O se le respalda o se le odia. Con él la Procuraduría Anticorrupción ha asumido un rol protagónico, a fuerza de insistencia, valentía y una estrategia clara. A esta especie de justiciero o de bestia negra —dependiendo del lado en el que estemos— se le nota cansado. Ha recibido golpes de diferentes lados y tiene 10 denuncias penales. En cualquier momento nos encontramos con la mala noticia de su renuncia.

–Cuando llegaste a la Procuraduría encontraste una situación dramática.
–Dramática en todo sentido, porque no teníamos una base de datos. No sabíamos cuántos procesos teníamos ni cuántas personas estaban investigadas o procesadas. No sabíamos cuántos de esos condenados habían pagado, ni qué cantidades. No teníamos idea de cuánto dinero de origen ilícito se había logrado congelar en el extranjero. En resumen, no sabíamos nada.

–¿Ahora qué se sabe?
–Ahora sabemos que tenemos 20 mil casos a nivel nacional entre investigaciones y procesos. Sabemos que tenemos mil millones de soles de reparación civil. Sabemos, incluso, cuál es la tasa de incidencia de determinados delitos en determinadas instituciones o regiones. Hemos privilegiado la defensa del Estado desde la inteligencia, elaborando y analizando la data.

–¿Cómo hiciste para reorganizarla? ¿Tuviste más presupuesto?
–Contratamos personas que habían estudiado el tema anticorrupción desde distintos enfoques. Propusimos la creación de órganos de línea de la Procuraduría: el Observatorio, la Unidad de Inteligencia y una Unidad de Análisis Financiero. El presupuesto que teníamos nos bastó para desmontar la vieja estructura y empezar a agregarle estos componentes. Para ello tuvimos el apoyo de GIZ (cooperación alemana). Lo que encontramos al llegar era una institución montada para que un ejército de abogados pelearan dando palos de ciegos.

–¿En qué contribuye cada una de estas unidades?
–La Unidad de Inteligencia es la que nos ha dado información sobre cifras, y nos ha permitido saber contra quién estamos peleando. La Unidad de Análisis Financiero ha incorporado herramientas nuevas y nos ha vuelto creativos. De ahí salió la idea del embargo en forma de secuestro conservativo e ir al juzgado llevando los bienes de los condenados que no pagan las reparaciones civiles. Gracias a la Unidad de Recuperación de Activos sabemos cuánta plata tenemos afuera y cómo podemos hacer para repatriarla. Nos hemos reunido con autoridades de Suiza, donde tenemos 25 millones, y con las de Luxemburgo, donde tenemos 8 millones.

–Dinero de la mafia fujimontesinista.
–De origen ilícito, de los sobornos por compras estatales relacionados con la mafia de los 90.

–Antes se hablaba del fujimontesinismo y ahora se dice solo montesinismo. Los personajes se han reciclado. ¿Qué faltó ahí? ¿Cuál fue el error? Hasta el Gobierno es un sector debilitado que se cuida.
–Es muy claro que cuando se logra desmontar la organización criminal, lo que ocurre es que hay un relajamiento absoluto del sistema de defensa de la Procuraduría, sobre todo. Quiero pensar que es un relajamiento no voluntario, pero es bastante sospechoso. Empieza al final del gobierno de Toledo y con Alan quedan solo 8 personas. Yo creo que, además, aquí ha operado un asunto que no se ha analizado mucho, que es el discurso hegemónico que ha ido recogiendo los postulados del fujimorismo y los ha incubado en el imaginario de la gente: “Esta persona nos libró del terror, recondujo la economía”. Por eso es muy fácil que se traguen el cuento de que efectivamente Camet era una santa paloma.

–Estas redes de corrupción están desde siempre en el Estado peruano. ¿Son las mismas o en cada gobierno se instauran unas nuevas?
–Creo que una vez desmontada la organización criminal que había tomado prácticamente todas las instituciones, ya no hubo representantes en las cúpulas de cada institución. Lo que ha permanecido son las redes segmentadas de corrupción dentro de las instituciones que se nutren entre ellas, de tal manera que no importa si esa persona que se está beneficiando de la función pública es despedida, porque el que venga va a encontrar el espacio diseñado para que eso se siga produciendo. Esas redes que no se ven son mucho más difíciles de combatir que una organización criminal a la que se puede desmontar desde la cabeza, pero que desgraciadamente deja secuelas.

–¿Qué es lo que necesita un procurador anticorrupción para hacer una labor efectiva?
–Primero, peritos que nos puedan ayudar a verificar si algunas personas tienen un desbalance patrimonial. Solo tenemos un analista financiero. Luego, personal que rastree los fondos y no solo defina estrategias para traer la plata.

–¿Cuál es el departamento con el mayor número de casos de corrupción?
–Áncash, en sus sedes de Huaraz y Santa. Entre las dos tienen casi tantos como en Lima. Nosotros hemos hecho un estudio en el que Áncash debe ser la provincia que tiene más ingresos por canon. Hay una relación directa entre esos ingresos, porque Ayacucho también tiene una buena cantidad de casos. Pero también hay gobiernos regionales como los de Moquegua, San Martín y Piura donde no hay casos de corrupción.

–Los delitos más comunes son el peculado y la colusión…
–Sí, constituyen más del 70% de los casos. Peculado es la mala administración de fondos públicos por parte de los funcionarios, y la colusión es el acuerdo previo entre el proveedor y el funcionario para la adquisición de bienes y servicios. Éste ha sido un secreto a voces que apenas estamos documentando.

En los casos de colusión es frecuente lo del porcentaje: se habla de un 10% a un 15% del valor de la obra o servicio, pero puede variar de acuerdo con la operación. No hay una sola conducta que sea típica. El Derecho Penal no es el brazo armado de la ética. El legislador que impone las sanciones y califica los tipos no va a la velocidad del genio corrupto.

–Resulta sospechoso que una empresa que ha ganado varias licitaciones durante la gestión de un funcionario o presidente, lo contrate después como conferencista o asesor. Pero ¿cómo se puede probar un delito de ese tipo?
–Para iniciar una investigación preliminar no se necesitan pruebas. Eso tendría que pasar por una etapa de investigación preliminar en el Ministerio Público, luego por el Congreso, y finalmente por una etapa judicial. En la primera se tendría que encontrar pruebas que demuestren que estaba vinculado con la concesión o con el otorgamiento de las licitaciones. Yo creo que aquí lo que falta es activar un sistema de información que pueda alimentar a todas las agencias que están involucradas en la lucha anticorrupción.

Existe la pequeña y la gran corrupción. ¿Ambas tienen un protocolo similar: se denuncia, se va a juicio?

Hoy sabemos que el 70% de los casos a nivel nacional son C-D; es decir, casos de pequeña corrupción. Solo el 30% son A-B. No podemos darle la misma atención a un caso de un conductor que se pasa la luz roja y luego le da 10 soles al policía, que a un caso de gran corrupción que involucra millones de soles. No porque no importe la investigación del primero: sabemos que la pequeña corrupción va generando tolerancia a la corrupción. Lo que estamos planteando es atención diferente de los casos. Los de pequeña y microcorrupción debieran ser vistos desde una perspectiva preventiva. Creo que esta institución solo debería ver los casos A-B.

–¿Qué trampas o trabas legales son las más frecuentes para evitar pagar una reparación civil? ¿Un ejemplo fue lo que hizo Kouri, quien pasó los bienes a nombres de su esposa?
–Ésa es una forma muy usual. En el caso de Kouri, los bienes estaban a nombre de la esposa incluso antes, pero pudo haberlos licuado en la sociedad conyugal. El testaferro sigue siendo la institución preferida del corrupto, y para ello tenemos herramientas como la nulidad de transferencia. Si nosotros descubrimos que un corrupto condenado transfirió sus bienes después de haber cometido el delito, entonces podemos pedir que esa trasferencia sea nula. Hemos logrado varias nulidades de transferencia, y a esa gente le estamos cobrando en este momento.

–En tu trayectoria en la lucha anticorrupción, ¿encuentras mayor apoyo en esta gestión que en los anteriores?
–Yo creo que hay momentos y personas distintas. A mí me complace decir que yo no he recibido presiones para investigar o no investigar a tal o cual.

–¿Has tenido libertad para investigar a gente del actual Gobierno?
–Lo he hecho y lo sigo haciendo. Hemos denunciado al hermano del Presidente por corrupción y me he ganado un juicio por eso. Ése es el más grave delito del catálogo contra la administración pública.

–¿A cuál de los hermanos?
–A Alexis, y también a Antauro. Hemos denunciado a la prima del Presidente por presunto delito de corrupción. Nosotros estamos siguiendo el caso de “Las Brujas de Cachiche” del señor Chehade. Creo que hemos dado muestras suficientes de independencia, y felizmente no hemos recibido del Gobierno un ultimátum ni un llamado de atención, cosa que sí ha ocurrido en otras gestiones.

–¿Se necesita una ley para que los delitos de corrupción no prescriban?
–Yo creo que sí.

–¿Por qué no se ha dado? Humala lo mencionó en su discurso.
–Sé que se presentó el proyecto del Ejecutivo, pero ha tenido muchas resistencias y no han podido ponerse de acuerdo. Frente a eso entiendo que hay un proyecto alternativo que lo que pretende es que se dupliquen todos los plazos de prescripción y no solo los que atañen al funcionario público cuando existe agravio patrimonial contra el Estado.

–Por ejemplo, en el caso de “Las Brujas de Cachiche” se ha sentenciado al hermano de Chehade. Los Chehade eran hinchas de los hermanos Wong, que finalmente son los peces gordos, estos grupos económicos que siempre han salido bien librados.
–Está visto que hay una serie de intereses económicos que priman sobre los del Estado y que tratan de capturarlo. Yo creo que hay una serie de herramientas con las que se puede hacer frente a eso: la atribución de responsabilidad penal a las empresas es una de ellas. Por otro lado, la captura del Estado no es un tipo penal sino un “ilícito atípico” que podría estar tipificado como delito en el futuro. Creo que un buen paso para empezar a visualizar el problema es la posibilidad de atribuir a la persona jurídica la responsabilidad penal y que la consecuencia sea la disolución de la empresa.

–En el caso de los “narcoindultos” el procurador, Christian Salas, ha solicitado que Alan García sea incluido en la investigación.
–Espero que el fiscal tome una decisión pronto. Nosotros hemos presentado un documento solicitando la apertura de una investigación preliminar.

–¿Te parece que la información es sólida como para implicar a Alan García?
–Yo creo que merece una investigación preliminar. No me queda ninguna duda de que ha habido actos delictivos. Hay suficiente información para abrir una investigación.

–¿Tú crees que García es parte de esta organización, o que sabía algo? De ser el caso, ¿cómo se podría demostrar que sí era parte?
–Eso tendrá que derivarse de las investigaciones. Lo que sostenemos es que, aparentemente, hay una vinculación o ciertos indicios de que tenía conocimiento, pero la certeza de ello o de su participación en la organización tendrían que derivarse de las investigaciones.