Nuevamente el nombre de Andahuasi se escucha con insistencia en los pasillos del Poder Judicial y en las altas esferas de la policía. Nos ha llegado la información que el desalojo- tantas veces postergado- a la ex cooperativa azucarera ya cuenta con el informe de asesoría jurídica y el informe de inteligencia. Solo faltaría la partida presupuestal. Un desalojo es algo muy costoso (movilización de tropas, pertrechos, comida y demás necesidades) y las instituciones estatales no cuentan con ese financiamiento.

La orden de desalojo que aguarda ser ejecutada le entrega la administración judicial a Carlos Rivas Urteaga, una persona que afronta procesos e investigaciones fiscales en Chiclayo, Huaura y Lima por fraude en la administración de personas jurídicas, fe pública, peculado por extensión, apropiación ilícita, asociación ilícita para delinquir e inserción de datos falsos en documento público.

El caso de Andahuasi se convirtió en paradigmático a raíz de la famosa cena en el restaurante Las Brujas de Cachiche. El gobierno de Ollanta Humala se inauguró en el escándalo con este suceso. Su vicepresidente Omar Chehade estuvo gestionando con tres generalesde la policía el desalojo de  Andahuasi. La cena fue carísima: le costó el cargo. Sin embargo, no ha habido ninguna sanción para los generales comprometidos en un arreglo por debajo de la mesa que iba a perjudicar a los trabajadores.

El grupo Wong y los trabajadores de la excooperativa Andahuasi desde hace cuatro años están en un juicio por el control de la azucarera. Los empresarios arguyen tener más del 50% de las acciones y los trabajadores sostienen que la compra y venta fue fraguada (para más información del caso ver aquí). Durante todos estos años los Wong han intentado infructuosamente concretar el  desalojo. Durante el gobierno anterior se hicieron  algunos intentos que costaron  la vida de cuatro personas.

Existen pruebas que la última intentona  no solo fue promovida sino financiada por los Wong: fotos donde se evidencia que las tanquetas y porta tropas fueron movilizadas en camiones de dos empresas proveedoras de Agro Industrial Paramonga y policías llevados en buses de "Transportes Barranca". Los pobladores  también han denunciado el pago de viáticos y alimentación en los restaurantes de Sayán para la policía. 

El caso que costó la cabeza de Omar Chehade trataba de una resolución de desalojo hecha de manera ilegal, sino ¿por qué la necesidad de usar influencias políticas y económicas para ejecutarlo? Al conocer esta resolución la empresa Andahuasi, administrada por sus trabajadores, planteó su nulidad, solicitó investigar a los jueces y denunció al Grupo Wong.

La Fiscalía de Chiclayo ordenó  investigar a los responsables y los hermanos Wong Interpusieron un recurso de excepción para no ser incluidos en la investigación de  la Fiscalía. Sin embargo la Corte Superior de Lambayeque, desestimó este pedido y ordenó continuar con lo solicitado por la Fiscalía, es decir iniciar la investigación a los hermanos Wong por fraude en contra de Empresa Andahuasi y contra el Estado:

“Los hechos imputados a los procesados si constituyen delito por cuanto al momento de interponer la demanda civil, la empresa minera Rio Pativilca no era propietaria absoluta solo representaba el 30% de las acciones sin embargo solicitaban el control absoluto habiendo interpuesto dicha demanda en un momento en que sus derechos civiles y económicos estaban suspendidos por resolución de Conasev es decir no tenían legitimidad”.

SE RESUELVE:

DECLARAR INFUNDADA LA EXCEPCIÓN DE IMPROCEDENCIA DE ACCIÓN interpuesto por los imputados: Edgardo Lorenzo Wong Lu Vega, Eduardo Javier Pedro Wong Lu Vega, Erasmo Jesús Wong Lu Vega, Efraín Roberto Teodoro Wong Lu Vega, Eric Augusto Wong Lu Vega, en la investigación preparatoria en su contra por los delitos de Fraude Procesal y Falsedad Genérica, en agravio del Poder Judicial (Quinto Juzgado Civil de Chiclayo) y la Empresa Agraria Azucarera Andahuasi S.A.A”.

Resulta extraño que hoy se persista en el desalojo cuando hace tan solo dos meses la Fiscalía ha insistido en que se investigue a los hermanos Wong. Además, el fiscal acaba de pedir 5 años para Miguel Chehade por el caso de las Brujas de Cachiche. La fiscalía habría comprobado que el 6 de octubre del 2011, Miguel Chehade visitó al general Guillermo Arteta para ofrecerle un  incentivo económico y logístico del grupo Wong para el desalojo. Este hecho guarda coherencia con los usos y costumbres de esta empresa para promocionar los desalojos, tal como han denunciado los trabajadores.

Si el ministerio público considera que existen pruebas suficientes para condenar al hermano del ex vicepresidente, las pretensiones de los Wong en Andahuasi deberían estar viciadas. ¿Alguien puede creer que Chehade actuó por cuenta propia? Condenar a Chehade y dejar indemnes a los Wong significaría sancionar  solo al operador. O sea, usarlo como chivo expiatorio.

Por otro lado, la empresa de seguridad Tanks cuyo cliente estrella ha sido Rio Pativilca (de propiedad de los Wong) y que ha estado tan implicada en diversos actos  de violencia vinculados a este conflicto, está siendo investigada por la Fiscalía de La Libertad por haber actuado en una jurisdicción que no le corresponde y por el blanqueo de capitales que asciende a un monto de dieciséis millones de soles.

La zona que actuó y en donde no tendrían autorización para hacerlo es Huacho el pagador fue Rio Pativilca.

¿Procede un desalojo tomando en cuenta estos hechos? Lo único claro en Andahuasi es que todo está recién por esclarecerse.