Habiendo presentado la Comisión de Alto Nivel (CAN) su propuesta de reforma política y el Ejecutivo, trasladado buena parte de ésta al Congreso, conviene comentar y aportar al debate que debería ser muy amplio en torno a un cambio, por demás importante para el Estado peruano.

Contra lo que opinan algunos, considero que la propuesta no es todo lo ambiciosa que hubiera sido deseable dadas las circunstancias y posibilidades. Creo que de aplicarse estaríamos mejor de lo que actualmente estamos, pero no todo lo bien que sería posible.

Coincido con el Ejecutivo en no haber incluido la bicameralidad, porque de lo contrario se hubiera estado burlando del resultado del Referéndum, por más atingencias que existan. De otro lado, discrepo con la CAN respecto de la forma en que pretendía regresar a la bicameralidad siguiendo el patrón histórico de las funciones del Senado. Este cuerpo no tendría que dedicarse a revisar las leyes aprobadas en la Cámara de Diputados y habría que asignarle otras funciones[1]. Por lo demás coincido con eliminar el sistema de firmas para la inscripción de partidos y las elecciones internas para la selección de candidatos supervisada por la ONPE eliminando el voto preferencial. La regulación del financiamiento político me parece necesaria para evitar la corrupción que hemos vivido.

La propuesta de eliminar la vacancia por incapacidad moral a cambio de racionalizar la cuestión de confianza y la censura ministerial para mejorar de las relaciones entre el Ejecutivo-Legislativo es un tema que hay que evaluar con cuidado. La elección del Congreso en segunda vuelta tiene sus ventajas y desventajas, pero creo que son más las primeras.

Nuestra clase política está sufriendo una crisis mayúscula que ha sido coronada con la prohibición de reelección y lo que cabe preguntarse es por las causas profundas que la han originado. Y para mí la respuesta es obvia: la completa desconexión de las autoridades con sus electores. En el Perú la relación entre electos y electores se acaba el día de la elección, cuando se sabe quién o quiénes son los ganadores. Las autoridades elegidas se desconectan de inmediato de sus votantes y sienten que pueden hacer lo que les parezca hasta la próxima campaña electoral, cuando vuelven a necesitar de los votos.

Los planes de gobierno y las promesas electorales son enterrados en un cajón con la anuencia de todos, incluidos los medios de comunicación, los diversos gremios y representantes de la sociedad civil que a partir de entonces se dedican a proponer lo que les conviene diciendo que eso es lo que el país necesita y que todos sus males y desgracias se deben a que tal o cual cambio no se hace, sin importarles si era o no parte del plan de gobierno y en consecuencia cuenta con legitimidad democrática. Resumiendo, muchos de los motivos por los que se votó por el partido o candidato ganador quedan en nada porque ya no necesitan de los votos y sienten que pueden hacer lo que les plazca o peor a venderse a los diferentes grupos de poder que estén dispuestos a pagar sus favores. Y eso no es democracia, sino solo un disfraz que la mayor parte de peruanos se niegan a ver o peor aún cierran los ojos porque creen que les conviene.

Es cierto que la propuesta de la CAN incluye algunos cambios que abonan en la mayor relación entre votantes y elegidos, como la democratización de los partidos que deberán tener elecciones libres supervisadas por la ONPE, pero que son insuficientes. Pareciera que nos hemos olvidado de que el sistema de partidos fracasó en el Perú y no sólo porque Fujimori los desapareció, sino principalmente porque sus pies de barro hizo posible la elección del Chino con todas sus consecuencias. Las autoridades elegidas tienen que deberse más a sus votantes que a los partidos que lo nominaron y en ese sentido va la reducción de las circunscripciones que incluye la propuesta, pero no se crean formas de relación entre los votantes y quien resulta electo. Y la mejor forma de que esto funcione es con la regla de que el elegido tenga la obligación de cumplir con lo que ofreció o dar explicaciones satisfactorias de por qué no es conveniente que lo haga. Como he dicho muchas veces, los planes de gobierno no pueden ser camisas de fuerza. Siempre habrá motivos para cambiarlos, como por ejemplo casos de fuerza mayor que hagan imposible su cumplimiento, pero de allí a que resulten guardados en el fondo de un cajón y nadie más se acuerde de éstos hay una enorme distancia.

La crisis de la clase política y la impopularidad de los parlamentos sólo demuestran la ruptura que hay entre electos y electores y no se patrimonio de nuestro país. Si hiciéramos todas las reformas propuestas por la Comisión algo habríamos avanzado, pero habríamos desperdiciado la oportunidad de hacer un cambio de mayor trascendencia que cree un vínculo permanente entre quienes votan y los que resultan elegidos. Ese ingrediente sería el de mayor importancia y tendría además la cualidad de hacerla más vendible y popular.