Como en otros conflictos, la zona de las operaciones mineras no es el único espacio donde discurre la conflictividad. En los días que duraron el escalamiento y las tensiones en el conflicto de Las Bambas, también en los medios de comunicación se libraron disputas en torno al conflicto.

Cuando surgen los conflictos como el de Las Bambas, se activan también corrientes de opinión en favor de una salida policial que instaure el estado de derecho a como dé lugar. Pero también surgen opiniones a favor de una salida negociada. Ambas posiciones presionan al gobierno de turno con diferentes argumentos y estrategias. Unos mostrándolos débiles y pusilánimes ante el riesgo de ahuyentar las inversiones y otros mostrándolos como aliados del gran capital en desmedro de los derechos de las poblaciones.

En el espacio mediático se juega, por tanto, el curso que la gestión del conflicto pueda tener. De manera que el debate en los medios, puede inclinar la balanza en favor de la gestión del conflicto propuesta por los halcones o palomas que existen alrededor de todo gobierno.

La narrativa mediática de la deslegitimación

En el caso específico del conflicto de Las Bambas, observamos que los discursos se centraron en la deslegitimación de los líderes de sus demandas y de sus abogados. Al inicio, los medios hicieron eco de la narrativa de las empresas que sostenían que la culpa recaía en los hermanos Chávez Sotelo, los abogados de la comunidad de Fuerabamaba. El argumento era el siguiente: las comunidades firmaron un convenio por el cual, a cambio del reasentamiento, recibieron el fundo Yavi Yavi y un monto de compensación. Esta paz social fue interrumpida por los abogados, quienes los engatusaron, incentivándolos a la violencia y empujándolos a un reclamo injusto, y todo esto fue enmarcado como extorsión[1].

Esta narrativa, como lo hemos visto en otros conflictos, busca negar la existencia de problema de fondo, atribuyendo las causas de los conflictos a actores externos. En el pasado se usó la narrativa del “intruso externo”, argumentando que Sendero Luminoso era quien incentivaba los conflictos. Luego se atribuyó la culpa a las casas del Alba, a los etnocaceristas, a Patria Roja o a los líderes cajamarquinos. En algunas noticias se llegó a atribuir, delirantemente, el origen de los conflictos a mineras chinas y a grupos empresariales chilenos.

En Las Bambas, muchos medios desarrollaron similares estrategias respecto a los líderes de la protesta, acusándolos de que respondían a intereses políticos subalternos u ocultos. La literatura internacional sobre conflictos es muy profusa al analizar estas narrativas, identifica que se recurre a la metáfora del “líder demoniaco” o del “titiritero” [2] para negar la legitimidad de la adhesión de la población a la movilización y la protesta. Según esta narrativa el líder engaña y manipula a los miembros de las comunidades, empujándolos a una situación que ellos no desean y que solo lo beneficia a él, siendo los comuneros apenas borregos de líderes o actores externos.

En el caso de Las Bambas, el capital principal de los abogados era que hablan quechua, visitaban a las comunidades y que lograron beneficios para otras comunidades. Pero a pesar de su estrategia de negociación de lucha política, ellos le dieron a la comunidad una perspectiva sobre el fondo del problema, mientras la empresa y el Estado querían que se mantenga debajo de la alfombra.

La reducción de la presencia de ONGs que las acompañen, incrementó aún más el desbalance del poder. Las empresas recurren a los bufetes de abogados nacionales e internacionales más costosos y el Estado dispone de asesorías y estudios técnicos, pero las comunidades recurren a lo que tienen en mano y confían en estos abogados.

Debido a que el Gobierno es interpelado para gestionar el conflicto, los medios recurren a fuentes oficiales para darle sentido a los conflictos. Al inicio las noticias reprodujeron la posición del viceministro de Gobernanza territorial, que sostenía que no existía un conflicto ambiental, ni minero, sino que era un problema de negociación entre privados. Los medios sostuvieron esa narrativa, con apoyo del abogado de la empresa y de voceros del gremio, desvirtuando la naturaleza socioambiental del problema.

En varios conflictos observados, la narrativa de deslegitimación impulsada por las empresas y el Estado -especialmente a través de la televisión- genera una contranarrativa desde la sociedad civil basada en el respeto de los derechos de las poblaciones[3].

La narrativa técnica del problema

Sin embargo, en la cobertura noticiosa, además de la narrativa de la deslegitimación surgió una segunda narrativa. Esta consistió en la ampliación del problema técnico del conflicto. Diversos especialistas, abogados, exviceministros y expertos analizaron en los medios las dimensiones normativas, de consulta, de procedimientos sobre la construcción de la carretera que pasa por el fundo Yavi Yavi de propiedad de la comunidad de Fuerabamba.

Luego de algunas semanas de intensas disputas escenificadas en los medios, en especial desde la prensa y la radio, lo único que quedó medianamente claro fue que el problema de la construcción de la carretera era sumamente complejo[4]. Y el conflicto no se podía explicar por la ambición de unos abogados o la intransigencia de unos comuneros.

Durante la discusión mediática surgieron diferentes aristas que paso a enumerar: que no se habían expropiado las tierras ni compensado, que se pasó de una vía de abastecimientos a una vía nacional consultando solo a 12 de las 32 comunidades, que el cambio de un mineroducto a una carretera se realizó a través del ITS, un mecanismo sin consulta. Que la carretera no tuvo un análisis de impacto socioambiental. Que 300 camiones, de 40 toneladas cada uno, sí tenía un impacto ambiental en las comunidades que bordean la carretera. Que el costo del cambio de mineroducto a carretera saldría del bolsillo de todos los peruanos, ahorrándole a la empresa el gasto. Que no existe normatividad de consulta previa para la construcción de carreteras y que no se aplicó a pesar de la obligatoriedad del Convenio 169. Que al declararse vía nacional (sin la consulta con la comunidad) se extinguió el derecho de la servidumbre de paso por el que la empresa debía pagar y por ende ya la empresa no pagaría ni por el mineroducto ni por la servidumbre sino el Estado, es decir todos nosotros.

Como puede observarse, la discusión sociotécnica del problema de la carretera relativizó la primera narrativa que apuntaba a legitimar el arresto de los líderes y de los abogados. Por lo tanto, les restó argumentos a los halcones para realizar un desalojo a la fuerza y a todo costo.

La narrativa de la gestión del conflicto

Finalmente observamos en el conflicto de Las Bambas una tercera narrativa, gestada especialmente desde la radio, invitando a expertos en gestión de conflictos a paneles de debate. Ellos, con anuencia de los periodistas, subrayaron las falencias del Estado para atender tempranamente el conflicto, especialmente las dificultades del viceministerio de Gobernanza territorial. Además, plantearon mecanismos y procesos para buscar una salida negociada en lugar de una intervención con costos de vidas[5].

De otro lado la “red de constructores para la paz” facilitó la confluencia entre la Iglesia y la Defensoría del Pueblo y las comunidades con una estrategia mediática y de incidencia. El nuevo contexto no dejó espacio político al Gobierno y a la empresa, quienes tuvieron que allanarse a participar de un proceso de diálogo facilitado por terceros. Por tanto, la cobertura giró en su última semana en la negociación del conflicto[6]. 

Conclusiones

La confluencia entre una narrativa que expandió el problema y la narrativa de diálogo creó condiciones para que la gestión pública se canalice hacia un proceso más comprensivo del conflicto. Pero también evidenció las diferentes apuestas de los medios por una u otra narrativa e incluso la coexistencia de diferentes narrativas en un mismo programa o en diferentes áreas de un mismo medio. Ello es una muestra de la porosidad de los medios ante los diferentes grupos de poder y contrapoder.

En este conflicto, como en los anteriores, los medios ampliaron la discusión sobre los asuntos técnicos, cuestionando los criterios y procedimientos de su aplicación. Este cuestionamiento ha minado (conciente o inconcientemente) no solo la reputación de las empresas, sino también la base sobre la que las industrias extractivas construyen su legitimidad, es decir el dominio sobre lo técnico.

A nuestro parecer, las narrativas de gestión de conflictos han ganado legitimidad luego de tantas muertes que pudieron ser prevenidas, y la demanda de la ciudadanía por una intervención temprana que no ocurre por la negativa de la empresa y el Estado para sentarse a negociar y ceder en sus posiciones. En otras palabras, la cultura del diálogo viene, poco a poco, creciendo en nuestra sociedad, plagada de intransigencias.