Estamos ante una comunidad campesina que ha sido dueña de medio sur chico en Lima, y que ha visto cómo su propiedad se ha ido reduciendo a la mínima expresión.

El tráfico de tierras es un mal de las últimas décadas. En Lima, la comunidad campesina que más se ha perjudicado ha sido la de Chilca. Los comuneros ni siquiera tienen una idea de cuántas hectáreas han perdido debido a las transacciones clandestinas y amarradas que se iniciaron el año 2000 con la ley agraria de Fujimori, que permitió a las sucesivas directivas vender los terrenos como pan caliente.

La comunidad fue reconocida por una resolución de 1929 como propietaria de 49.229 hectáreas. Sus límites iban desde el océano Pacífico —Eisha incluida—, pasando por Azpitia y el río Mala, hasta la sierra.

Como ya mencionamos, son los herederos del primer agricultor de la costa peruana, el famoso hombre de Chilca: seminómade, horticultor y marisquero, que vino de la sierra y se instaló en las quebradas y cerca de la playa de este valle. Idearon las chacras hundidas que hasta ahora se pueden ver al costado de la carretera, y en las que todavía se cultivan higos.
Hoy quedan muy pocos agricultores. La zona rápidamente está pasando de agrícola a industrial. El paisaje es dominado por los cuatro bunkers de concreto que botan humo a un lado de la Panamericana, y por la Fénix Power, ubicada en plena playa. Del encanto de Chilca solo queda la plaza a la entrada del pueblo con sus esculturas de tamaño natural que representan a los pobladores chilcanos. El resto es casi un terral debido a los tremendos problemas ocasionados por el racionamiento del agua. Un desierto invadido por torres de alta tensión y tubos que atraviesan las chacras hasta llegar al mar.
La comunidad ha perdido identidad. Las quebradas donde están las chacras se han parcelado. La costumbre de hacer las faenas comunales ha quedado atrás. Hace unos años todavía tenían ganado y algunos se dedicaban al pastoreo. Hoy los agricultores que han sobrevivido se dedican al cultivo de los higos y de la cochinilla.

Trafic-landia
En el año 2000 algunos dirigentes comunales se dedicaron a vender terrenos. La Ley de Comunidades Campesinas ya no protegía sus propiedades, y comenzó el desbande. Esto ha ocurrido sobre todo en la costa del Perú, la zona más codiciada por los traficantes de tierras. Los megacondominios playeros —exclusivos y privados para más señas— se han expandido y ya no hay un terreno libre hasta más allá de Cañete. Lo que han hecho los directivos de las comunidades campesinas de Asia y Chilca debe ser materia de una megainvestigación. Ambas se convirtieron en lucrativas empresas inmobiliarias.

“El tráfico de tierras existe porque falta una regulación de la Ley de Comunidades Campesinas y no hay mecanismos legales para detenerlo. Ha sido una política de Estado”, sostiene Antonio Guevara, abogado de la comunidad campesina de Chilca. Basta la declaración jurada de un dirigente en la que señala que ha convocado a todos los comuneros a una asamblea y que se llene un acta bamba. No hay sanción para esta actividad ilícita. No hay cárcel efectiva para el traficante de tierras. “Hay quienes tienen treinta procesos, están sentenciados, y siguen caminando por la calle. Pagan una reparación civil de 5 mil soles, pero ganan millones en cada operación”, añade Guevara.

Desde hace 13 años se han estado vendiendo terrenos comunales de manera indiscriminada a través de minutas o contratos privados realizados en notarías de provincias, muchos de ellos con firmas falsificadas. Los compradores dicen que han comprado de buena fe, pero no se les ocurrió verificar quiénes estaban en posesión de los terrenos y si los títulos de propiedad estaban en orden. Los comuneros no se acercan a denunciar, muchas veces por temor; otras porque han perdido cohesión y están divididos. La Fiscalía de Mala nunca ha iniciado trabajos de oficio. Las municipalidades distritales y las municipalidades provinciales han hecho la vista gorda, o han estado directamente comprometidas en el negociado. El Estado, a través de Agricultura y de COFOPRI, tiene su propia jugada.

El caso de la comunidad campesina de Chilca es particularmente escandaloso.

El misterio del plano extraviado
Hace tres años que la comunidad de Chilca tiene un administrador judicial. Los líos y el permanente destape de entuertos hicieron que Adriana Torres, la vocal de la nueva Junta Directiva Comunal, solicitara esta medida cautelar al juez de Mala. El juzgado nombró en el cargo al señor Jorge Huapaya, uno de los pocos agricultores que todavía sobreviven en la zona, para que ocupara el cargo. A partir de ese momento, comenzaron a limpiar la casa y a poner orden.

“Los comuneros no hemos recibido un centavo y, sin embargo, casi no tenemos tierras”, manifiesta Adriana Torres.
En esta historia hay una familia que ha sido protagónica: la de los Chauca. En el año 1999, la comunidad estaba descabezada, luego de una elección no reglamentaria que fue anulada. Los nuevos directivos sostienen que de ello se aprovecharon los Chauca para llevarse todos los libros de actas y documentos del local comunal. En la casa de la familia se hicieron asambleas y se prepararon actas. Formaron su junta directiva y la inscribieron en Registros Públicos. Fue así como Alfredo Chauca resultó vicepresidente y después presidente comunal.

Un año después, aprovechando el marco de la nueva ley que dejaba desprotegidas a las comunidades, comenzó el negocio de las ventas de tierras, que duró 10 años. Y en ese lapso se suceden las intrigas y las traiciones. En el 2007 sale elegido presidente Walter Tumay, que termina aliándose con Chauca y vendiendo por su cuenta varios terrenos para uso industrial. Un grupo de comuneros toma el local y se enfrenta a Tumay y a Chauca.

Pasado el enfrentamiento, resultó que Alfredo Chauca tenía otras ambiciones: postuló y ganó la alcaldía de Chilca en el 2010. Entonces le dio carta libre a la termoeléctrica Fénix Power para instalarse en la playa Yaya que tiene zonificación turístico-recreacional, según la Municipalidad Distrital de Cañete. Ese terreno legalmente le pertenecía a la comunidad, pero por la perversa modalidad de las partidas electrónicas dobles, ha pasado por varias manos hasta terminar en las de la empresa. “La comunidad sigue dividida. Somos 257, y la mitad está con nosotros”, puntualiza Huapaya.

Para poder litigar y defenderse, la nueva Junta convocó a una asamblea en la que se aprobó por mayoría la venta de un terreno. Con ese dinero contrataron al abogado Antonio Guevara, compraron una camioneta y, por primera vez en su historia, repartieron el dinero restante entre los comuneros.

“Hemos parado un poco este negociado y hemos puesto una denuncia por tráfico de tierras en la Fiscalía de Lima”, precisa Jorge Huapaya. Decidieron tomar esta medida después de que se acercaron a los Registros Públicos de Cañete a pedir el plano de la comunidad y les respondieron que se había perdido. ¿Cómo puede perderse? La comunidad entregó el plano. Pero, claro, esta supuesta pérdida le permite al Estado disponer de los terrenos”, sostiene el abogado Guevara.

El plano fantasma ha sido el pretexto perfecto para que Registros Públicos entregue partidas registrales electrónicas a los que han comprado los terrenos de manera fraudulenta. Por lo tanto, existen partidas dobles. Y por eso tantas personas han podido inscribir propiedades que siguen siendo de la comunidad.

COFOPRI ha hecho lo mismo. Como supuestamente no sabe cuáles son los límites de la comunidad, visa los planos que le presentan sin ir al lugar. No hace trabajo de campo. Ni siquiera se toma la molestia de hacer un informe de catastro para ver si el terreno se superpone a las tierras comunales o si tiene propietario.

“Cuando hay dos partidas, Registros Públicos dice que la que vale es la más antigua. Pero eso no es así en la práctica”, sostiene el abogado. El ejemplo más concreto es el de Puerto Viejo, donde se construyó un balneario en unos terrenos comunales que la comunidad nunca vendió. Actualmente existen dos títulos y, según la ley, el que vale es el de la comunidad por ser más antiguo. Pero como los comuneros no podrán pagar la inversión y las mejoras que se hicieron en el lugar, no van a poder reclamarlo nunca más.
La ironía está en que si existiera justicia y si la ley se cumpliera, estaríamos ante los comuneros más ricos del país.

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Una de las interrogantes que deja el caso Chilca-Fénix Power es: ¿Por qué allí? Hemos visto el valor histórico de Chilca, su potencial turístico, su extraña belleza paisajística, sus lagunas, que son una fuente de salud, y el aura que le confiere el ser una especie de embajada interestelar para las miles de personas de diferentes partes del mundo que creen en ello.

Ojalá que el Estado demuestre que no es porque se trata de gente pobre que tiene problemas con sus títulos de propiedad. Porque si se tratase de cercanía al mar y al ducto de Camisea, ¿qué tal Eisha?, ¿qué tal Naplo?