Es frecuente en nuestros días encontrar en la prensa muchos artículos en los que se reclama al presidente Martín Vizcarra un programa posterior al Referéndum y no dejan de tener razón. Tener objetivos y plazos es indispensable para realizar un buen gobierno, pero por desgracia no es una costumbre en nuestro país. Nos pasamos discutiendo los planes durante los períodos eleccionarios y luego los olvidamos para que los diferentes grupos de poder, incluidos los medios, se dediquen a reclamar por tal o cual política, norma u obra.

La verdad es que la obligación de un gobierno es ejecutar su Plan. Con este fue elegido y, en consecuencia, cuenta con la bendición democrática de la aprobación popular. Lo lógico es reclamar que los elegidos cumplan con lo que ofrecieron y no –como oímos y leemos por todas partes– que se haga lo que a algunos les parece conveniente.

Esto no quiere decir que los gobiernos deben estar sujetos por una camisa de fuerza que son sus planes y ofertas electorales. Habrá situaciones en que se tendrán que tomar otras decisiones, incluso contrarias a las que ofrecieron, pero tendrán que justificarlas ante sus electores y eventualmente recurrir a la figura del referéndum.

Convendría revisar cuántas leyes, modificaciones, programas y similares se reclaman desde los gremios sin que el gobierno de turno las haya ofrecido jamás y que por tal no cuenten con la aprobación democrática de los votos con que el gobierno fue elegido. Me temo que el actual sistema de olvido de los planes de gobierno le resulta conveniente a los grupos de poder que engañan al pueblo haciéndole creer que elige a un gobierno que después se convierte en títere de quienes detentan el verdadero poder y manejan las cosas como titiriteros.

Va siendo hora que nos percatemos de lo que está pasando y exijamos que se cumpla la voluntad del pueblo elector. No va a ser fácil, pero tampoco es imposible. Sólo tenemos que ser conscientes de lo que está pasando.

En cuanto al gobierno de nuestro actual presidente, Martín Vizcarra, quien asumió el poder como primer vicepresidente que reemplazó al renunciante, su primera obligación es cumplir con el Plan de gobierno de la fórmula de la que fue parte -que, como he señalado, contó con la bendición del voto mayoritario-. Esa es su primera responsabilidad, pudiendo por supuesto hacer modificaciones y cambios que deberán ser explicados y justificados ante sus electores. De otra manera devienen en ilegítimos, aunque sean apoyados por los titiriteros.

Soy plenamente consciente de que lo que estoy sosteniendo no es del gusto de quienes pueden llegar al Congreso y ‘convencerlo’ de que apruebe tal o cual ley o a los ministerios o gobiernos regionales para que dicten determinadas normas o reglamentos o a las municipalidades para que promulguen ordenanzas, y que por tal motivo será difícil sacarlo adelante, pero como sostenía Hegel, “las ideas penetran” y poco a poco la sociedad civil irá tomando consciencia y exigiremos que los gobiernos, alcaldes, congresistas y autoridades en general, estén obligados a cumplir con lo que ofrecieron.

Me atrevo, sin embargo, a sugerir ciertas políticas que si no están incluidas en el Plan de gobierno, considero que contarían con la aprobación de la población:

1. Aplicación y profundización de la Ley del servicio civil y su eventual mejora. Es indispensable profesionalizar la carrera pública de tal manera que sea la que haga respetar y lleve adelante las políticas de largo plazo, para lo que son necesarios los mejores cuadros y por lo tanto debe pagarse los sueldos y honorarios de mercado e incluso mejores. Las autoridades elegidas son aves de paso y sólo podrán modificar las partes que hayan sido aprobadas mediante el voto.
2. Una apuesta por mejorar la calidad de la educación que no sólo sea incrementándole el presupuesto al sector, sino que siga rumbos como el que en determinado momento se fijó Finlandia con los resultados conocidos. Un pueblo educado será más difícilmente engañado. 
3. Aunado a la mejora de la educación necesitamos poner todo nuestro esfuerzo por elevar la calidad de nuestros servicios de salud. Y creo aquí necesitamos cambiar de modelo. Considero que tendría que haber un solo sistema público que a su vez sub-contrate la mayor parte de sus servicios bajo un régimen de libre competencia. Sin duda, tiene que garantizarse atención gratuita para los sectores más pobres. Tendrían que desaparecer las EPS y los seguros de salud reemplazarlas y estar destinados sólo a la punta de la pirámide.
4. En la parte económica hay que lograr separar la política de la economía. Me refiero a que los intereses económicos tienen que dejar de interferir, en lo posible, en las decisiones políticas. Soy consciente que no se puede lograr del todo, pero se debería sancionar ejemplarmente a quienes transgredan lo legal y razonable.
5. Diseñar un Plan Nacional de Infraestructura. Creer que el mercado puede reemplazarlo es en mi opinión un error. Por supuesto que debe contener cierto grado de flexibilidad.
6. La lucha contra la corrupción debe que ser permanente y las sanciones tienen que incluir a los corruptores, no sólo a los corruptos. Un sistema de delaciones premiado podría estudiarse.
7. El problema de la seguridad y la delincuencia está muy relacionado con el de los niveles de pobreza, pero necesita de un plan de emergencia que busque capturar a las principales bandas en el menor tiempo posible. Para esto es indispensable una reforma policial que incluya la limpieza del sector y la mejora de sus salarios.

El sistema de jubilación tiene que ser íntegramente revisado de tal manera que sea universal, administrado por el sector privado cobrando comisiones por resultado, pero manteniendo la libertad de los afiliados, quienes no deben tener la obligación de quedarse, sino que tendrían que estar muy tentados o convencidos de hacerlo. Como cualquier otro negocio las AFP y las aseguradoras tienen que vender sus productos sin que nadie esté obligado a comprarlos.