Si la política pública es un proceso de decisiones públicas, en ocasiones los gobiernos deciden también no decidir nada. Es lo que Yves Meny llamó la política de la no decisión. Esto se puede producir por varias razones, entre las más frecuentes están: i) la ignorancia profunda del aparato burocrático sobre el tema; ii) la ausencia de un análisis de política que estructure correctamente el problema, o en otros casos seleccione alternativas de solución inteligentes; iii) la influencia de grupos de poder que se oponen o inciden para que algo no se apruebe; iv) la ideología dominante en los líderes políticos y los burócratas que realmente creen que las reformas no deben producirse; y en muchos otros casos v) por el interés propio de los que deciden, que supera el interés público, aquí la corrupción es el proceso más frecuente, aunque a veces poco visible.

Alrededor de 50 mujeres han muerto entre enero y mayo del 2018 y se han producido más de 90 tentativas de feminicidio. La mayoría a manos de sus propias parejas. No, no han muerto, han sido asesinadas. No, no han sido asesinadas solamente; fueron cruelmente asesinadas por su particular condición de mujer. Y aunque a muchos eso les resulta difícil de creer, basta ver el caso de Eyvi Ágreda, una mujer que ha facellido producto de la insanía machista de un hombre que le prendió fuego en un bus en Miraflores. Como suele ocurrir en el Perú, tenía que pasar en Miraflores para el tema empiece a ser relevante. Expresión clara de las profundas desigualdades y la cultura discriminadora y excluyente en la que nos movemos. Otra mujer en Cusco es acuchillada porque “no le hizo caso” al victimario. Descuartizadas, violadas, quemadas con agua hirviendo, asesinadas delante de sus hijos, las mujeres están sufriendo las consecuencias de haber mantenido una ideología de género (esa sí que lo es y viene perdurando más de dos mil años) que las coloca “al lado del marido”, que las obliga a “seguirlos en la dicha o la enfermedad, en la pobreza o la riqueza”, que las conmina a seguir soportando el dolor y la violencia pues deben “hacerlo por sus hijos”, porque “la familia es el núcleo básico de la sociedad”. Nuestra crueldad está a un peldaño de ponerlas en una plaza y embanderillarlas o cortarles las orejas para el regocijo de todos. Así de repugnante, así de real. El feminicidio no es una invención del feminismo, es una realidad que exige correcciones, soluciones inmediatas y que obliga al Estado por tratarse de derechos fundamentales, humanos, que se están violando todos los días.

El nuevo gobierno de Vizcarra se ha instaurado en medio de una crisis política institucional, pero también está en el centro de una sociedad enferma que requiere una intervención inmediata para su recuperación. Perú está en el puesto 8 de feminicidios en América Latina, según Cepal. La violación o amenaza de los derechos y libertades humanas pone en jaque y en cuestión la legitimidad y la eficacia de un Estado. Su gobierno está allí precisamente para adoptar las medidas que hasta ahora han sido simplemente la política de la no decisión. Y no es posible afirmar que existe una política pública porque hay delitos tipificados en el Código Penal. Lo que hemos hecho es criminalizar, penalizar, encontrar razones y procedimientos para sancionar el hecho, pero no hay casi nada para prevenir. El esfuerzo del MINEDU de incorporar criterios de respeto a la diversidad de sexos y géneros simplemente fue aplastado por los grupos reaccionarios que esperan que nada cambie para mantener sus prejuicios, su fe y su poder incólume a costa de la violencia.

Lo he dicho en otro lado también, que haría bien el gobierno en ejercer su liderazgo político con neutralidad, pero también con el modelo de un Estado laico. Nadie le quitará su fe al Presidente o a sus ministros, por el contrario, siempre habrá que luchar para que las libertades de creencia y religiosas estén vigentes, pero evitar que las iglesias terminen definiendo políticas por sus incidencias sería esperable, necesario y positivo. Un Estado moderno no niega a las iglesias, pero las reconoce como un actor más en la sociedad civil y, muchas veces, política. Por ello, evitar excesos de influencias sería saludable y políticamente profiláctico en la práctica gubernamental. Esto acompañado de un mejoramiento del servicio civil y un reforzamiento de su autoridad, podrían significar la revaloración de la burocracia como espacio eficiente, efectivo, pero también que recupere la noción de autoridad en el Estado.

El feminicidio ya no solo requiere el fortalecimiento de las normas y procedimientos penales que criminalizan estas deplorables conductas. Esto solo termina sancionando un hecho lamentablemente ya consumado. Se requieren políticas públicas, sí, y, por tanto, necesitamos pensar en estrategias multisectoriales que seleccionen instrumentos de políticas más estratégicos y eficaces.  

En diciembre de 2014, el Municipio de Chivilcoy en la provincia de Buenos Aires, empezó por eliminar estos concursos de belleza que muestran a mujeres como objetos sexuales, cosificándolas y estableciendo presuntos estándares de belleza que finalmente influyen en la exclusión y mantienen vivo el machismo en la sociedad. En otras ciudades se sanciona el piropo y se mantienen discusiones abiertas sobre la necesidad de que se elimine el acoso callejero, que luego conduce a los tocamientos indebidos y mantiene la idea de una mujer como mero objeto de placer. Reglas estrictas y un debate abierto en las empresas, en el Estado y en todos los centros laborales para evitar el acoso sexual en el trabajo favorecen la promoción del respeto de hombres y mujeres, pero sobre todo de estas últimas. Y este tema no es un problema solo peruano. En Alemania, Finlandia, Francia, Noruega, Dinamarca y otros países admiten que chistes con contenido sexual en el trabajo, la escuela o incluso en las iglesias, son formas de acoso sexual. En Alemania, 71% de hombres entrevistados creyeron tener el derecho de mirar los pechos de una mujer. La poca posibilidad de que las mujeres accedan a puestos de trabajo directivos o en iguales condiciones también debe ser revisado. La dependencia económica de las mujeres genera en muchos casos menos empoderamiento para denunciar o para hacer frente a la violencia. Pero en muchos países, la mejor forma de superar este tema ha sido construir una comunidad que valore la igualdad, la equidad y el respeto por la diversidad desde los centros de formación como la escuela, la universidad y los institutos. Por ello hay que decir enfáticamente que negarse a una reforma curricular que permita integrar los temas sexuales, de identidad y equidad de género representa en nuestro entorno una complicidad evidente y malévola con el machismo, la violencia y la exclusión.

Es verdad, seguramente, que todos tenemos una responsabilidad en esta lucha, pero para eso tenemos Estado, para ordenar, facilitar y construir estrategias de solución para los problemas que claramente los ciudadanos solos no podrán resolver. Esperar lo contrario sería en estos casos ser testigos de venganza, el ojo por ojo, diente por diente, lo que sin duda rompería aún más la muy limitada noción de comunidad democrática, pacífica y respetuosa que tenemos. Necesitamos un Estado que decida, que decida sobre el problema, sobre la solución, que encuentre instrumentos, estrategias, que haga políticas, no sólo criminales, sino sobre todo de prevención para resolver esta tragedia. Señor Presidente, señores y señoras ministras, señores alcaldes, gobernadores regionales, autoridades, docentes, todos y todas, tenemos la enorme responsabilidad de empezar a decidir.