La situación del país en materia de corrupción constituye una fuente de inquietud entre los ciudadanos. Lo que viene sucediendo en Ancash y en otras regiones del Perú es grave: autoridades que se benefician económica y políticamente desde el ejercicio del poder, hostilizando o incluso lesionando a sus potenciales opositores, estableciendo alianzas con congresistas y periodistas en virtud de negociaciones en la sombra. El recurso al espionaje y a los servicios de sicarios para eliminar obstáculos en el camino de ciertos representantes regionales se ha convertido en un signo bastante claro de que algo se pudre desde hace tiempo en la política peruana.

Estas circunstancias ponen de manifiesto que la corrupción es un fenómeno con el que no se puede convivir sin generar graves peligros contra la democracia constitucional y el sistema de derechos. La corrupción prospera en tiempos de autoritarismo y lo alimenta en todos los niveles. La corrupción es un fenómeno ciertamente complejo que no se agota en el uso de los bienes públicos para obtener beneficios de carácter privado. El espacio de la corrupción no es sólo el Estado. Hablamos propiamente de “corrupción” cuando reconocemos la intervención irregular de la lógica del dinero y el anhelo de poder e influencia en transacciones y actividades humanas en las que se ponen legítimamente en juego otra clase de bienes sociales y recursos. Una definición como ésta permite ampliar la descripción del fenómeno hacia contextos no públicos, y a contemplar el circuito completo, incorporando la figura del corruptor y el corrupto en todos sus escenarios.

La concentración de poder en pocas manos en diversos espacios (instituciones del Estado, sindicatos, etc.), y la ausencia de fiscalización efectiva propician el surgimiento de la corrupción. La corrupción mina los vínculos de confianza y pertenencia que requieren las instituciones para sostenerse y funcionar. La fe en la transparencia de las transacciones humanas básicas se va debilitando hasta desaparecer por completo. La cultura de la impunidad refuerza la conducta corrupta (y corruptora) y desmoraliza al ciudadano. Aquí se hace significativa la noción de “injusticia pasiva” tal como ha sido discutida por Judith N. Shklar en diálogo con la obra de Cicerón y de Giotto. Actuamos de manera ‘pasivamente injusta’ en tanto cuando un tercero atenta contra la ley y nosotros - por indiferencia, pereza o cobardía – preferimos mirar hacia otro lado. Nos comportamos como súbditos, renunciamos a ser agentes de transformación.

Conjuramos la corrupción con instituciones sólidas, con los filtros adecuados y con una práctica cotidiana de rendición de cuentas. No obstante, ninguna de estas condiciones se configura sin acción y vigilancia ciudadana. La corrupción no prospera sin injusticia pasiva. Requerimos ciudadanos dispuestos a considerar la corrupción como una injusticia inaceptable. Agentes que puedan actuar desde los espacios que brindan el sistema político y las instituciones de la sociedad civil. Se trata de escenarios en los que los ciudadanos puedan construir consensos o expresar disensos sobre temas de interés común, y generar formas de vigilancia respecto de la conducta de las autoridades, que finalmente administran el poder por encargo de los ciudadanos y tienen que responder ante ellos en materia de eficacia, probidad y calidad de la gestión.

El conocimiento de la ley, la conciencia del propio derecho a la praxis cívica y la fiscalización de las autoridades constituyen recursos importantes para el control democrático y la defensa de la ética pública. Nada de esto se logra sin coraje cívico, el valor que mueve a los agentes políticos a llamar las cosas por su nombre y a confrontar a las autoridades elegidas que exceden sus potestades y vulneran la ley. Hoy, la hija de un opositor al hasta hace poco mandamás de Ancash pone el ejemplo. Quiere reivindicar la figura de su padre asesinado en oscuras circunstancias y enfrentar a quienes podrían haber propiciado tal delito – un hecho que tiene valor -, pero, aún movida por el dolor, no teme enfrentarse a un poder superior a sus fuerzas. No es la única que se atreve a denunciar la injusticia, ante la incomodidad de un sector de nuestra “clase dirigente”. El Estado ha recogido ese guante, pero habrá que ver si se asume con total seriedad la lucha contra un mal que degrada profundamente la sociedad. Hay que quebrar esa lamentable condescendencia frente a la corrupción que le otorga una aureola de invulnerabilidad a los corruptos.