apología al terrorismo. Tú acabas de decir que no apruebas la impunidad, pero de ahí no se explica el traslado de impunidad a apología al terrorismo en esas consignas. ¿Por qué no se formula la misma acusación a otros grupos que piden también amnistía para otros personajes afines a ellos?

Creo que la acusación del terrorismo va más allá de pedir esto de “Amnistía general” y “Reconciliación nacional”, que ya dejé en claro que estoy absolutamente en contra; hay un ensalzamiento a la figura de Abimael Guzmán y una serie de elementos más que la norma establece que entran en los supuestos de apología al terrorismo. Debatamos la norma, ya lo hicimos en el Congreso y consideramos que eran supuestos de apología al terrorismo. Entonces creo que el tipo penal existe, y existe justamente para evitar que estas organizaciones se aprovechen de la democracia para luego intentar destruirla.

La prensa parece empeñada en presentarnos un escenario de miedo en el que seguimos en guerra contra el terrorismo. ¿Cómo concibes el papel de la prensa frente en este tema?

Mira, eso yo no lo tengo claro. Porque hay, claramente, una vinculación entre el Movadef y Abimael Guzmán, que quedaría claro con el Caso Perseo, pero también conexiones que existirían todavía con los rezagos terroristas del Vraem. Entonces, hay todavía una situación de violencia. Peruanos de nuestras fuerzas armadas mueren. Cada mes tenemos noticias, o con mucha frecuencia tenemos noticias, de personas que son víctimas mortales del terrorismo. Entonces yo sí creo que, a veces, el periodismo por la propia naturaleza periodística, tanto de izquierda como de derecha, levanta este tema con algo de sensacionalismo. Pero yo prefiero eso a que ignoremos el problema.

En unas declaraciones que diste en el Canal N al periodista Mijael Garrido Lecca, a inicios de este año, dejabas abierta la posibilidad de apoyar el indulto humanitario a Abimael Guzmán, en caso esté muy enfermo, para que no muera en prisión. Sin embargo, luego diste marcha atrás.

Lo que yo dije fue que, si se encontraba moribundo, y en caso se le diera el indulto humanitario, tendría que asegurarse la vigilancia total para que muera en su cama. Esto fue tomado, justamente por parte de la prensa, como si yo estuviese abogando por un indulto humanitario a Abimael Guzmán, que no era lo que yo estaba haciendo. Me estaba poniendo en un supuesto, que es una cosa que, los políticos, tenemos que dejar de hacer, porque siempre terminamos cayendo en ese tipo de trampas. Yo, en esos días, porque fueron como 48 horas, tuve la oportunidad de conversar con muchas víctimas directas del terrorismo. Y, claro, no solo hay que ver esto desde el punto de vista de la persona, sino también de lo que este tipo de medidas generan en las personas que se sienten directamente agraviadas por quien está en la cárcel. Y la sensación de falta de justicia, la sensación de dolor, una serie de elementos que hace que crea que sí pues, hay delitos lo suficientemente graves como para que las personas tengan que morir en prisión.

¿Dices que Abimael Guzmán debe morir en prisión?

Sí. En Argentina lo vemos con los militares violadores de derechos humanos.

Entonces, ¿el principio universal de que nadie debería morir en su celda no se aplica para los miembros de Sendero Luminoso?

Yo creo que hay delitos que son lo suficientemente graves como para creer que lo que tienen que primar es que se cumpla la condena. Lo estamos viendo en Argentina, como te digo. Los violadores de derechos humanos están muriendo en prisión. Y esa fue la lógica incluso para anular la ilegal amnistía y volverlos a juzgar. Creo que eso también debería aplicarse en otros casos de graves violaciones a los Derechos Humanos. Porque el mensaje que terminas transmitiendo a la sociedad, al dar algún tipo de prerrogativa que no son derechos, porque nadie tiene derecho al indulto —son prerrogativas presidenciales, gracias presidenciales—, pueden terminar generando un mensaje más dañino para la sociedad que la medida misma en cuanto a la persona en concreto.

¿Pero si una persona, dada su avanzada edad y estado de salud, se encuentra desvinculada de la organización a la que perteneció, pensar que debe morir en su celda no es hacer de la justicia un instrumento de venganza?

No. La justicia nunca es venganza. Yo creo que la justicia, en caso de violación a los derechos humanos, siempre tiene que tener como centro y fin a las víctimas. Y creo que acá lo que tiene que primar no es sentimiento de venganza, sino sentimiento de justicia. Porque, de lo contrario, existiría el derecho al indulto. Y eso no es así. El indulto es una gracia presidencial. Si existiera la lógica que señalas, entonces estaríamos hablando de la existencia del derecho fundamental o de la necesidad de la tutela del Estado a través del indulto a la situación de las personas.

Es comprensible el sentimiento de las víctimas y su clamor por justicia, sin embargo, en tu caso, parece un giro en tu posición tras la presión de los medios.

No. Yo tengo que admitir que he ido evolucionando en esta posición, y lo he hecho con base en mi conversación con las víctimas. Yo asistí mucho al juicio a Fujimori, por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Y pude conversar, y tengo una relación bastante cercana con las víctimas de Fujimori —como también la tengo con las víctimas del terrorismo y las víctimas por casos realizados por las Fuerzas Armadas— por mi paso por la Comisión de Justicia de Derechos Humanos y todo el programa de reparaciones. Estuve en Palacio cuando se aprobó por fin la Ley del Banco Genético. Entonces, escucharlos [a las víctimas] creo que te ayuda a tener una perspectiva menos de escritorio y más de realidad. Y cómo ellos —que son los que no solo sufrieron en el momento en el que perdieron a sus familiares, sino que sufren hasta el día de hoy— procesan este tipo de posibilidades.

Entonces, ¿es tu relación con las víctimas a partir de la crítica que te hacen los medios?

No. A raíz de los comentarios que recibo de las propias víctimas. Frente a los medios uno tiene que tomar una posición bastante cautelosa. En la misma noche en la que se ve la entrevista, yo salí pensando si es que había sido tal vez demasiado enfático, en vez de poner siquiera un signo de interrogación. Pese a que yo me puse en un supuesto bastante extremo. Y estuve conversando con personas que perdieron familiares en Tarata, con personas que perdieron a sus familiares en atentados directos, y que eran funcionarios públicos. Eso fue lo que me hizo darme cuenta de que, a veces, uno se queda en el ámbito de los principios abstractos y se olvida que está hablando de personas, se olvida que está hablando de víctimas. Y se olvida, además, de la historia de impunidad que ha existido en el país. Tener hoy día a gente condenada con debido proceso, por graves delitos de violación a los derechos humanos, es una cosa excepcional. En el sentido que no ha sido la regla en este tipo de procesos.

¿Consideras un peligro a grupos como el Movadef o a la Asociación de Familiares reunidos alrededor del Afadevig?

El Movadef clarísimo. El Movadef habla en su ideario presentado al Jurado Nacional de Elecciones para inscribirse como partido político, del Pensamiento Gonzalo. Y no hay análisis que se haya hecho de sociólogos de izquierda, de gente de derecha o gente de centro que no señale la violencia como un elemento consustancial, fundante, y absolutamente estructural, en la ideología del Pensamiento Gonzalo. Y más, en el caso Perseo creo que se demuestra que el Movadef es claramente Sendero Luminoso.

¿El Afadevig y demás familiares de senderistas también serían parte de  Sendero Luminoso?

No tengo contacto con ellos. Sí podría reunirme con ellos. Hay que ver, efectivamente, que sean familiares ajenos a la estructura o a la lógica del Movadef y de Sendero Luminoso. Tienen el derecho de petición, sin duda. Pero eso no nos puede llevar a quitar de la mesa el hecho de que sus familiares están condenados por graves delitos. Eso, al igual que los familiares que puede haber de militares violados por derechos humanos, tienen el derecho a solicitar lo que ellos deseen. No se puede equiparar a ellos con familiares de víctimas.

Tu posición actual es cercana a la política de la posdictadura Argentina; sin embargo, tenemos el caso chileno y español que son distintos. En ambos casos, la solución fue una salida política. En el caso del Perú no se discute el tema de la Amnistía ni el de la Reconciliación que levanta el Movadef. Se puso el nombre “Año de la Reconciliación” a este, pero en realidad fue un intento por limar asperezas con el fujimorismo. No discutir el tema desde el Estado, ¿no crees que permita que crezca una izquierda radical ligada al Movadef?

No. Yo no veo allí un nexo causal. Y es curioso que menciones esos dos casos, cuyos procesos de transición, luego de periodos de violencia, están siendo severamente cuestionados. Se menciona, además, que son severamente cuestionados, porque justamente el poder de quienes ejercieron el mayor nivel de violencia se mantuvo luego de acabado ese periodo. Entonces, son procesos de transición y procesos de memoria histórica absolutamente truncos y distorsionados por este elemento de impunidad. Yo lo que creo es que, en el Perú, todo violador de derechos humanos, sea de Sendero Luminoso, sea de alguna parte de las fuerzas armadas, sea de otro espacio, debe cumplir su condena. Nunca la impunidad es el espacio adecuado para llevar a cabo ningún proceso de Reconciliación.

¿No crees que la destrucción del Mausoleo vaya a permitir posicionar políticamente al Afadevig y al Movadef?

Para nada.

Pero la prensa internacional dirá que en Perú se destruye tumbas y se persigue muertos.

Ilegales. En el Perú las construcciones ilegales pueden ser perseguidas.

Pero el impacto político no irá en esa dirección.

No creo. Yo creo que el impacto político que se ha creado es la sensación de impunidad. Puedes encontrar vacíos legales para hacer cosas que la ley no permite.

Pero lo dices pensando más en lo mediático y en lo inmediato. ¿Qué hay del futuro? Es decir, pensando un poco a futuro, estas organizaciones van a seguir desarrollándose más allá de que se destruya o no el Mausoleo.

No veo la conexión. No creo que, porque logramos que un mausoleo construido de manera ilegal sea demolido siguiendo todo el proceso, con un fiscal presente, los cuerpos llevados o trasladados a un espacio, respetando la dignidad de todo muerto, va a tener como consecuencia directa que el Movadef crezca.

En el caso alemán, incluso en Francia y otros países, el trabajo de inteligencia propone programas de desradicalización. Acá, al usar solo las leyes, pareciera que se termina alimentando la radicalización.

Ah, pero claro. Es fundamental. Por eso, yo digo que esto tiene que venir acompañado también de una política pública de memoria histórica, que permita que la gente sepa qué fue lo que pasó. Y, por supuesto, un Estado que no deje bolsones olvidados que permita que discursos radicales calen.

Ya para ponernos en un caso concreto. ¿Cómo crees que una persona tenga una reinserción plena si, por ejemplo, sale de la cárcel con una especialización en derecho o cualquier otra especialización y se ve impedido de ejercer su profesión?

En el caso de derecho, yo dicto el curso de Ética Profesional del Abogado, es bastante claro. O sea, tú tienes que tener una gradualidad de la sanción, siendo la expulsión la medida más gravosa. Alguien que quiso destruir el Estado de Derecho, claramente ha fallado en los principios básicos de la profesión. Entonces, si tú no expulsas de la profesión a alguien que no cree en los principios, estarías atentando contra uno de los marcos claves del control ético. Esa persona tendrá que buscar otro ejercicio. Tienes que poder expulsar a alguien de la profesión, porque si no todo el esquema de gradualidad y el esquema de la misión de la profesión se cae. Como creo también que Orellana, cuando cumpla su mandato no debería poder ejercer el derecho.

¿Quieres decir que buena parte de los abogados de Abimael, el Movadef y el Afadevig tendrían que ser expulsados de la profesión?

Si son integrantes de organizaciones terroristas, sin duda. Pero que Abimael Guzmán y compañía tienen el derecho de contar con un abogado, eso también. O sea, nuestro sistema necesita que las personas acusadas de delitos cuenten con una defensa legal. Eso es parte fundamental para que todo el sistema funcione. Pero, si son personas que han sido condenadas por terrorismo, yo creo que el Colegio de Abogados debió de haberlos destituido. Lamentablemente, el Colegio de Abogados no ha cumplido ese rol. Y tampoco parece muy interesado en querer cumplirlo. Están más preocupados en la construcción del club campestre de los abogados que en siquiera reflexionar sobre estos temas.



[i] [i] La entrevista es parte de dos trabajos académicos que están realizando cada uno de los autores. En un primer momento se pensó que solo debía quedar en ese ámbito. Sin embargo, por la trascendencia del tema abordado, se decidió también publicarlo en formato periodístico, con la autorización del entrevistado.

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